Por: Esp. Mariana Rodríguez, Esp. Leandro Laurino y Esp. Esteban Franchello
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El mundo lleva casi dos años transitando una experiencia pandémica inédita e inesperada que tuvo y continúa teniendo matices e intensidades en múltiples aspectos y ámbitos. La complejidad que reviste este fenómeno requiere, justamente, de un abordaje integral, multidisciplinar y del compromiso de todos los sectores. Muchas veces es necesario resaltar lo evidente: se precisan políticas públicas y acciones para dar respuesta a millones de personas, en especial, a aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
En el ámbito de la salud, los/as profesionales especialistas sostienen que es difícil identificar todas las consecuencias -en el cuerpo, la psiquis y el alma- de vivir una experiencia como la generada por el COVID-19, en la que frente a las características particulares del virus que precisa del distanciamiento y el aislamiento social para su prevención, han primado fuertemente sensaciones y sentimientos adversos como temor, angustia, imprevisibilidad, irritación y depresión, entre otras.
En sus inicios y de forma contundente, el coronavirus embistió a las sociedades del mundo entero y las llenó de nuevas incertidumbres: ¿Qué (nos) sucederá? ¿Cómo se afrontará este fenómeno? ¿Cuánto tiempo durará? La sobrecarga de noticias, contabilizando los casos y las muertes de manera sistemática, aportó también a la afectación de la salud mental de muchas personas de todas las edades, agravando la de quienes ya tenían problemas existentes, pero especialmente atentó contra el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores: el grupo identificado como el de mayor vulnerabilidad y riesgo de muerte.
“¿En qué lugar dejamos a las personas mayores cuando las definimos como grupo vulnerable?”, preguntaba oportunamente el psicólogo Fernando Berriel en una entrevista brindada al noticiero VTV de Uruguay. Su interrogante invitaba a reflexionar sobre aquello que no era una mera definición, sino también una forma de posicionar a este grupo social frente a la pandemia, en particular, y frente a la existencia, en general. ¿Cómo contribuir, entonces, al fortalecimiento o empoderamiento de este grupo si las palabras que lo definen lo debilitan y desempoderan? El abordaje de la salud mental precisa, entre múltiples acciones, de una reflexión comunicacional y cultural que no es menor para la consolidación de derechos.
¿Qué desafíos deberán asumir las sociedades y sus gobiernos? ¿Qué mecanismos de prevención y promoción de la salud tendrán que activarse o reforzarse para favorecer y acompañar la vida? Habrá también que continuar generando instancias de capacitación y reflexión sobre cómo se vive la vejez y cómo se desarrollan los procesos de envejecimiento en este nuevo escenario mundial.
Afortunadamente, durante todos estos meses, los organismos regionales, internacionales y nacionales junto a sus profesionales, especialistas, funcionarios/as y trabajadores/as vinculados/as a la gerontología y la geriatría no han parado de proponer y crear herramientas y actividades para el abordaje de las personas mayores a través de charlas, seminarios, congresos, recomendaciones, artículos, guías y publicaciones. Hay una certeza: resta mucho para seguir haciendo.
La salud mental en foco
En virtud de los datos publicados en la última edición del Atlas de Salud Mental, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que “es extremadamente preocupante que pese a la evidente y creciente necesidad de servicios de salud mental, agudizada aún más durante la pandemia de COVID-19, no se cumplan los compromisos adquiridos de inversión”.
Al respecto, el mencionado documento señala que en 2020, “el 51% de los 194 Estados Miembros de la OMS informaron que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos” y que sólo “el 52% de los países cumplieron la meta relacionada con los programas de prevención y promoción de la salud mental”, ambas cifras muy por debajo del objetivo del 80%.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también advirtieron que la pandemia evidenció las deficiencias de los sistemas de protección social, las debilidades de los sistemas de salud pública junto con las consecuentes desigualdades que enfrentan los grupos poblacionales en cuanto a su derecho a la salud.
En sintonía con ambos organismos, el documento que lanzó la Federación Mundial de Salud Mental, publicado el pasado 10 de Octubre con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2021, expone en uno de sus artículos un conjunto de factores que generan desigualdades sociosanitarias en la vejez, que “pueden agravarse aún más por la discriminación de género, étnica y racial de las personas mayores” y cómo la pandemia ha puesto en evidencia “la marginación biopsicosocial” de este grupo poblacional dando lugar a una “crisis invisible de derechos humanos” en dicho contexto.
