Recuerdos, reflexiones y desafíos pendientes a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid y a 5 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Por: Esp. Mariana Rodríguez, Esp. Leandro Laurino y Esp. Esteban Franchello
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Como se ha escuchado y dicho incontablemente, el COVID-19 generó una fuerte crisis en el mundo. La experiencia de la pandemia obligó a detenerse, mirar y pensar individual y colectivamente. Se trata de una pausa necesaria, en apariencia pasiva, que precisa de la contemplación y la reflexión para planificar la acción y el avance, podría decirse, con mayor sabiduría en muchos temas y ámbitos.
En materia gerontológica, la apuesta de la pausa propone, entre otras acciones, evaluar y reflexionar sobre los conceptos, datos, artículos y definiciones explicitadas en dos documentos relevantes y significativos, convertidos en hitos paradigmáticos de orientación programática y normativa, que vienen guiando el pensamiento y la actividad política, científica y ciudadana de un gran número de países iberoamericanos, con el objetivo de lograr el mayor bienestar posible durante el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez: la Declaración Política y Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid (2002) y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015).
En el marco de ambos documentos, que fueron elaborados colectivamente, tras años de debates e intercambios, la propuesta de reflexión implica la contemplación, el análisis y la revisión de la historia, la existencia de lo vivido concretamente, los logros alcanzados y, sobre todo, conlleva la definición de prioridades y desafíos que aún quedan por cumplir. En este sentido, el ejercicio consiste en un “ir y venir” del presente hacia el pasado y del presente hacia el futuro porque, como sostenía el filósofo danés Søren Kierkegaard, “la vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia delante”.
Del presente hacia el pasado: los recuerdos
Del 26 de julio al 6 de agosto de 1982 se llevó a cabo la Primera Asamblea Mundial Sobre Envejecimiento, en la ciudad austríaca de Viena, de la cual derivó el primer Plan de Acción Internacional. En aquella década comenzó a plantearse que la cuestión demográfica, que prometía mayor expectativa de vida a las poblaciones, era también una cuestión política, institucional y social que merecía un abordaje interdisciplinario, no sólo médico, porque comprendía al envejecimiento como un fenómeno multidimensional.
Bajo este marco, las temáticas más recurrentes que abordaron los países en vías de desarrollo fueron la salud, los sistemas jubilatorios y las pensiones. Nueve años después, el 16 de diciembre de 1991, se difundieron los 5 Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores y se instó a los gobiernos para que los incorporen en sus programas nacionales: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad.
El 21 de octubre de 1999, mediante la Resolución 47/5, Naciones Unidas proclamó The International Year of Older Persons, el “Año Internacional de las Personas de Edad”. Hoy, esta traducción invita a una reflexión sobre el lenguaje y los significados. Entendiendo que todas las personas de una sociedad tienen edades, desde un enfoque de derechos resulta recomendable utilizar el término “personas mayores”. Vale destacar que la fecha permitió incorporar una mirada transversal al tema del envejecimiento y concebirlo también en términos de cohortes y de generaciones, entendiendo que para transitar una vejez con derechos es fundamental haber vivido las etapas previas del curso de vida con acceso a oportunidades simbólicas y materiales.
En aquel año, en el marco del 1° de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, el entonces Secretario General, Kofi Annan, fue el encargado de promover el lema que, a más de 20 años, mantiene una vigencia sustancial por el desafío que supone la construcción de “una sociedad para todas las edades”. En su discurso, advertía que “definitivamente, el envejecimiento ya no es sólo un problema del primer mundo. Lo que era de importancia secundaria en el siglo XX lleva camino de convertirse en tema dominante en el siglo XXI”.
2002-2020: A 18 años del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento
Ya en un nuevo milenio, del 8 al 12 de abril de 2002, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid, cuyo objetivo consistió en “garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos” y, además, en generar una actualización del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, lo que devino en la Declaración Política y el Plan de Madrid.
Durante aquellos días, también se evaluó el trabajo realizado en los países desarrollados y en desarrollo en materia gerontológica y se realizaron jornadas, mesas redondas y exposiciones para debatir e intercambiar experiencias entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se llevaron a cabo dos reuniones científicas -el Foro Valencia y el Foro Mundial de ONG- que tuvieron como finalidad definir algunos lineamientos en torno al envejecimiento, la pobreza, la salud, la ruralidad, los derechos, la discriminación de género, entre otros puntos.
