México atraviesa una transición demográfica acelerada que redefine las prioridades de su política social. El envejecimiento poblacional, feminizado y territorialmente desigual, interpela la capacidad del Estado para garantizar derechos, bienestar y dignidad en la vejez. Esta nota recorre los pilares contributivos y no contributivos, las nuevas políticas con enfoque de género y proximidad, el avance de la agenda de cuidados y los desafíos hacia la sostenibilidad. Un modelo en transformación que busca responder con justicia social a las demandas de una población mayor en crecimiento.
El cambio demográfico en México está en marcha y plantea desafíos inéditos. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país residían 15,1 millones de personas de 60 años y más, lo que equivalía al 12% de la población total. Apenas tres años después, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 (ENADID) elevó esa cifra a 17 millones, lo que representa cerca del 14,7% de los habitantes, confirmando que el envejecimiento avanza rápido.
Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que para 2030 este grupo superará los 20 millones de personas y rozará el 15% de la población, superando por primera vez al grupo de 0 a 14 años. Este crecimiento no es uniforme: se acelera en zonas rurales y en estados como Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, lo que obliga al diseño y desarrollo de políticas diferenciadas según el territorio.
Como ocurre en la mayoría de los países de la región, el envejecimiento en México está feminizado. De acuerdo con la ENADID 2023, las mujeres representan alrededor del 56% de las personas mayores, y en los tramos de edad más avanzada —a partir de los 75 años— casi seis de cada diez son mujeres. Este patrón refleja su mayor esperanza de vida, pero también trayectorias laborales y sociales marcadas por desigualdades acumuladas a lo largo del tiempo.
Más allá de esta diferencia por sexo, las condiciones de vida de la población mayor en su conjunto son heterogéneas y muestran brechas estructurales. Datos del INEGI, a partir de la ENADID 2023, indican que la mitad de la población con discapacidad en México pertenece al grupo de personas de 60 años y más, lo que pone en evidencia la necesidad de apoyos y cuidados de largo plazo.
En materia de ingresos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó en 2022 que el 38,3% de las personas mayores de 65 años recibía una pensión contributiva, mientras que el resto accedía a programas no contributivos o dependía de ingresos laborales. La cobertura de salud también es desigual: según la ENADID 2023, el 23,7% de las personas de 60 años y más no cuenta con afiliación a ninguna institución de seguridad social y depende de la atención pública gratuita a través de IMSS-Bienestar o de servicios estatales y municipales.
La arquitectura de la protección social para las personas mayores
En México, la protección social para las personas mayores combina esquemas contributivos, no contributivos y de asistencia social. Esta estructura híbrida refleja las fracturas del mercado laboral y determina, en gran medida, las oportunidades y desigualdades que persisten hasta la vejez.
EN MÉXICO, LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA LAS PERSONAS MAYORES COMBINA ESQUEMAS CONTRIBUTIVOS, NO CONTRIBUTIVOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL.
El pilar contributivo se sostiene en la formalidad laboral. Lo encabezan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre a trabajadores del sector privado, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que atiende a empleados del sector público. A ellos se suman regímenes especiales —como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las Fuerzas Armadas— y el sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), que gestiona cuentas individuales.
Dicho pilar otorga pensiones, servicios médicos y prestaciones sociales, pero su acceso depende de trayectorias laborales formales y cotizaciones continuas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en 2023 la tasa de informalidad laboral fue de 53,6 por ciento, lo que restringe la cobertura para buena parte de la fuerza de trabajo y mantiene vigentes los desafíos de abordar estas desigualdades que se expresan con mayor fuerza en la vejez, reforzando la necesidad de avanzar hacia un sistema más inclusivo y sostenible.
Frente a este desafío, y como parte de las políticas para reforzar el pilar contributivo, desde 2024 funciona el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), que complementa las pensiones más bajas de quienes cotizan en cuentas individuales del IMSS y el ISSSTE, con el objetivo de acercarlas a su último salario registrado. Más allá de su diseño financiero, esta herramienta busca garantizar que quienes trabajaron formalmente, pero con bajos ingresos no enfrenten un retiro en condiciones de precariedad, reforzando el principio de igualdad y dignidad en la vejez.
Para las personas mayores que no acceden a una pensión contributiva, el pilar no contributivo y de asistencia se ha convertido en un sostén fundamental. Liderado por la Secretaría de Bienestar, su programa más emblemático es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, reconocida como derecho universal en el artículo 4° de la Constitución Nacional desde el año 2020. Financiada con recursos fiscales, esta transferencia llega hoy a más de 12 millones de personas y funciona como un piso de ingreso que ha contribuido a reducir la pobreza extrema en la vejez.
