En un contexto de profundas transformaciones demográficas, Uruguay continúa en marcha con la fase de diseño del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2026-2030 con enfoque en derechos y participación. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través del Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES), busca dar una respuesta estructural y coordinada al acelerado proceso de envejecimiento que atraviesa el país.
Con el respaldo de un incremento presupuestario histórico para este período, el compromiso institucional se centra en transformar las políticas públicas para garantizar una vejez digna, activa y con pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
El diseño de este nuevo plan surge de la necesidad de abordar desafíos críticos detectados en la realidad nacional, tales como la feminización de la vejez y el fenómeno del sobreenvejecimiento, donde el grupo de personas de mayor edad dentro del colectivo de personas mayores crece sostenidamente. Estas tendencias exigen que el Estado uruguayo, que ya cuenta con un 16% de su población por encima de los 65 años según el Censo 2023, consolide un modelo promotor de la autonomía y responda de manera integral a las nuevas demandas de cuidado, salud mental e inclusión digital que el contexto actual impone.
La propuesta central de este instrumento en construcción es fortalecer el rol rector de INMAYORES y fomentar una articulación intersectorial efectiva entre los diversos organismos estatales. A diferencia de planes anteriores, el Tercer Plan se concibe como un proceso cocreado, donde la participación activa de las personas mayores y sus organizaciones representativas es un requisito indispensable en todas las etapas, desde el diagnóstico hasta la implementación. El objetivo es que los beneficiarios directos no sean solo receptores de servicios, sino agentes con capacidad de incidencia real en el monitoreo y definición de las políticas que afectan su vida cotidiana.
El compromiso final apunta a establecer una gestión basada en resultados, con metas verificables, indicadores claros y mecanismos de seguimiento públicos que aseguren la transparencia y, al mismo tiempo, consolidar un sistema que reconozca la diversidad de la vejez y garantice que el envejecimiento sea una proceso de oportunidades e inclusión social plena.