El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), a través de su Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas Mayores (SNDPI), entre otros organismos públicos y estatales del Brasil, se encuentran desplegando diversas acciones para abordar las desigualdades sociales en el país (entre ellas las vinculadas al género), iniciativas destinadas de manera específica al colectivo de personas mayores, pero también otras más generales orientadas a la sociedad brasileña en su conjunto.
El pasado 8 de Marzo (#8M), “Día Internacional de la Mujer”, el Gobierno de Brasil agendó y llevó a cabo un conjunto de acciones para que pusieron en evidencia no sólo cuestiones sociales que fundan y sostienen la desigualdad de género que expone a las mujeres a más situaciones de violencia, sino la necesidad de construir políticas públicas que promuevan la garantía de derechos y condiciones de vida digna para todas las mujeres y niñas del país.
Puntualmente, el mismo viernes 8, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) de Brasil presentó una serie de datos publicados por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ObservaDH), basados en indicadores y evidencias sobre la diversidad, pluralidad y desigualdades en mujeres adultas mayores, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, en situación de calle y del colectivo LBTQIA+ (lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, queer, intersexuales, entre otras).
ObservaDH fue lanzado en diciembre de 2023 y reúne un conjunto de indicadores e índices de derechos humanos sobre grupos en situaciones de vulnerabilidad social y temas prioritarios del MDHC, basados en evidencia científica. Este observatorio tiene como objetivo “difundir y analizar información estratégica sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, proporcionando evidencia para la planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de defensa, promoción, protección, educación y cultura en derechos humanos, en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal y con la sociedad civil”.
Respecto a los datos compartidos a propósito del #8M, todos relacionados con mujeres en el contexto de cada sector prioritario del MDHC, se divulgaron específicamente aquellos vinculados a las mujeres mayores (de 60 y más años), entre los que se indicó que el 16,3% eran analfabetas, cifra superior a la de los varones mayores (15,7%) y casi el triple que personas de 15 o más años (5,6%).
Entre otros datos, se publicó que 7 de cada 10 denuncias de violencia contra personas mayores registradas en 2022, mediante la línea telefónica de la Oficina Nacional del Defensor de los Derechos Humanos (ONDH) del MDHC, “Disque 100”, fueron contra mujeres. Esto representa el 70,6% de las víctimas, siendo hijos e hijas sus principales sospechosos/as (51,2%) y la residencia de la víctima fue el lugar más frecuente de agresión (88,8). Según lo informado, hubo casi 67 mil denuncias de violaciones de derechos humanos contra mujeres mayores en el país, lo que corresponde a aproximadamente 8 denuncias por hora.
El estudio arrojó, además, que la mayoría de las víctimas registradas por la ONDH eran blancas (52%) y en el 30,7% de las denuncias la víctima tenía algún tipo de discapacidad. La violencia contra la integridad física encabezó la clasificación de violaciones y casi el 80% de las denuncias afirmaron que se producía a diario. Esta presentación se torna de suma relevancia, si se contempla que los últimos datos difundidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en base al Censo 2022, confirman la tendencia del envejecimiento de la población brasileña, donde las personas mayores de 60 años alcanzan a más de 32.1 millones, totalizando el 15,8% de toda la población del país. De este grupo, el 8,8% son mujeres (17.887.737) y el 7% son varones (14.225.753), una diferencia de más de 3.6 millones a favor de las mujeres.
Complementariamente, además de las cifras de la ONDH, los datos de violencia contra las personas mayores también se registran en el Sistema de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria (SINAN) del Ministerio de Salud. Entre 2018 y 2022, período pre y post pandemia por COVID-19, se registró un aumento de casi el 40% en las notificaciones de violencia contra las personas mayores. Aquí se informaron casi 2 millones de situaciones de violencia, de las que 121 mil se cometieron en contra de personas mayores (6,1%).
Al igual que los datos registrados por la Defensoría, durante el mismo período (2022), la mayoría de las víctimas de violencia hacia personas mayores del SINAN son mujeres (58,6%), los hijos e hijas son los principales agresores (29,5%), el lugar más habitual de la agresión es el domicilio de la víctima (71,5%), y la mayoría de los casos de violencia son recurrentes (35,8%). A diferencia, casi la mitad de las víctimas registradas por este Sistema son personas negras y morenas (47,8%). Aquí se denunciaron más de 40 casos diarios de violencia física contra personas mayores (14.976). La negligencia o abandono, con más de 9.100 situaciones, fue el segundo tipo de violencia más frecuente, seguido de la violencia psicológica/moral con 6.600 registradas.
