La reforma actualiza el marco de derechos y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad, promueve modelos de atención personalizados y en entornos próximos y establece que la Administración General del Estado deberá asumir el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La medida incorpora además el impacto del envejecimiento demográfico y el aumento de las necesidades de apoyo y cuidados.
El Pleno del Congreso de los Diputados/as de España aprobó el pasado 14 de julio la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca actualizar ambos marcos normativos y avanzar hacia un modelo de cuidados basado en derechos, autonomía y capacidad de elección.
La aprobación se produjo en un momento especialmente significativo para el sistema de dependencia español, próximo a cumplir dos décadas desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. La reforma parte de la necesidad de adecuar las políticas públicas a una realidad social que ha experimentado importantes transformaciones durante estos años.
Uno de los principales cambios se vincula con el modelo de atención. La reforma busca fortalecer los apoyos personalizados y favorecer que las personas puedan permanecer en sus hogares y comunidades, de acuerdo con sus preferencias y circunstancias, en línea con la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. En este marco, se amplía el catálogo de servicios y prestaciones, se flexibiliza la combinación de apoyos y se refuerza la asistencia personal y la teleasistencia como herramientas para promover la autonomía y prevenir o retrasar la institucionalización.
Asimismo, se simplifican procedimientos y se reducen los plazos para el reconocimiento de las prestaciones. La reforma contempla también un reconocimiento más amplio de las personas que participan de los cuidados, incluyendo distintas formas de convivencia y vínculos, y establece medidas destinadas a garantizar la continuidad de los cuidados cuando quienes los proporcionan atraviesan situaciones de enfermedad grave u hospitalización.
Otro de los aspectos centrales es el fortalecimiento de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El Gobierno prevé que las comunidades autónomas reciban 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 y establece en la legislación que la Administración General del Estado deberá asumir el 50 % de la financiación del sistema. El objetivo es dotar de mayor estabilidad a una política pública que requiere recursos suficientes para ampliar servicios, reducir listas de espera y fortalecer los equipos profesionales.
En materia de discapacidad, la reforma consolida los principios de inclusión, accesibilidad universal, vida independiente y autonomía personal, en desarrollo del artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024. Entre otras medidas, incorpora mecanismos para agilizar el reconocimiento de la discapacidad, reconoce la accesibilidad universal como un derecho y facilita las actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de los edificios y viviendas.
Una reforma ante el desafío del envejecimiento
La dimensión demográfica ocupa un lugar relevante en la fundamentación de la reforma. La titular del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Mayte Sancho, destacó que España afronta un incremento de personas mayores y, especialmente, de personas muy mayores que requieren apoyos y cuidados, al tiempo que señaló la necesidad de que estos se proporcionen preferentemente en los entornos elegidos por las propias personas.
Desde esta perspectiva, el envejecimiento de la población no se aborda únicamente como un factor de presión sobre los sistemas de protección social, sino como una transformación que requiere revisar la forma en que se organizan los apoyos y los cuidados. La posibilidad de elegir entre diferentes servicios, combinarlos y recibirlos en el hogar y la comunidad adquiere particular relevancia en sociedades con una creciente proporción de personas mayores.
En este sentido, la reforma introduce una mirada centrada en las personas y en las relaciones de interdependencia que sostienen los cuidados. El reconocimiento de quienes cuidan, tanto desde el ámbito familiar como profesional, se articula con el propósito de promover la autonomía y dignidad de quienes requieren apoyos. Para el ámbito de las políticas de envejecimiento, este enfoque resulta especialmente significativo ante el aumento de situaciones de dependencia asociadas a edades avanzadas y la necesidad de fortalecer redes de cuidado sostenibles.
La aprobación de estas reformas constituye así un nuevo hito en la evolución del sistema español de protección a la autonomía y atención a la dependencia. A casi veinte años de su creación, la actualización normativa busca responder a los cambios demográficos y sociales mediante un modelo orientado a derechos, mayor capacidad de elección, cuidados personalizados y proximidad, acompañado por un compromiso reforzado con la sostenibilidad financiera del sistema.
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Fuente: IMSERSO