Ilustraciones del Boletín 31 del PICSPAM: Rocío Lana

Por: Mariana Rodríguez, Leandro Laurino y Esteban Franchello.

La desigualdad de género es una de las problemáticas más desafiantes para todas las regiones del mundo. Se trata de un factor clave para afrontar porque limita el desarrollo de las sociedades, incrementa la pobreza, discrimina a las personas por su género y anula y/o menoscaba sus derechos a lo largo de la vida, en especial, a las mujeres e identidades sexuales diversas.

El contexto demográfico, calificado en reiteradas ocasiones como revolucionario, no es un componente menor a la hora de aborda la desigualdad. La transformación de las poblaciones le imprime características particulares a un mundo que tendrá cada vez más personas mayores y, particularmente, más mujeres en su conformación. De acuerdo a las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2023, habrá 1.400 millones de personas de 60 años y más para el año 2030, es decir, el 16,4% de la población estará transitando la vejez. En 2060, este porcentaje ascenderá al 30%. Respecto a la expectativa de vida después de los 60, se estima que será de 24 años en el período 2030-2035 y que se incrementará a 27 entre 2060 y 2065.

Los datos demográficos también indican que las mujeres viven más años que los varones. Sin embargo, según ONU Mujeres, es fundamental destacar que también conforman el grupo que envejece con más enfermedades crónicas, discapacidad y dependencia y que posee menos recursos económicos debido al bajo nivel de acceso a sistemas de seguridad y de protección social, como pueden ser jubilaciones y pensiones, producto del trabajo informal, doméstico o de cuidados no remunerados. Por ende, el impacto de las desigualdades lo suelen sufrir más las mujeres a lo largo de sus vidas, en tanto niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y al arribar a la vejez.

Las personas que integran los grupos LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Intersexuales, Queers y otros) también suelen sufrir desigualdades y numerosas formas de exclusión social materia y simbólica durante sus trayectorias vitales. Sobre ellas, se agrega otro dato alarmante, su expectativas de vida son menores —se estima alrededor de los 35 y 40 años de edad—, debido a las reiteradas situaciones de segregación y violencia que experimentan en cada etapa.

La falta de oportunidades concretas para el desarrollo de las personas se posiciona también sobre un conjunto de creencias y estereotipos de género y de edad estigmatizantes que circulan socialmente. Ambas dimensiones (género y edad) inciden en la construcción de las identidades durante todo el proceso de envejecimiento y, según señala el experto argentino, Ricardo Iacub, “se vuelven demasiado exigentes cuando se llega a la vejez”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reconoce que existen “prejuicios generalizados acerca de los atributos o las características que varones y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar, en consecuencia, los estereotipos de género limitan la capacidad de varones y mujeres para desarrollar sus habilidades y
capacidades personales (…). En segundo lugar, los estereotipos de edad se basan en una construcción social que se hace sobre una persona mayor a partir de ideas y prejuicios que recalcan las connotaciones negativas antes que las positivas, fomentando y consolidando una visión deprimente de la vejez”.

La convivencia de los datos demográficos junto a las vigentes construcciones culturales que circulan socialmente sobre la edad y el género alertan sobre la existencia de un escenario que requiere de acciones concretas y decisiones urgentes. La población de Iberoamérica es protagonista de esta revolución demográfica y presenta implicancias económicas, sociales y culturales particulares. La mayoría de los países, en especial quienes integran la región de América Latina y El Caribe, vive esta transformación bajo condiciones de pobreza y desigualdad que, en muchos casos, se profundizaron tras la experiencia pandémica generada por el COVID-19.

La llegada del virus generó una crisis sanitaria e intensificó la situación social y económica preexistente. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2023) se produjo “un retroceso de 18 años en la participación laboral de las mujeres en la región, viéndose afectadas también por la sobrecarga de cuidados y el aumento de la pobreza y la violencia machista. En este contexto, las mujeres mayores de 60 años fueron quienes sufrieron mayores obstáculos a la hora de recibir la prestación de servicios de salud, generándoles en muchos casos sensación de abandono, soledad y desprotección”.

Al respecto, la especialista española, Ana Freixas, advierte: “el hecho de que las mujeres vivamos más años no significa que disfrutemos de un mejor estado de salud (…) unas y otras enfermamos por causas diferentes, muchas de las cuales no se relacionan en absoluto con la biología sino con determinadas circunstancias vitales que tienen su origen en la socialización de género”.

