Por: Mariana Rodríguez, Leandro Laurino y Esteban Franchello
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“Una sociedad que diera todo su valor al cuidado, no sería solamente una sociedad más amable sino, sobre todo, más justa e igualitaria”. Evelyn Nakano Glenn
Hace poco más de dos años la pandemia de COVID-19 irrumpió de forma inesperada en la vida de todas las personas. ¿Qué está sucediendo?
¿Por qué y cómo ocurrió? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo se detiene? Ante una fuerte sensación de perplejidad estas fueron
sólo algunas de las tantas preguntas que surgieron y que carecieron de respuestas certeras y claras.
En este escenario complejo los Estados trataron de evitar las consecuencias más determinantes y tomaron medidas urgentes para frenar la expansión del virus, en especial, aquellas destinadas al grupo de personas adultas mayores que fue identificado como el de mayor riesgo de muerte.
Todos los empleos debieron modificar sus rutinas en un contexto de aislamiento social y virtualidad, y los tiempos y las modalidades de trabajo cambiaron junto con los objetivos y las posibilidades de acción.
Particularmente, en el ámbito de la salud, las reacciones tuvieron que ser rápidas y eso provocó el agotamiento, ansiedad, tensión y estrés de muchos/a de médicos/as, enfermeros/as, cuidadores/as, quienes, claro, debieron asumir nuevas y simultáneas tareas y funciones. ¿Cómo cuidar a quienes lo requieran manteniendo el distanciamiento? Desde ya, por lo inesperado y desconocido del virus, no había experiencias o capacitaciones previas que permitieran enfrentar la situación. Por lo tanto, los saberes y los recursos fueron adaptándose a las nuevas circunstancias con éxitos y fracasos.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la fragilidad de los sistemas de salud para apoyar a las personas adultas mayores y considerar sus necesidades únicas”. Es decir, el virus profundizó y visibilizó con mayor claridad las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas. La desigualdad en sus múltiples dimensiones, como fenómeno preexistente, también se acentuó y, día tras día, reclama la pronta acción para evitar que continúe su incremento y/o consolidación.
En este marco, como era esperable, se identificó una crisis del cuidado que exige la urgente planificación y desarrollo de políticas acordes. Se trata de un núcleo central al que hay que afrontar y resolver desde múltiples sectores de manera colectiva y solidaria.
Se ha mencionado incontables veces que en los países del mundo la esperanza de vida ha aumentado y que el envejecimiento poblacional a gran escala es un hecho. Tales factores, junto con la reducción de la mortalidad y a la transición epidemiológica, indican que las comunidades requerirán más cuidados y, por lo tanto, su abordaje debe llevarse a cabo de manera integral, intersectorial, interseccional y desde un enfoque de derechos. Por supuesto, en esta instancia, el trabajo de cuidadores/as de personas mayores adquiere una enorme relevancia en las sociedades.
Acerca de los cuidados
Los cuidados constituyen elementos centrales para promover y garantizar el bienestar de las poblaciones. Esta premisa adquirió una gran presencia durante y tras la pandemia vivida y, por lo tanto, las políticas de cuidado y sus trabajadores/as se han instalado en el centro de la escena social.
En la reciente publicación de CEPAL y ONU Mujeres, “El financiamiento de los sistemas y políticas de cuidados en América Latina y el Caribe”, los organismos sostienen que “actualmente, el derecho al cuidado ya es parte de los derechos humanos reconocidos en los pactos y tratados internacionales de los que gozan todas las personas, independientemente de su situación de vulnerabilidad, fragilidad o dependencia. Este derecho implica garantizar el acceso al cuidado de las personas, reconocer el valor del trabajo de cuidados y garantizar los derechos de quienes proveen los cuidados, así como deconstruir la noción de la responsabilidad exclusiva de las mujeres”.
Las formas de distribución de los cuidados se dan según las características de las sociedades y de las circunstancias de los diferentes momentos históricos. El desarrollo y la dinámica social durante la pandemia de COVID-19 explicitó la importancia que tienen todas las personas que cuidan, con o sin remuneración. Y en contextos como el actual, donde las desigualdades están profundizadas y los mercados laborales y los gobiernos no logran proveer el bienestar de manera suficiente, el rol de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil cobra mayor preeminencia.