El Atlas también expresa que “más del 70% del gasto público en salud mental se asigna a hospitales psiquiátricos en los países de ingresos medios, frente al 35% en los países de renta alta, lo que indica que los hospitales psiquiátricos centralizados y la atención hospitalaria institucional todavía reciben más fondos que los servicios prestados en los hospitales generales y los centros de atención primaria de salud en muchos países”. En este aspecto, la OMS recomienda modificar los modelos de atención para evitar que los servicios de salud mental sean solamente institucionales.
Asimismo, y complementando el panorama social, económico y político, el informe de OIT, “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia”, puntualiza que apenas el 47,2% de las personas mayores de 65 años recibe una pensión o jubilación, el 7% tiene una pensión e ingresos laborales, el 14,9% sólo ingresos laborales y el 30% no recibe ningún tipo de pensión ni de ingreso laboral. Vale remarcar aquí que la ampliación de las prestaciones sociales van de la mano con la ampliación de la inversión en salud mental y la reducción de las desigualdades. Como destacó el titular de la OMS: “no hay salud sin salud mental”, esta última definida como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Desde una concepción ecológica y social, la doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Montero López-Lena, complementa la definición de la OMS y agrega que “el concepto de salud mental hace referencia tanto al estado como al proceso que permite al organismo mantener y prolongar el equilibrio físico, social y emocional”. Y desarrolla: “como estado, la salud mental integra la noción de bienestar subjetivo, donde el componente esencial es la percepción de funcionalidad adaptativa que la persona alcanza a partir de sus interacciones con el contexto socio-físico donde se desenvuelve. Como proceso, la salud mental es el resultado de transacciones continuas y equilibradas entre la persona y los contextos físico, biológico, social, cultural y diacrónico”. Asimismo, la especialista aclara que equilibrio e interacciones recíprocas son dos dimensiones vinculantes entre el estado y el proceso de salud mental que ocurren entre los diferentes niveles de desarrollo donde se desenvuelve la persona.
Justamente, este equilibrio físico, social y emocional se torna difícil de alcanzar para quienes transitan sus cursos de vida y sus vejeces en condiciones de desigualdad material y simbólica. Y si los problemas de salud mental están estrechamente vinculados a los factores sociales, económicos, políticos y culturales, entonces hay grupos que corren mayores riesgos de padecer trastornos mentales y son aquellos que han sido históricamente discriminados: personas mayores, con discapacidad, LGBT+ (Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales y otras identidades), mujeres, migrantes, pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros posibles.
En esta línea, la especialista de CEPAL México, Sandra Huenchuan, destaca que “entre las variables que aumentan el riesgo en las personas mayores frente al COVID-19, se mencionan las condiciones de salud subyacentes, el debilitamiento del sistema inmune que dificulta el afrontamiento de nuevas infecciones, pero también la soledad, el aislamiento y la falta de respuesta de los sistemas de salud que empeoran la situación de muchas personas mayores”.
Específicamente, el especialista e investigador español Javier Yanguas, en conversación con este Boletín, advierte que «estamos empezando a ver las consecuencias de la pandemia en la salud mental y los estudios así lo dicen: se ha multiplicado por tres la tristeza, por cuatro la ansiedad y por cinco el estrés postraumático. (…) La soledad en personas mayores cada vez es más compleja (…) y esta complejización, unida a otros problemas, hace que las personas que trabajamos en este ámbito tengamos cada vez más dificultades para hacer frente. (…) Las medidas de contención han sido universales, pero las consecuencias en las personas han sido muy distintas”.
De esta manera, nuevamente lo evidente, la salud mental de las personas mayores precisa de la acción política para ser garantizada, se necesita la presencia de los Estados para el logro y/o fortalecimiento de sus derechos humanos. Y como explicita la psicóloga chilena Ingrid Fergusson, “cuando pensamos en términos de políticas para la vejez, debemos pensar en políticas que no se inicien solamente en esa etapa de la vida, sino en cómo se construye una trayectoria de vida que permita adecuados niveles de salud mental”.
