La Cámara Alta paraguaya sancionó por unanimidad el proyecto de ley que le permite al país avanzar en la formalización de su adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un paso fundamental que establece obligaciones claras para el Estado en la defensa de este grupo poblacional.
El 24 de septiembre pasado, la Cámara de Senadores de Senadoras del Paraguay dio un paso histórico al aprobar el proyecto de ley que formaliza la adhesión del país a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta acción, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería (Mensaje N° 271) en junio de este año, busca garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores.
El proceso actual es de adhesión, ya que Paraguay no fue un país firmante original del tratado. Tras la aprobación unánime en el Senado, el proceso legislativo continúa con la remisión del proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Diputados para su estudio y consideración. Una vez aprobado por la Cámara Baja, pasará a la promulgación presidencial como ley nacional. Finalmente, el Gobierno deberá depositar el «instrumento de adhesión» ante la OEA, momento en el que el compromiso internacional se formalizará.
La relevancia de esta aprobación fue destacada por legisladores en declaraciones públicas durante la sesión. El senador Mario Varela, de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que la Convención “armoniza con la Constitución Nacional en su artículo 58 sobre garantizar la protección a la vejez y establece obligaciones claras para los estados sobre seguridad social, vida libre de violencia y acceso a la justicia”.
De esta manera, Paraguay también decide comenzar a avanzar en el cumplimiento de un movimiento regional. En la actualidad, son parte de la Convención Interamericana: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uruguay.
Fuentes: Senado / Agencia IP