El escenario de envejecimiento fue especificado a través de datos contundentes en el documento de 2002 y posibilitó generar y profundizar el compromiso de abordar la temática con compromiso y responsabilidad: “La notable transición demográfica que se está produciendo hará que para mediados de siglo los porcentajes de la población mundial correspondientes a viejos y jóvenes sean iguales. Según se prevé, el porcentaje de las personas de 60 y más años en todo el mundo se duplicará entre el año 2000 y el 2050 y pasará del 10% al 21%; se proyecta, en cambio, que el porcentaje correspondiente a los niños se reducirá en un tercio y pasará del 30% al 21%. En algunos países desarrollados y con economías en transición el número de personas de edad supera ya al de los niños, y las tasas de natalidad han descendido por debajo del nivel de reemplazo”.
Entre las principales problemáticas que imprimía el contexto en los países iberoamericanos se identificó la necesidad de generar cambios en los sistemas de salud, de acceso a las pensiones y jubilaciones, la edad jubilatoria y también las políticas de natalidad y de inmigración. En muchas partes de América Latina la convivencia del mercado, mediante la privatización del sistema jubilatorio y el Estado, en especial en los años ‘90, dejó como resultado mayor desigualdad económica y social.
Asimismo, como puntos destacables, la Asamblea permitió, por un lado, vincular el envejecimiento y la pobreza y la necesidad de un abordaje integral ante el hecho de vivir más años, pero en condiciones dignas, y, por otro lado, reconocer el envejecimiento diferencial entre varones y mujeres para lograr la plena igualdad, a través de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y leyes.
A 18 años de estos puntos temáticos, aún resta mucho por hacer. En términos generales, la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, visibilizó las falencias e insuficiencias de abordaje y atención en los últimos años por parte de los Estados, que dificultaron y dificultan la garantía de un conjunto de derechos en la vejez.
Ya en un nuevo milenio, del 8 al 12 de abril de 2002, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Madrid, cuyo objetivo consistió en “garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos” y, además, en generar una actualización del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, lo que devino en la Declaración Política y el Plan de Madrid.
Durante aquellos días, también se evaluó el trabajo realizado en los países desarrollados y en desarrollo en materia gerontológica y se realizaron jornadas, mesas redondas y exposiciones para debatir e intercambiar experiencias entre organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se llevaron a cabo dos reuniones científicas -el Foro Valencia y el Foro Mundial de ONG- que tuvieron como finalidad definir algunos lineamientos en torno al envejecimiento, la pobreza, la salud, la ruralidad, los derechos, la discriminación de género, entre otros puntos.
El escenario de envejecimiento fue especificado a través de datos contundentes en el documento de 2002 y posibilitó generar y profundizar el compromiso de abordar la temática con compromiso y responsabilidad: “La notable transición demográfica que se está produciendo hará que para mediados de siglo los porcentajes de la población mundial correspondientes a viejos y jóvenes sean iguales. Según se prevé, el porcentaje de las personas de 60 y más años en todo el mundo se duplicará entre el año 2000 y el 2050 y pasará del 10% al 21%; se proyecta, en cambio, que el porcentaje correspondiente a los niños se reducirá en un tercio y pasará del 30% al 21%. En algunos países desarrollados y con economías en transición el número de personas de edad supera ya al de los niños, y las tasas de natalidad han descendido por debajo del nivel de reemplazo”.
Entre las principales problemáticas que imprimía el contexto en los países iberoamericanos se identificó la necesidad de generar cambios en los sistemas de salud, de acceso a las pensiones y jubilaciones, la edad jubilatoria y también las políticas de natalidad y de inmigración. En muchas partes de América Latina la convivencia del mercado, mediante la privatización del sistema jubilatorio y el Estado, en especial en los años ‘90, dejó como resultado mayor desigualdad económica y social.
Asimismo, como puntos destacables, la Asamblea permitió, por un lado, vincular el envejecimiento y la pobreza y la necesidad de un abordaje integral ante el hecho de vivir más años, pero en condiciones dignas, y, por otro lado, reconocer el envejecimiento diferencial entre varones y mujeres para lograr la plena igualdad, a través de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y leyes.
A 18 años de estos puntos temáticos, aún resta mucho por hacer. En términos generales, la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, visibilizó las falencias e insuficiencias de abordaje y atención en los últimos años por parte de los Estados, que dificultaron y dificultan la garantía de un conjunto de derechos en la vejez.
Otros sucesos que escribieron parte de esta historia
En septiembre de 2002, los representantes de los Estados miembros de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE), se reunieron en la Conferencia Ministerial sobre el Envejecimiento en Berlín, Alemania, y adoptaron la «Estrategia de Implementación Regional del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002 para la región de la CEPE». Allí se comprometieron a aplicar una estrategia integral “dirigida a promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades” y a “asegurar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y de los derechos civiles y políticos de las personas y la eliminación de toda forma de violencia, abuso y abandono, y de discriminación contra las personas mayores”.
En noviembre de 2003, casi en espejo con lo que había ocurrido en Europa unos meses antes, otra de las conferencias regionales de Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reunida a instancias del Gobierno de Chile y organismos del Grupo Interinstitucional sobre Envejecimiento, desarrollaron la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento que adoptó un nuevo instrumento regional para la implementación de las recomendaciones generadas un año antes en Madrid.