Asimismo, durante la pandemia se pusieron en foco y en mayor tensión los modelos de protección social vigentes, las formas de redistribución y también la corresponsabilidad de los cuidados a lo largo de la vida. Se visibilizó la carga de cuidado que sostienen las mujeres mayores cuidadoras que han venido realizando esa tarea en todas las etapas y que suelen llegar a la vejez en condiciones de desigualdad material, social y familiar.

Según algunos estudios realizados en la región por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), “el porcentaje de mujeres mayores de 65 años perceptoras de pensiones contributivas por vejez apenas alcanza el 37%, más de 10 puntos inferiores al de los varones, y esto afecta a la seguridad económica en la vejez y contribuye a que haya más mujeres mayores en situación de pobreza que varones (127 mujeres por cada 100 hombres)”, manifestó en una publicación Gina Magnolia Riaño, Secretaria General del organismo.

Vivir más tiempo también plantea la ineludible necesidad de contar con sistemas y servicios de cuidados adecuados para garantizar la dignidad hasta el final de la vida. Pero, como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), “si estos años adicionales están dominados por la mala salud, el aislamiento social o la dependencia de cuidados, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son negativas”.

Por lo tanto, estas referencias habilitan la búsqueda de nuevos abordajes basados en contratos sociales solidarios e intergeneracionales, en articulación y cooperación entre los sectores públicos y privados, las organizaciones civiles y las familias.

Es que, como remarcaron en los años noventa las investigadoras británicas, Sara Arber y Jay Ginn, el papel que juega el género en el proceso de envejecimiento no es para nada menor y destacaron, a su vez, la relevancia de relacionarlo con la edad, la distribución de poder, privilegios y bienestar en una sociedad.

La diversidad constitutiva de las poblaciones debe ser ponderada, ya que permite agendar temáticas sociales y definir políticas diferenciales. La vejez, cabe recordar, es una etapa heterogénea, multidimensional y compleja. Por ello, es conveniente hablar de vejeces, pues consecuentemente están “esculpidas” por las múltiples formas de envejecer, a partir de las biografías y las trayectorias de las personas, sus identidades, sus redes de apoyo, y sus capitales sociales y culturales construidos durante el curso de vida.

Comprendido de esta manera, resulta fundamental aplicar un enfoque interseccional a la problemática de la desigualdad de género en la vejez para lograr un análisis más acabado y específico de las personas mayores —promoviendo al mismo tiempo las investigaciones necesarias para la producción de datos pertinentes— y, en consecuencia, abogar por la generación y gestión de acciones y políticas públicas que respondan a las necesidades de los cruces que se advierten con otras variables: discapacidad, afrodescendencia, migración, pobreza, pertenencia a pueblos indígenas, medio ambiente, entre otros.

Género y edad: algunos marcos relevantes a favor de la igualdad

En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU, incorporó la igualdad de género en las Normas Internacionales: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

A partir de esta premisa, este documento internacional sentó las bases, hace ya más de siete décadas, para concebir a la igualdad como el derecho que todas las personas adquieren al momento de nacer y mantienen durante todo el proceso de envejecimiento, es decir, en cada una de las etapas de la vida. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y la incorporación de otros marcos normativos internacionales, regionales y nacionales, la desigualdad continúa anclada en las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales y es uno de los grandes desafíos para los países y sus gobiernos.

Más de tres décadas más tarde, en 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés), resultó ser el primer tratado con carácter vinculante basado en el principio de igualdad sustantiva, el principio de no discriminación y el principio de obligatoriedad del Estado. “Los Estados deben tomar las medidas apropiadas, incluyendo las de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todos los ámbitos”, señala el tratado.

Ilustración: Rocío Lana

En intersección con la vejez, en 1982, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento brindó herramientas guía; en 1991 los Principios de Naciones Unidas —Independencia, Participación, Cuidado, Autorrealización, Dignidad— también aportaron a los derechos de este grupo poblacional. En el nuevo milenio, en 2002, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento apoyó el fortalecimiento de las líneas establecidas.

Aquí también es importante destacar la Recomendación general Nº 27 “sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos”, que realiza en 2010 el Comité que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, casi 30 años después de entrar en vigor. La misma identifica las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres mayores y realiza una serie de recomendaciones en materia de políticas específicas.

