A través del otorgamiento bimestral de una pensión no contributiva esta iniciativa busca garantizar el acceso a la protección social de la población adulta mayor en general y, particularmente, de las mujeres indígenas.
Al igual que el resto de los países de la región Iberoamericana, México se encuentra inmerso en un proceso de recomposición demográfica tendiente al envejecimiento. Según las proyecciones de la población elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) en conjunto con la División de Población de las Naciones Unidas (DPNU), del total de la población (128.9 millones de habitantes), alrededor del 12% son personas de 60 años o más. Este porcentaje se irá incrementando: 15% en 2030; 23% en 2050 y 30% para 2070.
En la actualidad, 10.9 millones de personas mayores viven en centros urbanos, mientras que 3.5 residen en zonas rurales. En 2030 (CELADE), la población mayor rural alcanzará un total de 4.695.404, situación de incremento que se sostendrá en el tiempo: en 2070 habrá 8.2 millones de personas mayores viviendo en la ruralidad.
Este escenario evidencia la necesidad de crear estrategias que contemplen las características particulares de este grupo poblacional, considerando que en América Latina y el Caribe (ALC) los grupos definidos por edad, territorio, género u origen étnico son quienes sufren mayores niveles de exclusión.
Al respecto, la Secretaria de Bienestar de México, María Luisa Albores González[1] expresó que “combatir las desventajas en el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores es un imperativo de la administración 2019-2024, ya que persisten diferencias en el trato, negación de derechos y estereotipos vejatorios hacia las personas adultas mayores. Estas desventajas se ven agravadas en personas que son indígenas, afromexicanas, mujeres, personas con discapacidad o definidas por el lugar de residencia; lo cual impacta negativamente en las brechas de desigualdad socioeconómica que pueden representarse en ingresos, seguridad social, servicios de salud, participación en la vida política, cultura y recreación, en menoscabo de la dignidad de las personas adultas mayores y tendientes a su invisibilización”.
Si bien aún resta mucho por hacer se reconoce que, en los últimos años, los países iberoamericanos avanzaron en la expansión de los sistemas de pensiones, principalmente en las no contributivas, lo que ha favorecido a reducir parte de los riesgos económicos que surgen en la vejez.
En el caso de México, el actual gobierno rediseñó la política enfocada al bienestar de las personas mayores, reconociéndolas como titulares de derechos y contribuyendo a un piso mínimo solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva bimestral de tendencia universal, alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM). Esta política pública busca favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social, garantizando el acceso a la protección social a la población adulta mayor de 68 años o más y a la población indígena adulta mayor de 65 años o más.
Asimismo, el gobierno planificó acciones complementarias en coordinación con otras dependencias gubernamentales para cumplir con una atención integral y promover los servicios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el acceso a los servicios de Salud Universal, los mecanismos que generan fuentes adicionales de ingreso y los espacios comunitarios donde se articulan acciones encaminadas a garantizar los derechos de las personas destinatarias del Programa.
Más derechos para las mujeres indígenas mayores de 65 años
De acuerdo a los datos oficiales la mayor parte de las personas mayores se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. Sólo el 23% de las mujeres y el 40% de los varones tienen acceso a una pensión contributiva. “Pero lo más grave es que el 26% de las personas mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales”, señaló el Documento Oficial de la Federación de la Presentación del PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024.
“Estamos dando prioridad a las personas más vulnerables del país: las mujeres indígenas”, aseveró Albores González. Desde su inicio, el PBPAM incorporó a un 46% más de personas mayores. En junio de 2019 reportó 8.3 millones de destinatarias/os, 635 mil de ellas, personas indígenas. En este marco, el PBPAM se ha constituido como un derecho de todas las personas mayores y una iniciativa universal con perspectiva de género que tiene como fin garantizar el acceso a la protección social.
*Nota publicada en el Boletín 20, «Las personas mayores en el ámbito rural» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
[1] Documento Oficial de la Federación (DOF:31/12/2019). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2020.
