La situación de las personas mayores paraguayas impone grandes desafíos en materia de política pública y estos retos se acentúan cuando se hace foco en las mujeres mayores. Si bien el país ha realizado avances en la mejora de la calidad de vida de este grupo poblacional, resulta determinante continuar con el fortalecimiento de estos procesos que reconocen, reparan y promueven derechos. La concertación de esquemas plurales de políticas específicas parece ofrecer una nueva oportunidad para cristalizar mejoras sostenibles en la población mayor del Paraguay.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), como órgano rector sobre personas mayores (Ley N° 1885/02 “De las Personas Adultas” y su Reglamentación N° 10068/07), a través de su Dirección de Adultos Mayores (DAM) del instituto de Bienestar Social (IBS), presentó oficialmente el 18 de julio de 2023 la “Política Nacional de las Personas Mayores del Paraguay”. Este documento aporta un nuevo marco político (el anterior data de 2012) para abordar acciones que tiendan al ejercicio efectivo de derechos y a mejorar la calidad de vida de las personas de 60 y más años en el país, así como el de sus familias, sus comunidades y de la sociedad en general.
El 5 de junio pasado, por Resolución S.G. N° 264, fue aprobada esta herramienta en materia de política pública gerontológica y se dispuso su implementación y aplicación en todo el territorio de la República. “El Gobierno nacional adopta la Política Nacional de las Personas Mayores del Paraguay, Año 2023, con el fin de organizar las acciones para responder a las necesidades de las personas mayores, con énfasis en aquellas que se encuentren en condiciones de desigualdad social (religión, género, cultura y en contextos de pobreza y restricción de recursos), considerando el curso de vida”, establece la presentación del documento.
En otras palabras, el propio instrumento se define como una guía orientadora “para que el proceso de envejecimiento poblacional se desarrolle en condiciones que fomenten las potencialidades del curso de vida y posibiliten la construcción de una sociedad más justa y equitativa para personas de todas las edades”. “Se trata de una política pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del Gobierno y a las organizaciones sociales con el objeto de visibilizar, movilizar, intervenir y garantizar un envejecimiento digno y saludable”, agrega el documento.
Para llevar adelante el propósito “de lograr una sociedad donde primen la justicia y equidad de manera inclusiva y sostenible en el tiempo”, fue necesario “establecer una red entre diversos actores y sectores del ámbito público y privado, tanto a nivel nacional como subnacional, para responder a las necesidades de las personas mayores”.
Es por ello que el proceso de construcción y validación de esta política fue colectivo y participativo, con enfoques intersectoriales e interinstitucionales.
Según fuentes oficiales, el proceso de discusión y de diseño de esta herramienta comenzó en 2019 con el “Foro de abogacía multisectorial por los derechos de las personas adultas mayores”, del que surgió la conformación de un “Grupo Impulsor de la Política Nacional de Personas Mayores en el Paraguay” que trabajó hasta 2022, a fin de brindar diversas respuestas a la temáticas y desafíos que propone el envejecimiento poblacional y la vejez en el país.
Dicho Grupo Impulsor fue conformado por organismos gubernamentales e internacionales de cooperación técnica, organizaciones no gubernamentales (entre ellas agrupaciones civiles de mayores del país), gobiernos locales, referentes de universidades, de cooperativas, parroquias, policía, docencia y estudiantes a nivel nacional, y fue conducido mediante la realización de “talleres de planificación estratégica”, que se llevaron a cabo en la Capital y en diferentes departamentos del país, con el apoyo de la Oficina de Atención a Personas Mayores de las diferentes Regiones Sanitarias del MSPyBS.
Algunos de los organismos públicos impulsores del Grupo son, además del Ministerio de Salud por intermedio del IBS y su Dirección de Adultos Mayores, así también por otras dependencias como la Dirección General de Programas de Salud y sus direcciones de Género y de Salud Mental, los Ministerios de Educación y Ciencias; del Interior; de Desarrollo Social; de Hacienda; y el Ministerio de la Mujer, entre otras dependencias gubernamentales. También participa el Instituto de Previsión Social (IPS), a instancias de su Hospital Geriátrico “Prof. Dr. Gerardo Buongermini”; la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara Baja y, dentro de los organismos internacionales, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Paraguay.
