De avanzar con los mecanismos pertinentes a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia se convertirá en el octavo país que adhiere a este instrumento vinculante y faltarán tan sólo 2 adhesiones o ratificaciones para lograr su efectiva implementación.
El pasado 10 de septiembre, Colombia avanzó en un hecho importante para la consolidación de estándares de derecho humanos de las personas mayores compartidos en la región. Por medio de la Ley 2055, el Congreso de la Nación aprobó la firma por parte del Estado de la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), adoptada hace cinco años en el seno de la OEA.
Con esta reciente sanción, el país ha aprobado un instrumento mediante un proceso que valió la actualización de normas internas (la aprobación de la Ley 1850 de 2017, por ejemplo) que permite fortalecer progresivamente tanto la protección como la promoción y el pleno ejercicio de los derechos de este grupo poblacional. De tal manera, este hecho ha generado un nuevo acervo legal que posibilita poner en diálogo las leyes específicas y las políticas públicas que Colombia posee hasta el momento para abordar la situación de las personas mayores del país.
Los antecedentes para la sanción, según el propio proyecto de ley, datan del año 2012 y se extiende hasta 2015. Durante este plazo, la tarea fue liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores que realizó una consulta interinstitucional para la negociación del texto de este instrumento. Una vez aprobada la CIPDHPM, se procedió a una segunda rueda de consultas a 21 organismos nacionales “para acreditar la pertinencia y viabilidad de proceder con la adhesión de Colombia a la Convención”. Finalmente, dicho Ministerio concluyó que “no obraban objeciones por parte de ninguna entidad frente al proceso de adhesión”.
Los argumentos sobre la importancia de este instrumento y del avance en la ratificación de la CIPDHPM en el país tienen que ver con la preparación para una nueva estructura demográfica de Colombia para los próximos años. Datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, estiman que el 13,4% corresponde a personas de 60 y más años, lo equivale a más de 6 millones de personas. Con estas cifras, Colombia se consolida como una sociedad con un envejecimiento poblacional “moderadamente avanzado”, según los guarismos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El proceso de sanción de la Ley presentó un valor agregado como fuente de incidencia y de participación política: lo llevaron adelante más de 80 organizaciones colombianas que nuclea la “Asociación Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno”, una instancia que reúne entidades de todo el país que trabajan en la formación para la participación de las personas mayores, junto a la organización internacional HelpAge. Una de las protagonistas destacadas es el “Consejo Distrital de Sabios y Sabias” de Bogotá, un espacio de control social y asesoría de las políticas territoriales, sectoriales y poblacionales destinadas a las personas mayores del Distrito Capital.
En un comunicado de prensa, el “Consejo Distrital de Sabios y Sabias” expresó las expectativas que genera este hito normativo en medio del particular contexto de emergencia sociosanitaria mundial: “más de seis millones de personas mayores en Colombia, esperamos que el respeto al cumplimiento de estos derechos alcance finalmente el objetivo propuesto, frente al abandono y la invisibilidad, así como la dolorosa discriminación que la presente pandemia del COVID-19 ha revelado”.
La importancia de la sanción de esta ley nacional y, sobre todo, de este trayecto que los organismos públicos y organizaciones civiles colombianas vienen realizando es que, de avanzar con la adhesión al instrumento, Colombia se convertirá en el octavo país en hacerlo, dejando a tan sólo dos ratificaciones la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento previsto por este instrumento, que estará integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos para promover la efectiva implementación de esta Convención.
Al respecto, el propio proyecto de Ley concluye que con su sanción el país “contará con un instrumento jurídicamente vinculante que soporte la adecuación normativa de la legislación interna para superar los retos vigentes, en especial, en lo que se refiere a los sistemas de protección social y que dé fortaleza a las políticas públicas que sustenten y promuevan la atención pertinente a los adultos mayores”. Al mismo tiempo, el documento agrega que “la vinculación de Colombia a este instrumento internacional impulsa y renueva el diálogo regional sobre la importancia de que los demás Estados miembros de la OEA avancen en su decisión de adhesión”.
*Nota completa publicada en el Boletín 22, «Reflexiones, logros y desafíos: a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento de Madrid y a 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
