
En una decisión orientada a dar cumplimiento a sus compromisos programáticos, el Gobierno anunció el retiro oficial del veto establecido en febrero al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. De esta manera la normativa queda en condiciones de ser despachada por el Senado y se despeja el camino para los trámites finales que conducirán a su pronta entrada en vigencia
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que esta medida se enmarca en el Plan Generación Dorada y subrayó que las personas mayores cumplen un rol fundamental en el desarrollo social del país. Asimismo, Wulf destacó la necesidad de reconocer a este segmento de la población como sujetos activos con plena capacidad de decisión y participación.
La directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Claudia Asmad, explicó en una reciente entrevista brindada a CNN que esta acción destrabó una legislación clave que llevaba cinco años en trámite y que ahora quedó lista para su promulgación, estableciendo un marco jurídico sólido para proteger a las personas mayores de hoy y también a las del futuro. «No nos tenemos que olvidar que también nosotros vamos a ser personas mayores y que esta normativa fue producto de un trabajo conjunto con las propias personas mayores».
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia refuerza su intención de implementar la Ley a la brevedad posible bajo un estricto control y dedicación. En términos prácticos, el retiro del veto permite conservar aspectos importantes de la iniciativa original, particularmente en lo que respecta a la protección laboral y el fomento de modalidades de trabajo flexible. De este modo, se reconoce formalmente que el empleo voluntario representa para las personas mayores no solo un sustento económico, sino también un espacio vital para su autonomía y sentido de pertenencia.
Asimismo, Asmad enfatizó que este avance legislativo es una herramienta clave para combatir el edadismo. La Ley Integral de las Personas Mayores consagra un total de 15 derechos específicos, entre los que destaca la garantía de igualdad y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria basada en la edad, sentando así las bases para un envejecimiento activo en condiciones de dignidad.
Fuente: @mindesarrollo
