Mireia Fernández Ardèvol e Isabel Sáenz Hernández durante la presentación del informe en el Parlamento I Fuente: UOC

Un estudio liderado por Mireia Fernández Ardèvol, Sara Suárez Gonzalo e Isabel Sáenz Hernández, docentes e investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el grupo CNSC del IN3, examina los factores que provocan y profundizan la brecha digital en la población de más edad, una desigualdad que se ha acentuado por la pandemia de la COVID-19 porque aceleró una digitalización que se ha mantenido a causa de las restricciones de movilidad.

El uso de internet en Cataluña entre los 16 y los 74 años alcanzó el 96 % en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, esta cifra disminuye considerablemente en los grupos de mayor edad. Para aquellos de 65 a 74 años, la tasa desciende al 79 %, y para aquellos de 75 años o más, llega solo al 42 %.

En el marco de la presentación del informe “Desigualdad digital y vejez: la brecha digital que todavía está por cerrar”, Mireia Fernández Ardèvol, destacó que la brecha digital es particularmente preocupante entre las personas mayores en Cataluña. Todos los indicadores disponibles destacan desigualdades a partir de los 65 años. Además, dentro de este grupo demográfico más amplio, se observa una marcada diferencia en el acceso digital: los datos muestran consistentemente que el segmento de 75 años y más se encuentra significativamente rezagado en comparación con el grupo de 65 a 74 años.

En el estudio se examinan los factores que contribuyen a la brecha digital entre la población de personas mayores, una disparidad que ha sido exacerbada por la pandemia de la COVID-19 debido a la aceleración de la digitalización que se ha mantenido como resultado de las restricciones de movilidad. El informe destaca que la brecha digital es interseccional, ya que las desigualdades digitales, sociales y económicas están interconectadas, lo que condiciona los beneficios que una persona puede obtener al utilizar Internet. Además, introduce el término «brecha sociodigital» para ampliar el concepto de brecha digital y resaltar que la desigualdad digital es una forma más de desigualdad socioeconómica.

Entre los factores que contribuyen a esta brecha sociodigital se encuentra un bajo nivel educativo, ya que limita la forma en que una persona utiliza Internet; una baja renta, que determina la capacidad de acceder a una conexión adecuada y a un número suficiente de dispositivos digitales para conectarse; y el género. Según el informe, la brecha digital afecta comparativamente más a las mujeres de 75 años o más que a los hombres. «A pesar de la falta de datos desglosados, se puede concluir que ser mujer, estar jubilada o tener un nivel educativo bajo se asocia con un uso de Internet por debajo de la media en Cataluña», añade el informe.

Las condiciones de infraestructura también desempeñan un papel crucial en esta brecha digital: aunque el acceso a Internet alcanza el 100 % en municipios con una población de 50,000 habitantes o más, este porcentaje disminuye a medida que la población del municipio se reduce, llegando solo al 26 % en pueblos con menos de 1,000 habitantes. Curiosamente, estas pequeñas comunidades son las que experimentan un envejecimiento más marcado en comparación con las áreas urbanas.

Además, la adopción de la tecnología 5G es significativamente menor en los municipios más pequeños, alcanzando solo el 12 %, mientras que en aquellos con más de 50,000 habitantes esta cifra asciende al 77 %. En Barcelona, la cobertura ya es del 100 %.

¿Qué uso hacen de internet las personas adultas mayores?

Según el informe, para lo que más utiliza internet la población de 65 años en arriba es para la comunicación, que incluye redes como el WhatsApp. De hecho, hasta el 100 % del segmento de población internauta de entre 65 y 74 años usan internet para este uso, una cifra que cae hasta el 41 % en la que tiene 75 años o más. Los datos son más preocupantes en lo que se refiere a la banca en línea: la utiliza un 62 % de internautas de entre 65 y 74 años, y un 21 % en el segmento de más de 75 años.

