El pasado 22 de abril, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) fue sede de una sesión de carácter estratégico del Consejo Estatal de las Personas Mayores (CEPM) junto a autoridades en la que se abordaron temas relevantes vinculados a este grupo poblacional.
En el encuentro participaron el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la directora general del Imserso, María Teresa Sancho, la representante de la Unión Democrática de Pensionistas, Inmaculada Ruiz Martín, y el secretario del consejo, Manuel Menéndez García, junto con los portavoces de las distintas entidades, asociaciones y departamentos ministeriales que integran este órgano consultivo.
La agenda de la jornada se centró en asuntos de alta relevancia para el grupo, con especial énfasis en el estado de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Además, se revisó la tramitación de las subvenciones destinadas al área de atención a las personas mayores, la planificación del programa de Termalismo del Imserso para el año 2027 y la inminente renovación de los miembros del propio Consejo.
Durante la clausura del pleno, el ministro Bustinduy destacó la importancia de este momento social para fortalecer el estado de bienestar y defendió la cohesión social como pilar de la democracia. El titular de Derechos Sociales rechazó de manera firme los discursos que pretenden responsabilizar a las personas mayores de la precariedad de otros grupos sociales y calificó tales argumentos como una expresión de fragmentación social. Ante esto, el ministro propuso como respuesta un avance decidido hacia un sistema de cuidados sólido y con proyección de futuro.
En relación con el proceso legislativo, el ministro subrayó que la reforma de la Ley de Dependencia constituye la prioridad absoluta de su departamento y el logro normativo más importante de la legislatura. Pese a la complejidad del debate parlamentario, manifestó su optimismo sobre la aprobación de la ley. Asimismo, apeló a la coautoría social y al compromiso de todas las fuerzas políticas para asegurar que estos avances resulten irreversibles, al tiempo que instó a las organizaciones a mantener la presión social para alcanzar el mejor resultado posible.
Por su parte, la directora general del Imserso, María Teresa Sancho, puso en valor la interlocución con el mundo asociativo para la construcción de nuevas políticas públicas. La directiva explicó que, a diferencia del enfoque institucional y residencial de la normativa de 2006, la reforma actual impulsa un giro hacia modelos comunitarios con una visión centrada en los deseos y preferencias de cada individuo. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de respuesta a las alegaciones de los grupos parlamentarios, tras lo cual se remitirá el texto al Senado para su aprobación definitiva en un marco de consenso constitucional.
Fuente: Imserso