El Programa “Visitas Sorpresa” es una herramienta estratégica para promover políticas socio-productivas y comunitarias que fortalezcan los derechos de personas organizadas de las zonas rurales del país, entre ellas la posibilidad de acceder a crédito y a títulos de propiedad a las personas mayores de comunidades rurales dominicanas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el proceso de envejecimiento en América Latina y el Caribe (ALC) expresa dos rasgos territoriales: por un lado, predomina la localización urbana de las personas adultas mayores y, por el otro, las zonas rurales experimentan una acentuación del envejecimiento, producto -fundamentalmente- de flujos migratorios. Este escenario varía y posee distintos matices cuando se analiza cada país de ALC. No obstante, todos ellos expresan estas mismas características de las que República Dominicana no es ajena.
En este sentido, la Oficina Nacional de Estadística del país (ONE), refleja en un informe con base en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la tendencia presentada en el párrafo anterior, que demuestra que un poco más del 70% de las personas adultas mayores reside en medios urbanos del país (siendo predominantes las mujeres mayores), en tanto que en las zonas rurales vive casi el 30% restante de este grupo etario (sólo que aquí prevalecen los varones mayores). Asimismo, estas cifras son congruentes con lo que ocurre a nivel país donde sólo el 19% de la población total vive en zonas rurales, según la Revisión 2018 de las “Perspectivas de la Población Mundial” de Naciones Unidas.
Con base en este contexto, y sumado a las diversas situaciones socioeconómicas y productivas de una parte importante de la ruralidad dominicana como es el campo, surge en 2012 una acción programática que si bien no se trata exclusivamente de una política gerontológica sí integra como sus destinatarias a personas adultas mayores rurales del país. El Programa “Visitas Sorpresa” es una de las principales estrategias estatales, que emana directamente desde el ejecutivo e implementa el propio presidente y que tiene como principal propósito reducir la desigualdad, aumentar la producción nacional de alimentos, generar empleos y combatir la pobreza en la República Dominicana.
La dinámica que ofrece este programa pone en vinculación directa a las y los productores rurales con el presidente. Cada domingo, junto a un grupo de funcionarios/as del sector agropecuario, Danilo Medina se reúne en espacios intergeneracionales de participación comunitaria con organizaciones de parceleros/as, de pescadores y con familias campesinas del país para escuchar sus ideas, necesidades y brindarles el apoyo para que puedan emprender sus propuestas. “Visitas Sorpresa” es “una oportunidad para que los funcionarios puedan escuchar y entender mejor loas problemas locales concretos y también para animar a los pequeños agricultores a crear cooperativas y otras organizaciones para aumentar sus capacidades», valora Danilo Medina, sobre las virtudes del programa.
La estrategia principal de esta línea de acción se basa en el acceso al crédito, con facilidades de pago, bajas tasas de interés y orientado a capitalizar unidades productivas del sector. La iniciativa va acompañada de asistencia técnica, seguimiento en terreno e inversiones en equipamiento e infraestructura para garantizar el desarrollo y la viabilidad de los proyectos, tanto productivos como comunitarios. A la vez, las jornadas que este dispositivo genera involucra la puesta en marcha de otros planes o programas nacionales que intervienen según las necesidades puntuales de la comunidad visitada.
Uno de los casos es el del “Plan Nacional de Titulación de terrenos del Estado”. Desde 2014, el gobierno dominicano ha entregado más de 66 mil certificados de títulos de propiedad a pequeños productores, reconociendo así a estas personas como dueñas legítimas de las tierras que llevan años cultivando, sin ninguna garantía legal sobre ellas. De esta manera, favorecer la actividad agropecuaria es tan importante como la posibilidad de que las personas que trabajan esas tierras sean sus propietarias. Ello implica un rol protagónico del Estado, no sólo para promocionar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de gozar de un trabajo digno y decente, sino también (y en este caso) para reconocer el acceso a la vivienda como un derecho postergado durante años, tal como lo expresan los artículos 18 y 24 consagrados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por lo tanto, las personas mayores que continúan trabajando en las zonas rurales de la República Dominicana, mediante diversas instancias asociativas agropecuarias y/o de pesca o de acciones comunitarias que realizan, cuentan con un programa que les facilita el acceso a crédito o a financiamiento para el desarrollo de proyectos colectivos (otro derecho consagrado en el artículo 30 de la Convención Interamericana), así también con la posibilidad de lograr el título de propiedad definitivo de tierras propias y/o ancestrales que laboraron generaciones pasadas y presentes y que son el sustento de cada día.
*Nota publicada en el Boletín 20, «Las personas mayores en el ámbito rural» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