Otros de los actores colectivos significativos de este proceso son el “Comité Consultivo y Enlace de Adultos Mayores” (órgano de representación del movimiento asociativo de mayores, por Resolución Ministerial N° 782/2007); la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría (SPGG); así como la Asociación de Jubilados/as y Pensionados/as de la ANDE (AJUPECANDE); el Consejo de Adultos Mayores del Departamento Central; la Asociación Pro-Defensa de los Adultos Mayores (ADAM); Grupo de Adultos Mayores Arasa Poty; representantes del Grupo Coral “Voces del Atardecer”; Centro Paraguayo Japonés, entre otras asociaciones de mayores de todo del país.
En definitiva, esta construcción plural que dió surgimiento a este nuevo marco político gerontológico en el Paraguay hace que no se trate de un instrumento definido, estático y cerrado, “sino más bien flexible, que pueda adaptarse y responder a los contextos y realidades dinámicas y cambiantes que atraviesan las personas mayores sin que se pierda el enfoque de los principios y valores que la nutren, así como los desafíos propios que conlleva el avance de la transición demográfica”.
La transversalidad de la perspectiva de género y los retos para la política gerontológica paraguaya
Más allá de la participación del propio Ministerio de la Mujer o de la Dirección de Género del Ministerio de Salud en la producción de esta política nacional, la misma recurre a marcos conceptuales y normativos nacionales e internacionales para darle una impronta que posibilita realizar o potenciar el abordaje de las mujeres mayores y la desigualdad de género en el país, que forma parte de los desafíos que enfrenta el Paraguay en este grupo poblacional, como muchos otros países de la región.
Con relación a lo dicho, dentro de los valores fundamentales en los que se basa esta Política se encuentran: la dignidad, la universalidad, la autonomía, la integridad, la igualdad, la equidad social, y la interculturalidad. A su vez, tales valores se materializan y toman sentido en varios principios, entre los que se destacan: “la responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad en la inclusión y revalorización de las personas mayores en la sociedad”; “la autonomía como principio para lograr la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad”; “la solidaridad y responsabilidad intergeneracional”; “el respeto, el buen trato y la valorización de la diversidad cultural y territorial”; “la eliminación de toda forma de discriminación, principalmente las relacionadas con el edadismo”; y “la equidad e igualdad de género”.
Asimismo, en lo que respecta a un marco normativo referencial específico, esta Política contempla en su corpus la Recomendación General N° 27, realizada en 2010, sobre las mujeres mayores y la protección de sus derechos humanos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida como CEDAW, por su sigla en inglés). La misma reconoció que “la edad es uno de los motivos por los cuales las mujeres pueden ser víctimas de discriminación. Esta se suma a otros tipos de discriminaciones de género, lo que dota a este problema de un carácter multidimensional”.
Por su parte, y dentro de las principales leyes nacionales específicas que resaltan el marco normativo del que se nutre esta Política en materia de género, está el Decreto N° 6973/17 por el cual se reglamenta la Ley N° 5777/2016, “De Protección Integral a las Mujeres, contra Toda Forma de Violencia», que establece políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia las mujeres, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como privado.
De esta manera, si bien Paraguay cuenta con políticas públicas específicas desde lo gerontológico ya instaladas, como mucha de las mencionadas, así también instituciones e instrumentos con enfoque de género, la implementación ha presentado algunas dificultades a los retos que plantea el envejecimiento poblacional y las diversas problemáticas que afronta el grupo de las personas mayores del país, entre ellas las mujeres. Es probable que, como dan cuenta algunos diagnósticos oficiales, este cuadro pueda estar vinculado a los procesos de institucionalidad, de coordinación y articulación conseguidos hasta el momento. Tal vez este proceso plural, que ha implicado la construcción de este nuevo marco político, colabore en ese sustento necesario para avanzar en ese sentido.
