La reforma plantea una refundación del modelo de cuidados en España, con el propósito de ofrecer más derechos, servicios y prestaciones, además de una reducción de la burocracia para las personas en situación de dependencia y discapacidad.

La directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Mayte Sancho, celebró y destacó el avance que marca la aprobación de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia a través de un mensaje en redes sociales.

La normativa blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) mediante la obligación legal de que la Administración General del Estado (AGE) asuma el 50% de la inversión.

La medida se complementa con un real decreto-ley validado en julio pasado, el cual canaliza un incremento histórico de fondos dotado con 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

Entre las principales modificaciones en la Ley de Dependencia se destaca:

  • Eliminación del régimen de incompatibilidades: el Programa Individual de Atención (PIA) se flexibiliza para permitir el acceso simultáneo a múltiples prestaciones, tales como centros de día, ayuda en el domicilio o teleasistencia.
  • Ampliación de la asistencia personal: el servicio se reconceptualiza y consolida como recurso ordinario del sistema, orientado a la promoción de la autonomía y la inclusión comunitaria sin restricciones exclusivas al ámbito educativo o laboral.
  • Extensión del servicio de ayuda a domicilio: la asistencia trasciende el espacio estrictamente domiciliario para posibilitar el acompañamiento en gestiones básicas cotidianas, como visitas médicas o compras.
  • Reconocimiento de nuevos modelos de personas cuidadoras: la normativa incorpora la figura del cuidador principal y no profesional, y valida la labor de personas del entorno relacional sin vínculo de parentesco formal o matrimonio.
  • Teleasistencia como derecho subjetivo: se garantiza el acceso universal a este recurso para toda persona con dependencia reconocida, incorporando herramientas preventivas como dispositivos de geolocalización.
  • Soporte a las personas cuidadoras y plazos: la AGE asume las cotizaciones sociales de los cuidadores principales y garantiza la continuidad asistencial ante bajas médicas graves. Asimismo, el plazo administrativo máximo para resolver expedientes se reduce de 6 a 3 meses.
  • Desburocratización y reconocimientos automáticos: se otorga de forma automática un 33% de discapacidad a los grados I de dependencia, y un 65% a los grados II y III.
  • Accesibilidad universal: se establece como derecho exigible en edificios y servicios públicos, respaldado por un Programa Estatal de Promoción. Además, la Ley de Propiedad Horizontal facilita las ayudas económicas para obras de accesibilidad en fincas residenciales.
  • Atención temprana: se instituye como derecho subjetivo obligatorio para la cobertura de menores de entre 0 y 6 años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos.
  • Protección jurídica y financiera: se prohíben las subidas de tarifas en pólizas de seguros fundamentadas en la discapacidad del contratante y se regula la figura del facilitador procesal para garantizar la tutela judicial efectiva.

Fuente: Imserso