La asistencia social complementa esta cobertura con servicios y apoyos directos. El IMSS-Bienestar brinda atención médica gratuita a población sin seguridad social formal, con especial presencia en zonas rurales y marginadas. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) opera centros gerontológicos, casas hogar y programas de atención de día, con servicios médicos, psicológicos, sociales y de rehabilitación para personas mayores en situación de vulnerabilidad. A nivel local, programas estatales y municipales ofrecen comedores comunitarios, entrega de aparatos funcionales y actividades recreativas y de integración, fortaleciendo el tejido social y la calidad de vida en la vejez.
Dos nuevas políticas para una vejez más inclusiva: género y proximidad
En los últimos años, el Gobierno de México ha puesto en marcha dos iniciativas que amplían la cobertura de la protección social y, al mismo tiempo, innovan en sus enfoques, al reconocer explícitamente las brechas de género y las barreras de acceso a la salud que enfrentan las personas mayores.
PENSIÓN MUJERES BIENESTAR Y SALUD CASA POR CASA: DOS INICIATIVAS QUE INNOVAN EN SUS ENFOQUES, AL RECONOCER EXPLÍCITAMENTE LAS BRECHAS DE GÉNERO Y LAS BARRERAS DE ACCESO A LA SALUD QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS MAYORES.
La Pensión Mujeres Bienestar, implementada desde 2025 por la Secretaría de Bienestar, es una acción afirmativa dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, un grupo históricamente excluido de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El programa otorga un apoyo bimestral y tiene cobertura nacional, con prioridad para mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas.
Su objetivo es garantizar un ingreso en la antesala de la edad de retiro (65 años), reconociendo que muchas de estas mujeres han dedicado gran parte de su vida al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, o han tenido trayectorias laborales precarias e intermitentes que limitaron su acceso a una pensión contributiva. Al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporan automáticamente a la pensión universal. Aunque aún no cuenta con rango constitucional, en 2024 la Presidencia presentó una iniciativa legislativa para otorgarle ese estatus, reforzando su permanencia como derecho exigible.
En el ámbito de la salud, el programa Salud Casa por Casa, lanzado también en 2025, es una estrategia interinstitucional coordinada por la Secretaría de Bienestar en colaboración con la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar, ISSSTE y gobiernos estatales y municipales. Su objetivo es superar una de las principales barreras para el bienestar en la vejez: la movilidad y el acceso oportuno a la atención médica. Con más de 20.000 profesionales de la salud desplegados en todo el país, ofrece visitas domiciliarias periódicas a personas de 65 años y más, así como a personas con discapacidad permanente, independientemente de su afiliación a la seguridad social.
Su enfoque es preventivo, integral y de proximidad: incluye valoraciones funcionales, seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, atención a la salud mental y derivación a servicios especializados cuando es necesario. Además de mejorar la calidad de vida de quienes tienen movilidad reducida, el programa fortalece el vínculo entre el sistema de salud y la comunidad. Al igual que la Pensión Mujeres Bienestar, se ha propuesto su elevación a rango constitucional para garantizar su continuidad.
El cuidado como eje transformador de la protección social
El debate sobre el cuidado ha dejado de ser un asunto privado y familiar para convertirse en una cuestión pública, reconocida como un pilar indispensable de la protección social en México. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 reveló que 58,3 millones de personas —el 45% de la población— requieren cuidados, incluyendo a 17 millones de personas mayores. Esta cifra es mucho más alta que la que arrojan otras fuentes como la ENADID 2023 o el Censo 2020, que se basan en criterios más restringidos, como discapacidad o limitaciones funcionales. La diferencia metodológica es clave, ya que, según cómo se mida la demanda, varía el alcance de las políticas necesarias, desde la infraestructura hasta el personal y el financiamiento que requerirá un futuro Sistema Nacional de Cuidados.
EL DEBATE SOBRE EL CUIDADO HA DEJADO DE SER UN ASUNTO PRIVADO Y FAMILIAR PARA CONVERTIRSE EN UNA CUESTIÓN PÚBLICA, RECONOCIDA COMO UN PILAR INDISPENSABLE DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Para dimensionar esta demanda, es clave entender qué se considera “cuidado” en el contexto mexicano. La ENASIC lo define como actividades destinadas a atender, asistir, acompañar y brindar apoyo para garantizar el bienestar físico y la satisfacción de necesidades básicas. Este enfoque, más operativo y adaptado al contexto mexicano, se complementa con la visión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que plantea que los sistemas de cuidados deben ser reconocidos como una cuestión de derechos humanos, con perspectiva de género, atención a la diversidad y responsabilidad compartida entre Estado, familias y comunidad. Además de incorporar el bienestar físico y mental, ACNUDH subraya la necesidad de redistribuir las cargas de cuidado y garantizar condiciones dignas tanto para quienes cuidan como para quienes reciben cuidados.