En el ámbito regional, en 2015, la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) proclamó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humano de las Personas Mayores (CIPDHPM). Lo destacable de este documento es que conceptualiza la discriminación múltiple, definida como “cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor (que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus derechos humanos y libertades fundamentales) fundada en dos o más factores de discriminación, por su posible adicional condición de mujer, padecer alguna discapacidad, poseer una determinada orientación sexual o identidad de género, ser afrodescendiente, pertenecer a un pueblo indígena o tradicional, o a un grupo étnico, racial, nacional, lingüístico, religioso o rural, ser migrante, hallarse en situación de pobreza o marginación social, carecer de hogar y/o encontrarse privada de la libertad, entre otros”. Hasta el momento, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Colombia, Perú y Suriname son los países que adhirieron o ratificaron la CIPDHPM.

También en 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030 que plantea una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para guiar las acciones que beneficien y conduzcan a la creación de sociedades inclusivas.

Recientemente, un informe señaló que, si bien se consiguieron numerosos avances y se han generado recientes estrategias de “aceleración” para dar cumplimiento a los objetivos de dicha agenda, “el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para 2030” (representado en su Objetivo 5).

En paralelo, la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) también propone un marco hacia la igualdad, se trata de una iniciativa aprobada por resolución de la Asamblea General de ONU en 2020, que consiste en realizar, durante diez años, diferentes acciones que favorezcan la vida de las personas mayores a partir de un trabajo de “colaboración concertada, catalizadora y sostenida” entre gobiernos, organismos internacionales y regionales, universidades, sector privado, sociedad civil, profesionales, especialistas y medios de comunicación. La Década también constituye el segundo plan de acción de la Estrategia Mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud.

Un nuevo 15 de Junio, “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, que este año se centrará sobre el “Enfoque en las personas mayores en emergencias”, es un motivo significativo para hacer foco en todas las acciones que puedan reducir y erradicar las violencias ejercidas sobre las personas mayores, entre varias, por razones de género.

En tal sentido, se destaca que la conmemoración de esta efeméride el año pasado tuvo como tema “Abordar la violencia de género en la vejez: políticas, legislación y respuestas de base empírica”. La misma contó con un evento híbrido que trabajó esta propuesta a partir de varios ejes.

Ilustración: Rocío Lana

En este marco, y a partir del tema propuesto, grupo de expertos y expertas en derechos humanos de organismos regionales y de Naciones Unidas, entre quienes se encuentran Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores; Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente en protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género; Ana Peláez Narváez, Presidenta del Comité pa la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; y Margarette May Macaulay, la por entonces Relatora sobre los Derechos de las Personas Mayores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitieron una declaración para pronunciarse ante “la falta de datos e información confiable sobre el alcance de la violencia de género en la vejez”, como un “obstáculo importante para abordar de manera efectiva esta grave violación de los derechos humanos en todas las sociedades”.

“La violencia de género no desaparece con la edad, pero a menudo pasa desapercibida y no se denuncia debido a las lagunas en la recopilación de pruebas. La violencia contra las mujeres mayores es el resultado de una discriminación y desigualdad estructural y arraigada basada en la intersección de sexo, género y edad. Impide que las mujeres mayore en toda su diversidad disfruten de sus derechos y libertades en igualdad de condiciones”, terminó por reafirmar dicho comunicado de prensa, al tiempo que sentó algunos antecedentes y desafíos para orientar la gestión de acciones y políticas al respecto.

Recientemente, del 20 al 24 de mayo de 2024, se llevó a cabo la decimocuarta Reunión del Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento (OEWGA, en su sigla en inglés) de las Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, con el fin de identificar las deficiencias en la protección de los derechos de las personas mayores y proponer medidas correctivas. Allí se abordaron temas que promueven el fortalecimiento de los derechos de las personas mayores, la concientización del edadismo y las formas de discriminación, y abonan el camino hacia la igualdad de género.

Dentro de las múltiples participaciones, Claudia Mahler destacó la necesidad de que más gobiernos se comprometan con el avance en la protección de este grupo poblacional, mediante la aprobación de un instrumento jurídico vinculante de carácter internacional. El camino hacia una convención de estas características precisa de compromiso multisectoriales, de consensos multilaterales y de decisiones políticas que converjan en acciones concretas para abordar las desigualdades en un mundo con cada vez más personas mayores.

Ilustración: Rocío Lana

Nota publicada en el Boletín 31 «Gestión de iniciativas para la igualdad de género de las personas mayores» del PICSPAM.