Del 18 al 20 de febrero de 2026 se celebró en Ginebra la primera reunión organizativa del Grupo de trabajo intergubernamental para la redacción de una convención de derechos humanos de las personas mayores (IGWG, por sus siglas en inglés). El encuentro definió la estructura de trabajo, eligió su presidencia y estableció una hoja de ruta clara para avanzar en la redacción del tratado, con el apoyo activo de España y otros Estados impulsores.
La reunión tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, en las vísperas de la 61ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y constituyó el primer paso formal para dar cumplimiento al mandato otorgado por la Resolución 58/13, adoptada en 2025. Con este encuentro, los Estados miembros pasaron de una etapa de debate conceptual a una fase operativa orientada a la elaboración normativa.
Durante las tres jornadas de trabajo se acordaron los aspectos organizativos fundamentales del nuevo Grupo de Trabajo Intergubernamental, entre ellos la elección de su Mesa, las modalidades de participación de los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, así como el programa de trabajo que guiará el proceso de redacción de la futura convención.
Entre las decisiones adoptadas se destacó la elección del embajador de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, como Presidente del Grupo de Trabajo hasta finales de 2026. Asimismo, se definió un cronograma inicial que prevé dos sesiones sustantivas durante el año: la primera, del 13 al 17 de julio, centrada en la definición del propósito, los principios generales y el alcance de la Convención; y la segunda, del 26 al 30 de octubre, orientada a iniciar la redacción técnica de los primeros artículos y de las obligaciones de los Estados.
La apertura de las sesiones contó con la intervención de Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien calificó el inicio de los trabajos como un «momento histórico» para las Naciones Unidas y para millones de personas mayores en todo el mundo. En su mensaje, subrayó que el envejecimiento poblacional acelerado convive aún con profundas brechas de derechos, expresadas en prácticas persistentes de edadismo, discriminación, exclusión y violencia, y remarcó que una convención internacional puede actuar como un marco catalizador para orientar leyes y políticas públicas, fortalecer la rendición de cuentas y afirmar que envejecer con dignidad es un derecho humano universal.
La reunión contó asimismo con la participación activa de organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre ellas la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP, por sus siglas en inglés) y HelpAge International, que vienen impulsando desde hace años la adopción de un instrumento específico de derechos humanos para las personas mayores. Su presencia permitió incorporar las voces y experiencias de personas mayores de distintas regiones desde el inicio del proceso, reforzando el enfoque participativo y la centralidad de la lucha contra el edadismo.
En este contexto, España manifestó su respaldo activo al proceso de elaboración de la Convención. A través del IMSERSO y de su Misión Permanente en Ginebra, el país expresó su apoyo al grupo promotor integrado por Gambia, Filipinas, Argentina, Brasil y Eslovenia, y reafirmó su compromiso de participar de manera coordinada en los trabajos, en articulación con los ministerios competentes.
Fuente: IMSERSO