En un informe realizado conjuntamente entre CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), denominado “La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social”, los organismos señalaron que “en un contexto en que la pandemia de COVID-19 aún no se ha controlado, se mantienen los retrocesos sociales en materia de pobreza y pobreza extrema, desigualdad, inequidad en el acceso a la salud, educación y nutrición, entre otros, lo que refleja que el repunte económico no será suficiente para que la recuperación sea transformadora, con igualdad y con sostenibilidad ambiental.
Dichas observaciones aumentan el nivel de los desafíos pendientes y marcan la urgencia. En ese camino, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas, junto con la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 se constituyen en los marcos para lograr y apoyar las acciones destinadas a construir “una sociedad para todas las edades”. Claro que también aporta el Plan de Acción Integral de Salud Mental de la OMS que proponía metas para 2020, que ha sido extendido hasta el año 2030, y que ahora cuenta con nuevos objetivos, entre ellos, ampliar el apoyo sanitario y psicosocial en los planes de preparación para emergencias, la integración de la salud mental en la atención primaria de salud y la investigación en salud mental.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento también aportan al reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derecho que tienen el derecho a disfrutar de una vida plena, autónoma e independiente, con participación en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Algunos de sus principios generales más relevantes refieren a: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; la igualdad y no discriminación por edad en la vejez; el bienestar y el cuidado; y el buen trato y la atención preferencial.
La pandemia por COVID-19 profundizó la mayoría de los problemas económicos y sociales de los países que, como ya se mencionó, impactan en la salud mental de sus comunidades. En un contexto que requiere de cooperación, es urgente concretar los lineamientos de los documentos regionales y de las propuestas mundiales para garantizar el desarrollo y la existencia de las personas mayores en un marco de derechos humanos. Aquí, la importancia, también, de avanzar hacia una Convención Internacional en el ámbito de Naciones Unidas, tal y como se exhorta desde el documento de la Federación Mundial de Salud Mental, “para restaurar la igualdad sanitaria y los derechos humanos de las personas mayores”.
La resiliencia y lo comunitario frente a la pandemia
Inmersas en condiciones de distanciamiento y aislamiento social, muchas personas mayores también dan cuenta de su capacidad de adaptación y resiliencia. Por lo tanto, como señala el psicólogo e investigador español, Feliciano Villar, en diálogo con este boletín, “es injusto abordar esta etapa de la vida sólo desde una perspectiva de la patología y el riesgo. Hemos de valorar, tener en cuenta y aprovechar las fortalezas de las personas mayores, no sólo tenemos que fijarnos en sus debilidades”.
Por otra parte, el maltrato, el destrato, la subestimación, la infantilización y la discriminación generan impactos negativos en la salud mental. Cuando se interiorizan los estereotipos, señala la psicoanalista Marisol del Pozo en una reciente charla virtual, se anulan las posibilidades de hacer y de ser: «a esta edad ya no puedo esperar más»; «a esta edad por qué voy a querer probar nuevas actividades»; o «eso ya no me corresponde». Complementaria a esta línea argumental, el psicólogo clínico y psicoanalista Emanuel Rechter brinda su aporte: “uno de los efectos de la infantilización es que tiende a la des-subjetivación, a negarse a la subjetividad del otro y, por lo tanto, surge la imposibilidad de reconocer al otro como sujeto de derecho”.
Al respecto, la especialista uruguaya, Adriana Rovira, reflexiona y añade que “hay una conceptualización situada del concepto de salud mental que también es cultural y tiene que ver con la manera en que determinadas comunidades entienden el padecimiento, el aumento de riesgo psicosocial y los factores protectores”. Aquello que una persona siente no sólo tiene que ver con su individualidad. Hay un conjunto de significaciones que han venido atravesando su propia existencia. Hay una objetividad/subjetividad indivisible.
A su vez, Rovira advierte que “la noción de salud mental debe ser comprendida en el actual contexto de crisis humanitaria que la pandemia ha generado, lo cual incide en la forma de evaluar y pensar conductas. No se puede pensar la ansiedad o la depresión como factores internos de las personas, sino como producciones sociales efectos de las medidas de aislamiento y distanciamiento que se han llevado adelante para evitar contagios”.
Vinculado a lo anterior, el reciente documento de la Federación Mundial de Salud Mental, presenta una tabla que enumera una serie de efectos psicosociales que la pandemia ha provocado en las personas mayores, entre ellos se mencionan: miedo a morir solo/a; aislamiento social; soledad; duelo y “culpa del superviviente”; empeoramiento de demencias y depresiones preexistentes; ansiedad; estigma y discriminación por edad; aumento de los malos tratos (especialmente en instituciones); propensión a la desinformación y restricción de la movilidad y la autonomía.