El perfil de quienes cuidan revela inequidades estructurales. Según la ENASIC, 32 millones de personas de 8 años o más realizan tareas de cuidado, y el 75% son mujeres. Ellas dedican en promedio 37,9 horas semanales a estas labores, frente a 25,6 horas en el caso de los varones. Aunque la participación masculina es relativamente alta comparativamente con otros países de la región, no necesariamente refleja mayor igualdad, sino el peso cultural de la familia como principal proveedora de cuidados.
En el trabajo remunerado, la feminización es aún más marcada: más de 1,7 millones de personas se dedican a estas tareas, con un 96% de mujeres, muchas de ellas indígenas, en condiciones de alta precariedad laboral, baja cobertura de seguridad social y limitado acceso a servicios médicos y ahorro para el retiro. Este panorama confirma que, sin una intervención pública robusta, el cuidado seguirá reproduciendo desigualdades de género, clase y origen étnico.
En el plano político, el reconocimiento del cuidado como derecho ha avanzado de forma gradual. La reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en 2020 para crear un Sistema Nacional de Cuidados sigue pendiente en el Senado. Sin embargo, en marzo de 2024 se modificó la Ley General de Desarrollo Social para definir el trabajo de cuidados y establecer una Política Nacional de Cuidados. Además, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030 lo incorpora como objetivo transversal, articulando políticas de salud, protección social y equidad de género.
De esta manera, este impulso nacional se ve reforzado por el contexto regional. En agosto de 2025, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Ciudad de México, culminó con la adopción del Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción para consolidar una sociedad del cuidado, instando a los Estados a reconocerlo como derecho humano y bien público, e integrarlo en su planificación nacional.
Mientras el marco federal se consolida, gobiernos subnacionales han tomado la delantera. La Ciudad de México impulsa una ley local y un ambicioso plan de “Casas de las 3R” —espacios comunitarios que combinan atención a personas mayores, rehabilitación, comedores y actividades culturales— con una meta de 200 centros en tres décadas. Jalisco, por su parte, ya cuenta con la primera Ley estatal de Cuidados del país y una Junta Estatal que coordina más de 25 programas, incluyendo apoyos económicos a cuidadores y centros de día. Estos avances muestran que, aún sin un marco federal plenamente operativo, la agenda de cuidados con enfoque de género y largo plazo empieza a materializarse en políticas concretas, con impacto directo en la vida de las personas mayores y en la redistribución del trabajo de cuidado.
En este marco, el cuidado comienza a consolidarse (en México y en la región) como un componente estructural de la protección social, con capacidad de transformar no solo la vida cotidiana, sino también los marcos institucionales que la sostienen.
Retos y horizontes: hacia la sostenibilidad como valor transformador
El Primer Informe de Gobierno 2024–2025 que presentó recientemente la Presidencia del país reafirmó el compromiso con la consolidación y ampliación de los programas de bienestar, destacando la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa como ejes de la política social. También subrayó las inversiones en infraestructura del IMSS-Bienestar y el ISSSTE, y fijó como meta la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados con cobertura nacional y enfoque de derechos.
Sin embargo, el camino hacia la sostenibilidad del modelo de protección social mexicano enfrenta desafíos cruciales que marcarán la próxima década. El primero es de orden fiscal: el envejecimiento poblacional ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, y asegurar recursos para sostener un pilar no contributivo en expansión, junto con un sistema de cuidados robusto, exigirá una arquitectura fiscal sólida y progresiva.
En segundo lugar, persiste la fragmentación entre el sistema contributivo y el no contributivo, estrechamente ligada a la alta informalidad laboral. Superar esta brecha implica avanzar hacia la universalidad y portabilidad de los derechos, garantizando equidad territorial y reduciendo las desigualdades entre zonas urbanas y rurales.
La implementación operativa del Sistema Nacional de Cuidados representa otro desafío de gran envergadura. Pasar de los marcos normativos a un sistema funcional requerirá definir carteras de servicios, formar capital humano, construir infraestructura y establecer mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias.
Finalmente, el éxito de esta transformación dependerá de su capacidad para redistribuir las tareas de cuidado, reconocer su valor económico y empoderar a las mujeres, evitando reforzar los roles de género tradicionales. La articulación institucional será clave para evitar duplicidades, facilitar el acceso y garantizar que el cuidado no siga siendo fuente de desigualdad.
México ha dado pasos decisivos hacia un sistema de protección social más inclusivo, con enfoque gerontológico y perspectiva de género. El desafío actual es consolidar estos avances, garantizar su viabilidad a largo plazo y asegurar que el bienestar y la dignidad en la vejez sean una realidad para todas las personas.
Nota publicada en el Boletín 34 «La sostenibilidad de los sistemas de protección social – Modelos comparados» del PICSPAM.