Con el depósito del instrumento de adhesión ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el país completó el proceso de incorporación internacional al tratado y alinea su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores a nivel nacional y regional.
El Estado paraguayo formalizó su adhesión a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores mediante el depósito del instrumento correspondiente ante la Organización de los Estados Americanos, el pasado 10 de marzo de 2026, convirtiéndose en el 14° país en hacerlo.
El depósito del instrumento de adhesión constituye el acto formal que perfecciona la vinculación del Estado con el tratado en el sistema interamericano, habilitando su entrada en vigor a nivel internacional y la activación de los mecanismos previstos por este instrumento.
Este paso completa un proceso iniciado en 2025, cuando el Congreso paraguayo aprobó el tratado y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7600/2025, incorporándolo al ordenamiento jurídico interno. Si bien la norma ya se encontraba vigente a nivel nacional, restaba este trámite para consolidar el compromiso internacional del país.
Adoptada en 2015 en el ámbito de la OEA, la Convención tiene por objeto promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores, reconociéndolas como sujetos plenos de derecho y estableciendo obligaciones específicas para los Estados en materia de autonomía, salud, participación, seguridad social y acceso a la justicia. Asimismo, establece medidas para prevenir y erradicar prácticas que vulneren su dignidad, como el maltrato, el abandono o la discriminación por edad.
Con esta adhesión, Paraguay se suma al conjunto de Estados de la región que han ratificado este instrumento, en un contexto en el que —tras superarse el umbral de ratificaciones previsto— los mecanismos de seguimiento de la Convención avanzan en su consolidación operativa, particularmente en la puesta en funcionamiento de la Conferencia de Estados Parte y del Comité de Expertos/as.
Este proceso se articula, además, con otros desarrollos en el plano mundial, en particular con los avances registrados desde hace un año en el ámbito de las Naciones Unidas hacia la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas mayores.
Fuente: OEA