Por otro lado, las palabras reflexivas de Mercedes Zerda, en diálogo con este Boletín, contribuyen a ampliar la mirada sobre la salud mental a partir de su experiencia con personas mayores indígenas originarias de Bolivia. Según la psicogerontóloga, la medicina aymara tiene una visión holística “que entiende al cuerpo como una unidad que funciona relacionando todos los órganos y sistemas, pero además no diferencia la salud física de la salud mental, todas las enfermedades tienen componentes físicos, emocionales y mentales”. Asimismo, afirma que “la fortaleza de su sistema comunitario permitió enfrentar la pandemia con una visión muy diferente a la de la cultura occidental, que ha reaccionado propagando mucho miedo y las personas mayores de la Comunidad Awicha, y en general el pueblo Aymara, perciben de otra manera la pandemia. Es ahí donde entramos al ámbito de la salud mental que tiene que ver con la espiritualidad de este pueblo, sostenida sobre todo por las personas viejas”.
En dicha población mayor, reconoce Zerda, “no han emergido problemas de salud mental con la pandemia. Su manera de relacionarse con la naturaleza y su fuerte sentido comunitario les hace muy resistentes a trastornos mentales y les brinda herramientas para enfrentarlos, en las comunidades campesinas el sostén comunitario todavía es mayor”. Mientras que en las ciudades, donde el sentido de lo comunitario suele aparecer más desdibujado y en general las personas mayores viven solas, las posibilidad de atravesar momentos de soledad no deseada alertó a organismos públicos y a organizaciones civiles, quienes impulsaron propuestas de voluntariado y aprendizaje, especialmente con la intención de favorecer la conexión e integración virtual.
El Instituto de Sociología de la Universidad Católica (UC) de Chile y el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE) realizaron un estudio sobre “La Calidad de Vida de las Personas Mayores Chilenas durante la Pandemia COVID-19”, que se llevó a cabo mediante seguimientos telefónicos a 720 personas mayores. La investigadora principal, Soledad Herrera, señala que el nivel de satisfacción de las personas mayores bajó muchísimo en la pandemia, “con un fuerte aumento en los problemas de salud mental, especialmente los síntomas depresivos y de ansiedad”.
Sin embargo, Mariane Krause, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UC, destaca que «se ve, al mismo tiempo, que las personas mayores han tenido recursos específicos para sobrellevar esta situación de estrés. Por ejemplo, un mayor uso de teléfonos inteligentes (uso de videollamadas y redes sociales), una mayor conectividad social y un aumento de la presencia y de la colaboración intergeneracional. Por lo tanto, este estudio nos muestra no solamente el impacto negativo de la pandemia, sino la capacidad de resiliencia de las personas mayores, y como Facultad tenemos un compromiso con visibilizar las preocupaciones de las personas mayores en esta crisis no solo sanitaria, sino también psico-socio-cultural”.
Asimismo, Fernando Berriel enfatizó, en la entrevista citada anteriormente, que “si bien las personas mayores tienen fragilidades ante el virus, no se las debe definir como personas frágiles, ya que tienen recursos propios para afrontar la situación. (…) Tienen fragilidades ante este virus, no son personas frágiles. Han pasado por muchas situaciones difíciles en su vida y tienen más recursos de los que se supone”. Por su parte, la investigación realizada en Argentina, “Aspectos emocionales de las personas mayores durante la pandemia por Covid-19”, dirigida por Ricardo Iacub, remarca que las personas mayores transitaron la primera parte de la pandemia “con un menor nivel de emociones negativas y una alta regulación emocional. Dentro de este grupo, quienes contaron con mayores recursos fueron los varones, los de nivel educativo más alto y los de mayor edad”.
Es importante analizar la desigualdad a partir del enfoque interseccional porque marca diferencias de género, de clase, entre otros. Por ejemplo, Herrera resaltó también que si bien el uso de smartphones fue fundamental para sobrellevar el confinamiento, también se identificó que está muy desigualmente distribuido según el estrato social. De modo similar, Iacub también reconoció, en diálogo para este Boletín, que si bien se pudo constatar en un primer momento de la pandemia la capacidad de resiliencia de las personas mayores, con el transcurso de los meses y “identificamos que hay un grupo que quedaron afectados por el encierro y por el temor a que les suceda algo. Por la pérdida de contacto y de estímulos, incluso hemos visto agravamiento en algunas personas que ya tenían deterioro cognitivo”.
