El Instituto Nacional de Personas Mayores (INAPAM) y el gobierno de México reconocen la importancia de garantizar, desde un enfoque de derechos humanos, los derechos fundamentales que la población afrodescendiente, acceso a la salud, al trabajo, a la educación y a una vida libre de violencia y de discriminación, entre otros, tal cual lo estipula la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que rige en el país.
El Gobierno de México, a través del INAPAM; ha difundido que la discriminación y la exclusión hacia la comunidad afromexicana se ubica como un «factor que invisibiliza y obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos». En tal sentido y según los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda de 2020, de un total de 2.576.213 personas afrodescendientes, el 12,4% es adulta mayor. Y de acuerdo a la información obtenida con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS), se sienten discriminadas por su apariencia, costumbres y tradiciones, lo cual se traduce en exclusión, invisibilización, falta de empleo y de recursos económicos a lo largo de la vida.
En este sentido, en México se llevan a cabo una serie de políticas destinadas a este grupo social, tal es el caso del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas que contempla la realización de proyectos económicos estratégicos, la construcción y ampliación de la infraestructura de servicios básicos, la integración territorial, difusión y fortalecimiento del patrimonio cultural, y la implementación y ejercicio efectivo de sus derechos.
Asimismo, se destaca la Pensión para el Bienestar de Mujeres Adultas Mayores, entre 60 y 64 años, residentes en comunidades indígenas o afrodescendientes y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para mayores de 65 años.
Como punto relevante, el Instituto destaca que todas estas acciones buscan remarcar la importancia que tiene la comunidad afrodescendiente adulta mayor a la hora de transmitir saberes, tradiciones y costumbre en sus encuentros con las generaciones más jóvenes, lo cual promueve la inclusión e impulsa la visibilización de la comunidad, como factores positivos para garantizar así sus derechos humanos.
Fuente: INAPAM