De esta manera, el informe realizado por ObservaDH concluye en la urgencia de “desarrollar estrategias de sensibilización y enfrentamiento a toda forma de violencia y violación de derechos contra las personas mayores, así como fortalecer políticas públicas más integrales de protección de los derechos humanos de las personas mayores, como una responsabilidad tanto de la familia, la sociedad y el Estado, para garantizar una vida plena, segura y libre de violencia”.
La igualdad de derechos en la agenda política
Durante marzo, el Ministerio de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos (MGI) también ofreció múltiples acciones vinculadas al #8M, entre ellas el encuentro sobre “Derechos de las Mujeres en Brasil”, evento donde se debatió sobre “igualdad de género, inclusión, diversidad y alfabetización”.
En esta oportunidad, la ministra, Esther Dweck, planteó: “las mujeres representan el 51,5% de la población brasileña, más de la mitad de los/as habitantes, y es sumamente importante que trabajemos para promover la igualdad de derechos. Tenemos que impulsar políticas para combatir la desigualdad de género y el racismo, y luchar por la consolidación de un servicio público justo y diverso”, instó la funcionaria.
A su turno, Betânia Lemos, presidenta de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), entidad presente en el evento y que articuló con dicho ministerio las actividades del “Mes de la Mujer”, habló sobre el trabajo realizado desde 2023 y aseguró que llevan capacitadas a 600 lideresas. “El tema de diversidad e inclusión se convirtió en un tema transversal en la ENAP”, en tanto la equidad es una cuestión que afecta a la sociedad brasileña en su conjunto y es, al mismo tiempo, la que se beneficia de la promoción de la igualdad y la diversidad, sostuvo Lemos.
Finalmente, la jurista y oradora de la jornada, Lívia Santana y Sant’Anna Vaz, habló sobre racismo, desigualdad, femicidios, la representación política y la importancia de comprender los aspectos y realidades de todas las mujeres: negras, indígenas, adultas mayores, con discapacidad, rurales, para que los derechos sean alcanzados, respetados, mantenidos y fortalecidos. “En la práctica, es necesario igualar esta posición social de vulnerabilidad, si no reconocemos este lugar no podremos avanzar. Toda la cuestión de los derechos debe estar en la agenda de todos/as”, concluyó la experta.
Política Nacional de Cuidados y Plan Nacional de Cuidados
Otra de las iniciativas vinculadas a la igualdad de género sobre la que viene trabajando Brasil, que contempla directa e indirectamente las realidades de las mujeres mayores en el país, es el debate y el avance en el diseño de propuestas que colaboren en la creación de Políticas y Sistemas Integrales de Cuidados, que contemplen tanto a las poblaciones que requieren apoyos y cuidados como a las personas que ejercen como cuidadoras.
“Entendiendo que el cuidado es un derecho y una necesidad de todas las personas, y con la claridad de que es necesario transformar esta injusta y desigual organización social de la prestación de cuidados”, el 30 de marzo de 2023 fue creado a instancias del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, el Grupo de Trabajo Interministerial (GTI). Este órgano es coordinado conjuntamente por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre y el Ministerio de la Mujer, y tiene como misión “formular un diagnóstico de la organización social del cuidado en Brasil y elaborar una propuesta de Política y Plan Nacional de Cuidado”.
Según documentos oficiales, los objetivos de esta política incluyen, por un lado, en “la reorganización de la prestación de cuidados en el país de forma que se comparta esta responsabilidad entre las familias, el Estado, el mercado, las empresas y las comunidades” y, por otro, en “la redistribución de las responsabilidades de cuidado entre varones y mujeres”. Se trata, por lo tanto, de “garantizar el derecho al cuidado para todas las personas que lo necesiten y un trabajo digno para las personas cuidadoras, valorando, redistribuyendo y reduciendo a su vez el trabajo de cuidado realizado por las familias”.
En el mes de abril del corriente, este proceso avanzó en el marco de la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo y Empleo del G20 (o Grupo de los Veinte), donde se ampliaron los debates sobre seguridad social e igualdad de género. Las personas delegadas intercambiaron, precisamente, sobre el impacto de las políticas de cuidados en la igualdad de género en el mundo del trabajo. Según datos presentados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, “sólo 16 países del G20 tienen políticas de atención a las personas mayores”.
Durante este evento, las políticas de cuidados del gobierno brasileño fueron presentadas por representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), del Ministerio de la Mujer (MM) y del Instituto de Investigaciones Aplicadas (IPEA). Entra ellas, participaron Laís Abramo, secretaria nacional de Atención y Familia del MDS; Rosane Silva, secretaria nacional de Autonomía Económica y Política de Cuidados del MM; y Ana Amélia Camarano, coordinadora de Estudios e Investigaciones sobre Igualdad de Género, Raza y Generaciones del IPEA.