Con tales fines, esta Política Nacional establece entre sus acciones un conjunto de líneas estratégicas para su desarrollo. Las mismas son: 1) Mecanismos de gobernanza, liderazgos inclusivos, eficientes y transparentes; 2) Sistema integrado de protección social; 3) Educación y capacitación continua a lo largo de la vida; 4) Sistema de salud universal que garantice el bienestar de las personas mayores; 5) Redes de cuidado nacionales para la inclusión social; y 6) Creación y promoción de entornos seguros e inclusivos. Para cada una de ellas, el documento establece “desafíos”, aquí se destaca puntualmente (en consideración al eje temático de esta nueva edición del boletín) el quinto desafío, orientado a “generar un sistema de cuidados que promueva la inclusión social de las personas mayores y la armonía familiar teniendo en cuenta el enfoque de género”.
Finalmente, esta Política plantea seis objetivos específicos con sus respectivas líneas de acción. Al igual que se hizo anteriormente, se resaltan los objetivos 4 y 5 en función de las potencialidades que ofrecen para abordar las particularidades de las mujeres mayores en el Paraguay, así como aportar a iniciativas destinadas a la igualdad de género en el país. En ese sentido, el Objetivo 4 plantea “fortalecer el sistema de salud para dar respuestas universales e integrales, de calidad y con calidez a las personas mayores” y para ello debe hacerlo “con perspectiva intercultural y de género, sin ningún tipo de discriminación, así como soluciones preferenciales, a las necesidades de cuidado”. Por su parte, el Objetivo 5 establece “Fortalecer y ampliar las redes de cuidado para las personas mayores dependientes que presentan condiciones incapacitantes o se encuentran limitadas en el ejercicio de su autonomía”. Con su avance, se contribuirá a “reducir las desigualdades de género y por grupos etarios” en las tareas de cuidado.
La DAM y algunas iniciativas para la igualdad de género
Como se dijo, esta nueva política nacional instituye al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través del Instituto de Bienestar Social (IBS) y su Dirección de Adultos Mayores (DAM), como órgano impulsor y a su vez rector en materia gerontológica del país. En esta doble función, la DAM lleva adelante la coordinación y la ejecución programática de las acciones y políticas públicas específicas. Para ello, articula con distintos organismos nacionales y subnacionales, mediante la realización de “mesas de trabajo”, además de concretar alianzas estratégicas con representantes del sector civil y privado.
Al respecto, como parte de un informe que ofreció la DAM para la producción de esta nota en el Boletín del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM) y considerando su accionar en materia de género, la Dirección estableció que se aboca a “promover la igualdad de oportunidades y de acceso a la educación y/o capacitaciones a lo largo de la vida, con talleres participativos e inclusivos, como así también a impulsar foros, encuentros, congresos, reuniones de trabajo, que apuntan a empoderar y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas mayores” en el Paraguay.
A través de su equipo técnico, y desde un abordaje interinstitucional con el apoyo de la Dirección de Género, por ejemplo, la DAM trabaja específicamente en el empoderamiento de mujeres mayores a partir de proyectos destinados a realizar emprendimientos propios o comunitarios, entre otras iniciativas. En esta línea, además, se realizan acciones para garantizar el acceso a créditos a mujeres de comunidades rurales y urbanas para concretar sus proyectos productivos.
Según lo informado, la Dirección también impulsa acciones de sensibilización para abordar temas vinculados al envejecimiento saludable, activo y participativo. Para ello, se vale de programas de capacitación a profesionales de la salud y de servicios sociales con miras a aplicar un enfoque integrado e integral, con perspectiva de género y del ciclo de vida que se realiza con las distintas Regiones Sanitarias del MSPyBS en el país.