Los gobiernos catalán, español y europeo ya han impulsado varias acciones para reducir la brecha digital entre la gente mayor, como el Pacto Nacional para una Sociedad Digital en Cataluña o la estrategia España Digital. El informe propone 12 recomendaciones para luchar contra esta desigualdad y promover la inclusión digital de las personas mayores en Cataluña:

  1. Velar porque las acciones, los planes, las medidas y las estrategias contra la brecha digital estén guiadas por principios democráticos e igualitarios, muchos de los cuales se recogen en declaraciones y cartas de derechos (digitales), y estén enfocadas en la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía. Esto implica reconocer las tecnologías digitales e internet como bienes públicos, de acceso universal.
  2. Aplicar los pactos, las medidas, las estrategias y las acciones propuestas por organismos locales, nacionales o internacionales con rigor y garantías de transparencia. Hay que apoyar a organismos públicos independientes que monitoricen su correcta implementación, así como su adaptación a los cambios en el ámbito digital.
  3. Impulsar programas de formación e información abierta y adaptada para que la ciudadanía y, en especial las personas mayores, tengan capacidades y competencias digitales transversales y actualizadas para acceder, usar, entender y aprovechar las potencialidades del mundo digital según sus necesidades y deseos.
  4. Implementar instrumentos con criterios unificados para medir las competencias y las capacidades digitales que sean transparentes y se adecuen a la diversidad y las especificidades locales de las personas mayores.
  5. Fomentar la creación y la permanencia de programas de asesoramiento y acompañamiento y de redes de apoyo y mediación en las que las personas mayores puedan compartir aprendizajes, resolver dudas, formarse y participar en el entorno digital.
  6. Promover la sensibilización de la población en general y de los agentes económicos y sociales en la lucha contra los estereotipos sobre la vejez que a menudo generan carencias de confianza, autoestima o autoeficiencia que afectan negativamente la relación de las personas mayores con la tecnología digital.
  7. Promover la cogobernanza y la participación ciudadana en el diseño tecnológico, incluyendo la definición de medidas, estrategias, planes y acciones para combatir la brecha digital.
  8. Generar servicios digitales simples y de calidad, adecuados a las preferencias y las necesidades de todas las capas de la población. Esto se refiere especialmente a los servicios impulsados por las administraciones públicas, pero también a los servicios esenciales prestados por instituciones privadas. También es central garantizar un diseño tecnológico universal, que favorezca la inclusión digital de las personas mayores.
  9. Apuntalar la provisión de servicios analógicos (no digitales) para evitar los efectos nocivos de las digitalizaciones forzosas y garantizar los derechos básicos de la ciudadanía a servicios esenciales (luz, banca, salud, etc.).
  10. Asegurar la inversión necesaria para que toda la ciudadanía y, en especial, las personas mayores disponga de los recursos necesarios para acceder, usar y comprender internet, y de los equipamientos digitales adecuados a las tareas que tienen que llevar a cabo.
  11. Para fomentar la investigación y el conocimiento público hace falta asegurar la disponibilidad de datos que reflejen la situación de las personas mayores en relación con el ámbito digital desglosados por edad a partir de los 65 años y sin límite superior. Es fundamental poder analizar las diferencias (notables) entre los niveles de inclusión y exclusión digital de la cohorte de 65 a 74 años y la cohorte de 75 años o más.
  12. Finalmente, todas las medidas, los planes, las acciones y las estrategias enfocadas a combatir la brecha digital deben complementar a otras que reduzcan los factores y las tendencias que provocan desigualdades socioeconómicas que afecten especialmente a las personas mayores.

Para acceder al informe completo (en catalán), elaborado por Fernández Ardèvol, Sara Suárez Gonzalo e Isabel Sáenz Hernández y encargado por el Consejo Asesor del Parlamento de Cataluña sobre Ciencia y Tecnología (CAPCIT), hacer clic aquí.

Fuente: UOC