“La organización social del cuidado en Brasil es injusta y desigual, se basa en una responsabilidad desproporcionada de las familias por el cuidado, especialmente de las mujeres”; afirmó en su presentación Abramo y destacó que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres duplica al de los varones, aunque “puede estar subestimado”. También mencionó que, por dichas razones el 30% de las mujeres no busca empleo, “siendo esta carga más pesada para las mujeres negras (32%) en comparación con las blancas (27%)”.
En este marco, Abramo anunció que Brasil prepara una propuesta de Política Nacional de Cuidados y Plan Nacional de Cuidados, cuya entrega está prevista para mayo del corriente. La misma tiene como objetivo “garantizar el derecho a la atención de todas las personas que la necesitan, reconociendo y enfrentando las desigualdades estructurales de la sociedad brasileña, incluyendo género, clase, raza, etnia, discapacidad y edad”. Además, “busca promover una cultura de corresponsabilidad entre varones y mujeres en la familia, la comunidad, el mercado y las empresas” aseguró la funcionaria.
“Envejecer en los Territorios”
En septiembre de 2023, el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), a través de su Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas Mayores (SNDPI), lanzó el Programa Envelhecer nos Territórios (“Envejecer en los Territorios”), con la premisa de que envejecer es un derecho de todas las personas y que deben garantizarse los derechos humanos de las personas mayores en Brasil, teniendo en cuenta la importancia del lugar donde residen y sus biografías.
A propósito del lanzamiento de esta línea programática central para la SNDPI, se realizó un evento del que participó el ministro, Silvio Almeida, quien reflexionó al respecto: “llevamos mucho tiempo pensando en cómo combinar esa visión de los derechos humanos con la mirada en el envejecimiento. Necesitamos crear bases más sólidas para que no puedan ser destruidas. En este sentido, defiendo la capilarización de las políticas de derechos humanos para que no sólo ocurran en Brasilia, sino en contacto directo con los estados, el Distrito Federal y los municipios”, afirmó el titular del MDHC.
Entre otras autoridades presentes, a su turno, el secretario nacional para los Derechos de las Personas Mayores, Alexandre da Silva, caviló sobre las diferencias sociales que aún aquejan al país. “Si hablamos de marcadores importantes como clase social, género, raza/color de piel, lugar de residencia, tipo de trabajo, educación de padres/madres, entendemos que hay grupos sociales que no pueden envejecer bien. Cuando logran envejecer, cuando llegan a los 60 años, lo hacen con muchas dificultades de una historia que marca a nuestro país”, observó.
En relación a lo declarado por las autoridades, algunos aspectos destacados del Programa son: se trata de una herramienta que evalúa el nivel de garantía de los derechos de las personas mayores en todo el país; que plantea el impulso y la creación de instancias encargadas de gestionar las Políticas de Derechos Humanos dirigidas a las personas mayores en estados y municipios; y que capacita agentes de derechos humanos en el territorio, a través de una alianza firmada entre el MDHC y los institutos federales de educación, quienes consolidan su formación trabajando por el período de un año.
En la actualidad, “Envejecer en los Territorios” se encuentra desarrollándose en varias localidades del país. La acción ya fue lanzada en Goiás, en los municipios de Iporá e Itumbiara, y en Ceará, en las ciudades de Lavras da Mangabeira e Ipueiras. Se estipula que durante este año el programa continúe sumando nuevos municipios que participen de la iniciativa. Su implementación gradual no sólo potenciará abordajes locales de los envejecimientos y las vejeces, sino que apuesta a un instrumento de política pública y gerontológica para poner en evidencia las desigualdades sociales y de género en las personas mayores (y en todas las comunidades donde se realice), estimulando abordajes intersectoriales e interseccionales que valoran la diversidad y la pluralidad en los territorios brasileños para el ejercicio de sus derechos.
Si eres testigo o tienes conocimiento de algún caso de violencia contra mujeres y/o niñas, Disque 100 (“Marca 100”), un canal telefónico de denuncias gratuito del MDHC. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana, incluidos domingos y días festivos. Se puede contactar llamando desde cualquier teléfono fijo o móvil. Además, ofrece un canal por las aplicaciones WhatsApp y Telegram, el propio sitio web del ministerio o a través de aplicativos móviles. El servicio también ofrece soporte en Lengua brasileña de señas (Libras). Para más información visitar el sitio de la ONDH, haciendo clic aquí.
Ligue 180 (“Llame al 180”) es un servicio prestado por el Ministerio de la Mujer del Brasil. Allí se podrá presentar denuncias ante presuntas violaciones de derechos a mujeres como en casos de violencia psicológica, emocional, patrimonial, física y sexual. La llamada es gratuita y el servicio funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Para más información visitar su sitio, haciendo clic aquí.
Nota publicada en el Boletín 31 «Gestión de iniciativas para la igualdad de género de las personas mayores» del PICSPAM.