El documento en cuestión se denominó “Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento” y representa un marco de referencia, con base en las orientaciones prioritarias consagradas en el Plan, que los países deben adaptar a sus realidades nacionales con el fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas mayores de los países latinoamericanos y caribeños para contribuir a la concreción de este instrumento.
Asimismo, 2003 también fue un año donde se organizaron distintos encuentros académicos que siguieron los lineamientos definidos en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento. Entre ellos se destacaron el Congreso Panamericano de Gerontología bajo el lema “El desafío de envejecer en las Américas” realizado en Argentina, el Congreso Latinoamericano de Gerontología en Chile y el Congreso Europeo de Gerontología en España.
En noviembre de 2007, la CEPE se volvió a reunir en la ciudad de León, España, en el primer ciclo quinquenal del examen y evaluación mundiales del Plan de Acción Internacional de Madrid. Ministros y altos funcionarios de 45 Estados miembros de la CEPE y de la Comisión Europea, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales examinaron los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Regional, así como la cooperación futura.
La Conferencia Ministerial 2007 de León, aprobó la Declaración Ministerial «Una sociedad para todas las edades: retos y oportunidades”, en la que los Estados se comprometieron, entre otras cuestiones, a “garantizar la plena integración y participación de las personas mayores en la sociedad; promover un crecimiento económico equitativo y sostenible para hacer frente al envejecimiento de la población; integrar la perspectiva de género en una sociedad que envejece”.
A fines de ese año, se realizó otra instancia sustantiva organizada por CEPAL junto al Gobierno de Brasil mediante la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento, denominada “hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos». De este evento, surge un documento esencial que establecerá los primeros pasos hacia la consolidación de un instrumento vinculante internacional que obre sobre el envejecimiento y las personas mayores como fue la Declaración de Brasilia.
En dicho manifiesto se solicitó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se evalúe la posibilidad de designar un/a relator/a especial encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este grupo poblacional y los países asumieron el compromiso de consultar a los gobiernos la posibilidad para impulsar la elaboración de una convención sobre los derechos humanos de las personas mayores en el seno de Naciones Unidas.
Ya en 2010, el 28 de octubre, y siguiendo una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americano (OEA), se realizó la primera sesión extraordinaria sobre derechos humanos y personas mayores en Washington D.C., en la que participaron representantes de los Estados Miembros, expertos provenientes del sector académico, organismos internacionales y la sociedad civil, con el objetivo de analizar la viabilidad de elaborar una Convención.
En 2012, en el marco de la conmemoración de los diez años de la adopción del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas promovió la ejecución de diferentes acciones por parte de los gobiernos. De esta manera, el Gobierno de Costa Rica y CEPAL realizaron la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, cuyo eje temático fue «Envejecimiento, solidaridad y protección social: la hora de avanzar hacia la igualdad».
Dicho encuentro generó la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, uno de los documentos declarativos más relevantes para la región y que dió respaldo no sólo al Grupo de trabajo de composición abierta sobre el envejecimiento en el marco de Naciones Unidas, constituido para construir la viabilidad de un tratado internacional, sino que apoyó categóricamente al Grupo de trabajo de la OEA para el avance en la elaboración de lo que luego culminó con la aprobación de la convención interamericana. Paralelamente, durante el mismo año, los estados miembros de la CEPE, se reunieron en la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, en Viena, bajo el lema “Garantizar una sociedad para todas las edades: promover la calidad de vida y el envejecimiento activo”. En esta instancia evaluaron la aplicación, a 10 años de la adopción de la Estrategia Regional consagrada en Berlín, y adoptaron por unanimidad la Declaración Ministerial de Viena de 2012. En el documento se abordaron los progresos realizados, así como los retos pendientes. Entre ellos se destaca la importancia de crear y fortalecer “políticas sobre salud y bienestar de las personas mayores complementadas con medidas de empoderamiento, particularmente de mujeres mayores, y de prevención de abusos, negligencia y soledad, así como de medidas para reforzar la solidaridad entre generaciones”.
2015-2020: A 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Para promover la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), la experta de CEPAL y coprotagonista de este hito, Sandra Huenchuan, identificó tres elementos básicos -en un reciente webinario- que se plantearon inicialmente a la hora de avanzar sobre esta decisión. Primero señaló que “existía una dispersión normativa que limitaba la protección de los derechos de las personas mayores”. Un segundo elemento presentado fue “la falta de especificación de los derechos humanos de las personas mayores”. En tanto que el tercero se expresó en términos de una “insuficiencia en la definición de las obligaciones del estado”, lo que “significaba que las acciones que se dirigían a las personas mayores por parte de los gobiernos no se consideraban una obligación”.