Para abordar la temática, la socióloga argentina, Eleonor Faur, reflexiona sobre la noción de organización social de los cuidados que “refiere a la forma en que interrelacionadamente la familia, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidados, se caracteriza por la diversidad de actores que participan y por ser una configuración dinámica donde no existen divisiones estancas sino más bien una continuidad de actividades, trabajos y responsabilidades”.
No hay que obviar dos cuestiones. Por un lado, que el Estado se constituye como proveedor, pero también como el encargado de establecer las reglas de juego para las acciones de las familias, las organizaciones civiles y los sectores privados. Por otro lado, que los cuidados deben dejar de ser un problema familiar o privado y para ello es necesario comprender que las políticas son responsabilidades públicas que deben tener como fin garantizar la inclusión social y que deben contener los principios de universalidad, progresividad, solidaridad y corresponsabilidad.
También es importante destacar las posibles acciones de quienes trabajan cuidando. Existen varias experiencias asociativas y cooperativas que se han conformado primando la autogestión y el trabajo colectivo para brindar servicios de cuidados y satisfacer las necesidades de la comunidad, generando una fuente de trabajo digno.
El derecho al cuidado fue explicitado en las constituciones de algunos países iberoamericanos. La Ciudad de México, por ejemplo, contiene una declaración expresa y Ecuador, República Dominicana, Bolivia y Venezuela incluyen a los cuidados como trabajo. Por su parte, Uruguay fue el primer país en la región de América Latina que en 2015 aprobó la ley para la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).
En consonancia, muchos países de la región se encuentran debatiendo desde los ejecutivos y los parlamentos la necesidad de establecer sistemas integrales de alcance nacional y con gestiones intersectoriales que asuman las múltiples demandas, con perspectiva de género y de curso de vida.
Paraguay y República Dominicana han impulsado desde hace unos años la necesidad de constituir sistemas nacionales para reorganizar y redistribuir la atención de la dependencia. Así como Argentina y México, se encuentran trabajando a partir de la noción infraestructura del cuidado la cual pulsa al fortalecimiento de los servicios tanto para quienes los reciben como para quienes los brindan.
Estas experiencias y otras, en la región y en el mundo, comienzan a esbozar, sobre todo después de la crisis tan determinante para la humanidad contemporánea, la necesidad de pasar hacia un paradigma diferente, invocado por CEPAL en uno de sus recientes materiales, como es el de la sociedad del cuidado, que tienda a “fortalecer relaciones de cuidado, a sabiendas de que todas las personas son vulnerables e interdependientes”.
En tal sentido, la CEPAL exhorta a acelerar el paso hacia una justicia económica, ambiental y de género y desafiar la concepción individualista del actual sistema social y económico. Transitar hacia una sociedad del cuidado “implica reconocer que la vulnerabilidad forma parte de la condición humana, junto con la interdependencia y la ecodependencia”, por lo que se vuelve necesario alentar las relaciones de cuidado, ya que todas las personas tienen la capacidad de brindar cuidados porque todas son también destinatarias de cuidados.
Se trata, entonces, de planificar el presente mirando hacia el futuro para garantizar los derechos de las personas que necesitan y proveen cuidados, mucho más aún tras un pasado inmediato que dejó huellas en la salud de la población, algunas perceptibles y otras aún no identificadas, para contrarrestar la precarización de los empleos relacionados con este sector y visibilizar su potencialidad para una recuperación con igualdad y sostenibilidad.
La feminización de los cuidados
CEPAL y ONU Mujeres (2022) señalan que los sectores de la economía del cuidado están altamente feminizados, que contienen importantes brechas de género en los ingresos laborales y una baja participación de mujeres en los empleos de alta calificación. Estos datos indican que es necesario realizar una nueva distribución de responsabilidades de cuidado y masculinizarlas, entre otras medidas, a través de la generación de más propuestas de formación.
Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte que el trabajo de cuidados remunerado es una de las pocas oportunidades laborales para las mujeres rurales, migrantes, afrodescendientes y de grupos excluidos, pero por las condiciones de precariedad, falta de derechos laborales y bajas remuneraciones, contribuyen al círculo de la pobreza. Aquí reside otro de los desafíos para un nuevo sistema de cuidado: generar y financiar alternativas de formación y trabajo con enfoque de derechos para revertir las desigualdades.
