
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres presentaron el informe «Mujeres en la economía de plataformas: desafíos y oportunidades en Iberoamérica», el cual revela que, si bien este modelo ha facilitado la incorporación de 3,5 millones de mujeres al mercado laboral regional —representando el 2,5% de la fuerza de trabajo femenina—, la transición hacia lo digital no ha logrado erradicar las estructuras de desigualdad tradicionales; por el contrario, en muchos casos las ha profundizado bajo nuevas dinámicas algorítmicas.
La investigación arroja datos alarmantes sobre la disparidad económica: las trabajadoras de estas plataformas perciben, en promedio, un 40% menos por hora que sus homólogos varones, una brecha que se ensancha hasta el 67% cuando se evalúan los ingresos semanales totales. Esta diferencia no responde necesariamente a una falta de cualificación, ya que persiste incluso entre mujeres con alta formación académica. El fenómeno se explica por una combinación de segregación ocupacional en tareas administrativas peor remuneradas, la escasa presencia femenina en sectores tecnológicos de alto valor y una «penalización por disponibilidad», donde los algoritmos suelen premiar horarios nocturnos o de alta demanda que entran en conflicto directo con la carga desproporcionada de cuidados domésticos que aún asumen las mujeres.
Más allá de lo estrictamente salarial, el estudio identifica deficiencias críticas en materia de protección y seguridad. En las plataformas basadas en la ubicación, como el transporte y el reparto, las trabajadoras enfrentan niveles preocupantes de acoso y una vulnerabilidad jurídica derivada de su clasificación habitual como trabajadoras independientes. Esta condición las excluye de derechos fundamentales como las licencias por maternidad, la cobertura por enfermedad y el acceso a la seguridad social, creando un entorno de precariedad que se suma a las barreras previas de acceso, como la brecha en conectividad y la falta de financiamiento para herramientas de trabajo.
Desde la perspectiva del PICSPAM, estas características laborales definen procesos de envejecimiento desiguales que conducen a vejeces femeninas con vulneraciones de derechos. Ante este escenario, las autoridades de los organismos internacionales coinciden en la urgencia de trascender la mera observación y pasar a la acción legislativa. La propuesta central aboga por un enfoque integral que vincule la regulación laboral con una perspectiva de género transversal, exigiendo transparencia en los algoritmos para evitar sesgos automatizados y fortaleciendo los sistemas de protección social.
Bajo la premisa de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, el objetivo final es garantizar que la transformación tecnológica sitúe a la persona en el centro, transformando la flexibilidad digital en una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible y equitativo para todas las mujeres de la región.
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Fuente: SEGIB