Luego de 5 años de debates y negociaciones, el 15 de junio de 2015 se aprobó la CIPDHPM en el seno de la OEA, una fecha simbólica y muy significativa para las acciones de protección y promoción de los derechos de este grupos social: el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Se trata del primer, y hasta ahora único, instrumento jurídico específico de carácter vinculante que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores de las Américas.
Los primeros países en firmar el documento de la Convención fueron Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Un año más tarde, en 2016, se sumaría la firma del Gobierno de Bolivia y el 13 de diciembre de 2016 la CIPDHPM entró en vigencia tras ser depositado el instrumento ante la OEA por parte de Costa Rica. Esto es así, ya que Uruguay fue el primer país en ratificar y depositar la Convención, ese mismo año. En 2017 llegarán las ratificaciones y depósitos de Bolivia, Argentina y Chile, y en 2018 y 2019 lo harán El Salvador y Ecuador, respectivamente.
Por lo tanto, en la actualidad sólo 7 países han ratificado la Convención Interamericana de los 35 Estados miembros que integran la OEA. Hay países donde se ha visto postergada esta negociación y existen otros que han logrado avanzar en sus dinámicas de consenso y procesos parlamentarios sobre la importancia y la necesidad de este instrumento (como por ejemplo el caso de Colombia, que podría ser el octavo país en ratificar la CIPDHPM en el corto plazo). Este escenario supone un desafío considerable para la región -en general- y -en particular- para quien ejerza la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Mayores de la OEA, en este caso y por el periodo 2020-2023 se encuentra a cargo de la Comisionada Julissa Mantilla Falcón.
“Ratificar esta Convención se enmarca en las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Se enmarca en el principio de no discriminación, en el de progresividad (…) y en que los tratados de derechos humanos ‘son instrumentos vivos’, es decir, que se van modificando y se van adecuando, reconociendo los derechos de las personas. (…) Los Estados necesitan herramientas que les permitan desarrollar sus políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y las personas mayores de nuestra región necesitan un mecanismo específico de protección a sus derechos”, expresó Mantilla Falcón, en un reciente encuentro internacional virtual sobre la implementación de la CIPDHPM.
Antes y después de la aprobación, el documento despertó algunos debates en torno a su relevancia. En algunos casos, se argumentó que con la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no era necesario sumar un nuevo instrumento. La posición contraria resaltaba la importancia de tener una herramienta normativa específica sobre las personas mayores, porque había sido muy debatido y porque compartía conceptos particulares e importantes para el abordaje gerontológico en la región de América Latina y el Caribe (ALC).
En un reciente curso virtual, promovido por la Sede subregional de la CEPAL en México, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Dr. Alejandro Morlachetti, asesor regional en Derechos Humanos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso comprender los acuerdos, tratados y convenciones sobre derechos humanos como “procesos y legados”. Es decir, se trata de una mirada que va más allá del momento actual y genera posibilidades de concreción de los derechos “que tal vez no lleguemos a vivir, pero que vivirán otras generaciones”.
Asimismo, bien vale recordar la perspectiva de la historiadora Lynn Hunt, quien advierte a las sociedades que los derechos humanos no son estáticos, son discutibles, dinámicos, modificables y, por lo tanto, no pueden quedar definidos de una vez y para siempre. El mundo cambia y hoy eso es más que evidente, y las sociedades y sus grupos cambian consecuentemente junto con la percepción de los derechos.
Ahora bien, entre los puntos destacables de la CIPDHPM que señalaron diferentes especialistas de la región, se ubica el enfoque integral que el instrumento presenta frente al abordaje de la vejez y el envejecimiento, a la incorporación de definiciones tales como “discriminación por edad” y “discriminación múltiple”, y la explicitación que sostiene que “la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas”, entre otros derechos enumerados.
A 5 años de la CIPDHPM resulta fundamental, reconocen los expertos, continuar abogando para sumar adhesiones que favorezcan su consolidación en la región. Esto implica también trabajar al interior de los países para que este marco se difunda en todos los ámbitos y que construya la legitimidad necesaria que dé cuenta de su peso específico para la defensa de los derechos de este grupo poblacional.
En tal sentido, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, uno de los organismos claves en el acompañamiento técnico a los gobiernos de la región en todo este proceso (junto OPS y CEPAL), afirma que “la aprobación de este instrumento jurídico significa la inclusión del tema de la vejez como un tema de derechos humanos”, lo que implica una modificación en la mirada y en las formas de abordaje de la familia, la sociedad y el Estado con las personas mayores.
Para acceder a la Nota Central completa número podes visitar la Hemeroteca del Programa o bien haciendo clic aquí
*Nota Central publicada en el Boletín 22, «Reflexiones, logros y desafíos: a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento Madrid (2002) y a 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