En el documento “La sociedad del cuidado”, CEPAL expresa que la crisis desencadenada por la pandemia puso en evidencia la relevancia del trabajo de cuidados en la sostenibilidad de la vida (llevado a cabo fundamentalmente por las mujeres), así como demostró la relación que existe entre el trabajo de cuidados y los nudos estructurales de la desigualdad de género.
Al respecto, y como contrapartida a la crisis atravesada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que a nivel mundial invertir en el cuidado podría generar hasta 280 millones de puestos de trabajo para 2030 y otros 19 millones para 2035.
En noviembre de 2022, en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se firmó el Compromiso de Buenos Aires, allí se reconoce “el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género”, incluyendo la perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad.
El desafío de cuidar a las personas mayores
«Los cuidados de calidad deben ser garantizados por el Estado como un derecho consagrado a todas las personas que los requieran, de forma independiente a los vínculos familiares y a las posibilidades económicas que existan en esos hogares», advierte el trabajador social chileno, Rodrigo Cortés.
Por lo tanto, las políticas públicas deben tener como prioridad la creación de propuestas formativas y laborales que incrementen la cantidad de cuidadores/as de personas mayores para brindar servicios altamente calificados y para reconfigurar/resignificar/revalorizar un colectivo emergente integrado por las personas que cuidan.
Y si bien, como señalan muchos especialistas, es necesario avanzar sobre la creación de un sistema integral o universal, el mismo debe asumir, como señala la experta argentina, Mónica Roqué, que los cuidados son diversos porque la vejez es diferencial. En lo que concierne al cuidado de personas adultas mayores, sostiene, es fundamental promover la autonomía y la independencia porque las políticas de cuidados son también de inclusión social que buscan que las personas alcancen un nivel de bienestar y desarrollen su potencial y participen en igualdad de condiciones en la vida social, política y económica.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce “el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor”. Esta idea también la asume el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002 y se retoma en la Estrategia de La Década del Envejecimiento Saludable 2021-2030.
En España, según lo expresado por Luis Alberto Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se está produciendo un cambio del modelo de cuidados de larga duración que aspira a garantizar criterios y normas de alta calidad para prestadores y a apoyar a las personas cuidadoras informales, que mayoritariamente son mujeres, y familiares de las personas que reciben cuidados, a través de formación, asesoramiento y apoyo psicológico y económico.
Cuidar es un trabajo complejo porque se precisa de instancias formativas específicas sobre los procesos de envejecimientos, las vejeces y el contexto demográfico, pero además quienes cuidan deben tener empatía con la persona cuidada y, al mismo tiempo, interactuar y vincularse con la familia y con los profesionales de la salud.
En este sentido, es importante que los países planifiquen y brinden propuestas que identifiquen las particularidades que revisten los cuidados paliativos, domiciliarios, en residencias de larga estadía, a personas con Alzheimer y/o deterioros cognitivos, con discapacidades. Como expresó la psicóloga uruguaya Rosario Lemus, el cuidado de una persona con demencia resulta habitualmente un desafío en sí mismo, pero en el contexto de la pandemia se acrecentó de manera notable.
Entonces, como también señalan muchos expertos/as, se trata de una tarea que requiere de tiempos destinados al autocuidado porque la sobrecarga física y emocional puede ser muy elevada. Es decir, las personas cuidadoras deben contar con apoyos necesarios para favorecer su estado de salud y afrontar los problemas y las dificultades diarias que pueden surgir.
De hecho, algunas investigaciones señalan que la soledad no deseada, la ansiedad y la depresión pueden estar derivadas de la sobrecarga que produce el propio cuidado, por lo tanto, resulta indiscutible que la tarea requiere contar con preparación y apoyo.
Aún resta mucho por hacer para garantizar el cuidado en Iberoamérica. La región tiene múltiples desafíos que deberá cumplir para reconocer los derechos de quienes cuidan y de quienes son cuidados/as, es decir, para construir una sociedad más justa e igualitaria.
* Nota publicada en el Boletín 28, «El trabajo de cuidadoras y cuidadores de personas adultas mayores, en especial, tras la crisis generada por el COVID-19» del PICSPAM.