Las personas con Alzheimer y otras demencias conforman otro de los grupos nucleares de investigación y de desarrollo de políticas. Según el informe sobre la situación mundial de la respuesta de salud pública a la demencia de la OMS, apenas el 25% de los países del mundo presenta una política, estrategia o plan nacional de apoyo a las personas con demencia y sus familias. La OMS calcula que “más de 55 millones de personas (el 8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años) viven con demencia, 10,3 millones en la Región de las Américas”. Se estima que en 2030, la cifra se incrementará a 78 millones en 2030 y, en 2050 alcanzará los 139 millones. Estos datos marcan la relevancia de formar profesionales y de generar propuestas de atención a las personas con demencia que incluyan la atención primaria de la salud, atención especializada, rehabilitación, cuidados de larga duración, servicios comunitarios y espirituales y también cuidados paliativos.
Respecto a quienes cuidan, entre las estrategias para enfrentar las crisis emocionales y sobrecargas, algunos organismos públicos, entre ellos el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) de Chile y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) de Argentina, presentaron propuestas mediante capacitaciones virtuales y elaboración de guías. En vinculación con este tema, y como ocurre en la mayoría de los países de la región, en Chile el 85% de las personas cuidadoras de personas mayores son mujeres que trabajan más de 12 horas diarias. Por ello, “es fundamental contar con instancias que busquen ayudar a promover el autocuidado de las personas que cuidan y que permitan adquirir herramientas para manejar el estrés, contribuyendo así a su bienestar y el de la persona que cuidan”, expresó el Director de SENAMA, Octavio Vergara.
Aún en contextos adversos para la salud mental, se pueden identificar mecanismos y actitudes de cuidado para las personas mayores, cuidadores/as, familiares y redes sociales. Pensar herramientas que aborden la resiliencia es otra de las tareas que queda pendiente para potenciar desde las políticas públicas en este nuevo mundo incierto que estará integrado por un porcentaje alto de personas mayores y de personas con Alzheimer y otras demencias. La pandemia continúa y en su paso deja huellas que para los Estados se traducen en múltiples desafíos, entre otros, para abordar la salud mental no sólo de las actuales personas mayores, sino también de quienes transitarán la vejez en el futuro.
Acciones necesarias para la promoción y prevención de la salud mental en tiempos de COVID-19*
- Ampliar las herramientas de protección social y los sistemas de salud.
- Reconocer y combatir la pobreza y la desigualdad en tanto factores nocivos para la salud mental y el bienestar general.
- Generar las condiciones de recuperación sanitaria a través de políticas de salud mental pensadas desde un enfoque interseccional e intersectorialmente.
- Incluir políticas para la construcción personal y social de la resiliencia.
- Incrementar las propuestas de formación y capacitación sobre cuidados, Alzheimer y otras demencias a personas cuidadoras, familiares y grupos de la sociedad civil.
- Pensar estrategias comunicacionales a favor de la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos.
- Desmitificar la imagen social de la vejez y el envejecimiento, para superar los estigmas sociales y estereotipos arraigados y profundizados en la pandemia.
- Multiplicar las investigaciones sobre la salud mental de las personas mayores en diferentes contextos: ciudades, zonas rurales, en residencias, entre otros.
- Crear y potenciar los vínculos entre los países para dar a conocer experiencias y formas de abordajes.
- Descentralizar la atención de salud mental hacia entornos comunitarios.
- Crear instancias de alfabetización digital para personas mayores y acceso a las tecnologías de comunicación.
- Editar publicaciones con información práctica y sencilla sobre salud mental, resiliencia, Alzheimer y otras demencias destinadas a diferentes personas o grupos: estudiantes, profesionales, cuidadores/as, familiares, personas usuarias de la salud, comunicadores/as.
- Construir sociedades más sostenibles, solidarias e inclusivas.
* Elaboración propia en base a los materiales consultados.
**Nota Central publicada en el Boletín 25, «Salud mental de las personas adultas mayores, en especial en tiempos de pandemia por el COVID-19» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