En otro orden de cosas, la DAM promueve la inserción de la temática del envejecimiento en los programas de educación formal y no formal, en articulación con el Ministerio de Educación y Ciencias. Al mismo tiempo, fomenta programas destinados al ocio, la cultura y la recreación de este colectivo, así como también propone el diseño de programas de radio y televisión que ayuden a integrar la vejez y a eliminar estereotipos y prejuicios que afectan la autoestima de las personas mayores y que atentan contra su dignidad, con particular atención en las mujeres.
Un contexto sinérgico como oportunidad estratégica
La aprobación de la Política Nacional de las Personas Mayores del Paraguay se da en un contexto sinérgico del país (en sintonía con algunos otros países de la región) para potenciar iniciativas que tiendan a garantizar la igualdad de género en general y del colectivo de las personas mayores en particular. Esta situación se presenta a partir de la valía de dos marcos políticos de actualidad que se implican y se referencian entre sí para potenciar la política gerontológica paraguaya: la “Política Nacional de Salud 2015-2030” y la “Política Nacional de Cuidados (PNCUPA) – 2030”.
El Decreto N° 4541 aprobó la Política Nacional de Salud y la Resolución S.G. N° 612 dispuso su implementación y aplicación en todo el territorio de la República. Se trata de un conjunto de enunciados que orientan el rumbo de las determinaciones y acciones que el Estado paraguayo debe realizar en un período de 15 años para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud de sus habitantes.
Dentro de las líneas de acción destacadas, y que guardan relación con el eje temático de la edición de este Boletín, se puede citar la necesidad de “fortalecer las acciones de Protección Social, con enfoque de derechos, con énfasis en las poblaciones vulnerables, los grupos etarios del ciclo vital (niños/as, adolescentes y adultos/as mayores) y de las personas con discapacidad, incorporando el enfoque de género e interculturalidad”, en el marco de su “Estrategia 1” sobre “Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza”.
Por su parte, el 22 de diciembre de 2022 el PNCUPA fue aprobado por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, después de varios años de trabajo. Esta política se constituyó con el objetivo principal de “garantizar el bienestar y el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia y de las personas que cuidan, asegurando el acceso a servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado/a, basado en un modelo de corresponsabilidad entre familias, Estado, sector privado y comunidad”.
Según las propias bases de esta herramienta, se trata de una política que se construyó “en base a la experiencia nacional de los servicios públicos de atención a las necesidades de cuidados, así como en el conocimiento acumulado sobre buenas prácticas de políticas y sistemas de cuidados, implementados en América Latina y el Caribe”.
Con relación a su población destinataria, comprende, por un lado, a “personas que requieren apoyos específicos para el desarrollo de sus actividades y la satisfacción de las necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria, y cuya autonomía está disminuida”. Y, por otro, a “personas que, de forma remunerada o no remunerada, realizan tareas de atención, asistencia y apoyo necesarios a personas en situación de dependencia”.
De alguna manera, el avance de esta política en el país le permite al gobierno nacional visualizar la meta 5.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS), sobre “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, la cual insta a “reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia”.
En tal sentido, existen diversos lineamientos estratégicos que el Viceministerio de Igualdad y no Discriminación del Ministerio de la Mujer (principal rector y coordinador de la política de género en el Paraguay) viene trabajando con múltiples organismos nacionales, entre ellos se destaca la reciente convocatoria para presentar datos sobre la sostenibilidad económica y jurídica de establecer un sistema de cuidados en el país. La iniciativa buscó avanzar, además, en el proceso de aprobación del proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados/as sobre la creación del “Sistema Nacional de Cuidados (SINACUP)”. A la fecha, el mismo fue girado a seis comisiones, con la firma de seis diputadas de diferentes partidos políticos y movimientos internos, pero actualmente cuenta con el dictamen favorable de sólo tres de esas comisiones: la de Derechos Humanos, la de Familia y Personas Adultas Mayores, y la de Niñez, Juventud y Desarrollo.
Nota publicada en el Boletín 31 «Gestión de iniciativas para la igualdad de género de las personas mayores» del PICSPAM.
