Memoria y reflexiones. Pasado y futuro. Los retos pendientes. Una charla junto a José Carlos Baura, vocal de la Junta Directiva de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España UDP y Antonio Jiménez Lara, especialista en políticas sociales de envejecimiento.
Hace ya casi cuarenta años, entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 1982, se celebró en Austria la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. “Allí, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, que contemplaba acciones específicas en temas vinculados a la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la educación, y la recolección y análisis de datos para fundamentar la toma de decisiones. El Plan de Viena orientó el pensamiento y la acción sobre el envejecimiento durante los últimos 20 años del siglo XX”, señalan Baura y Jiménez.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, 9 años después, adoptó los Principios en favor de las personas mayores (resolución 46/91) que proponían a los gobiernos un conjunto de sugerencias los derechos humanos, agrupados en cinco apartados: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. “Cada uno de estos Principios se complementaba con otras normas internacionales y servía de guía para orientar la acción de los gobiernos”, apunta Jiménez. “Sin embargo, no siempre fueron objeto de una adecuada concreción, tal como lo muestra el hecho de que no se hiciera ninguna referencia a los derechos de las personas mayores, ni a los retos planteados por el envejecimiento global en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000, ni en sus informes de seguimiento”, sostiene Baura.
Pregunta. En 2002, se llevó a cabo la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en España, los Estados Miembros adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid. ¿Qué puntos importantes del encuentro y del documento consideran importante?
Respuesta de Antonio Jiménez. Este Plan prestó especial atención a la situación de los países en desarrollo, y definió como temas centrales la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas de edad, la garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en su contra.
Respuesta de José Carlos Baura. Lo cierto es que los sucesivos exámenes y evaluaciones de seguimiento del Plan de Madrid han puesto de relieve que, aunque se han registrado avances normativos, entre los que cabe destacar la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2015, el primer instrumento intergubernamental jurídicamente vinculante en esta materia, y se han puesto en marcha, en algunos países, políticas públicas importantes -por ejemplo, en materia de envejecimiento saludable y de atención a la dependencia-, en general la aplicación sigue siendo deficiente, pues sigue habiendo una gran distancia entre las políticas y la práctica. El desarrollo de capacidades humanas y la consecución de recursos financieros continúan siendo insuficientes, y persisten varios problemas importantes, comunes a la mayoría de las regiones, en materia de seguridad económica, servicios de atención sanitaria apropiados, acceso a los mercados de trabajo y a planes de protección social, protección contra el maltrato y la violencia y discriminación por motivos de edad.
Pregunta. ¿Cómo evalúan el rol de las comisiones regionales?
Respuesta de Antonio Jiménez. En el seguimiento del Plan de Acción de Madrid las comisiones regionales de las Naciones Unidas han desempeñado un papel fundamental. Así, por ejemplo, como contribución al tercer examen y evaluación, la CEPAL preparó en 2017 un informe titulado “Derechos de las personas mayores: retos para la interdependencia y autonomía” en el que, además de analizar problemas persistentes como los relacionados con los cuidados de larga duración y el maltrato de las personas mayores, se identificaron nuevas cuestiones importantes para la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, como la igualdad y la no discriminación en el acceso al crédito y el derecho a la asistencia paliativa al final de la vida y a una muerte digna.
Pregunta. Es importante detenerse y mirar hacia atrás para analizar el recorrido y los logros obtenidos en materia de derechos de las personas mayores. Han señalado varias falencias. Para ustedes, ¿cuáles son los desafíos más significativos que siguen pendientes y que debe ser alcanzados lo antes posible?
Respuesta de José Carlos Baura. Son muchos los retos que aún siguen pendientes. Es necesario lograr que los sistemas de protección social, atención de la salud y cuidados de larga duración se adecuen a las necesidades de las personas mayores y adopten la perspectiva del ciclo vital. Deben seguir haciéndose esfuerzos para lograr la seguridad económica en la vejez, para permitir que las personas lleguen a la vejez en mejores condiciones de salud, para combatir la discriminación por motivos de edad y para corregir los estereotipos perjudiciales.
Respuesta de Antonio Jiménez. Además, tenemos que señalar que muchos de estos retos se han agudizado como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social desencadenada por la pandemia por COVID-19, que ha puesto de relieve las debilidades y carencias estructurales de nuestros sistemas de salud, educación y protección social y nos ha recordado que es imprescindible el refuerzo y la reorientación de las políticas de bienestar. Es cierto, hoy contamos con algunas herramientas, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Es una apuesta importante.
ES NECESARIO LOGRAR QUE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, ATENCIÓN DE LA SALUD Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN SE ADECUEN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES Y ADOPTEN LA PERSPECTIVA DEL CICLO VITAL
Pregunta. ¿Creen ustedes que la pandemia ha redefinido los retos en materia de envejecimiento?
Respuesta de José Carlos Baura. La COVID-19 nos está obligando a replantear nuestros retos y valores y avanzar hacia un modelo de desarrollo que realmente establezca un equilibro entre el progreso económico, social y ambiental, y en el que nadie se quede atrás. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que han dado continuidad, los ODS sí han incorporado la perspectiva del envejecimiento y de la construcción de una sociedad para todas las edades, las necesidades de las personas mayores se mencionan explícitamente en algunas de sus metas y en su formulación se identifica explícitamente a las personas de edad como uno los grupos susceptibles de experimentar situaciones de vulnerabilidad a los que “no hay que dejar atrás”. En este nuevo escenario, los ODS no son solo una guía fundamental para garantizar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, sino que también se han convertido en un imperativo para la supervivencia.
Pregunta. ¿Qué otras herramientas o marcos legales son fundamentales continuar consolidando y promoviendo?
Respuesta de Antonio Jiménez. Hay otras herramientas que también serían fundamentales para seguir avanzando, pero de las que todavía no disponemos. Nos referimos a la Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores que lleva años reclamándose desde diversas instancias (los gobiernos de los países latinoamericanos se pronunciaron de manera formal por su necesidad en la Declaración de Brasilia), desde el convencimiento de que los derechos de las personas mayores no están suficientemente protegidos por los mecanismos de derechos humanos, la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad civil.
Respuesta de José Carlos Baura . Contar con una Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores que reúna los derechos ya reconocidos que actualmente se encuentran dispersos en otros instrumentos y documentos, permitirá establecer de forma universal y definitiva que la discriminación por edad es moral y legalmente inaceptable, corregirá los desequilibrios de enfoque que existen actualmente sobre los derechos económicos y sociales de las personas mayores, al reunir derechos que son indivisibles en un solo instrumento, y creará un marco de protección legalmente vinculante, con mecanismos de rendición de cuentas, que clarificará las responsabilidades de los gobiernos con las personas mayores.
José Carlos Baura es psicólogo, con trayectoria en el campo de las personas mayores y con discapacidad. Fue Secretario General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en el período 2004-2005; y Técnico Superior de la Seguridad Social Española, adscrito a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en misión de Cooperación Internacional como Responsable de Programas de Servicios Sociales y Adultos Mayores, de 2006 a 2012, fecha de su jubilación. En la actualidad vocal de la Junta Directiva de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España UDP.
Antonio Jiménez Lara es sociólogo, consultor, especialista en políticas sociales en los campos de la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia. Ha colaborado, entre otras instituciones, con el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). En 2016 recibió el Premio CERMI de Investigación Social y Científica por su dedicación a la sociología de la discapacidad.
Entrevista publicada en el Boletín 22, «Reflexiones, logros y desafíos: a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento de Madrid y a 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
