Por: Esp. Mariana Rodríguez, Esp. Leandro Laurino y Esp. Esteban Franchello
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Estamos inmersos en un mundo que envejece aceleradamente. En apenas tres décadas el grupo social integrado por personas adultas mayores conformará alrededor del 22% de la población total y la mayoría de ellas serán mujeres. Paralelamente, experimentamos la ola más importante de crecimiento urbano de la historia. El 57% de las personas mayores viven en ciudades y, según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que para 2050 sean mil millones.
Iberoamérica no es ajena a esta transformación demográfica, de género y urbana. Como consecuencia, los Estados y las sociedades tienen la obligación de problematizar diversas temáticas vinculadas a la vejez y al envejecimiento y de planificar políticas públicas y acciones desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género.
Uno de los puntos convocantes seleccionado como tema principal de este boletín refiere a los “entornos accesibles y nuevos hogares para personas adultas mayores”. ¿Qué características definen a un entorno como accesible? ¿Qué derechos de las personas debe garantizar? ¿Qué lugares o paradigmas deberían ser (re)diseñados en el marco de la accesibilidad? ¿Cuáles son los nuevos hogares que emergen para los grupos de personas mayores?
Un entorno accesible, también denominado, desde distintos marcos conceptuales, como entorno “amigable”, “integrador”, “capacitante” o “empoderador” y “sostenible”, es un espacio físico y un marco cultural que posibilita que emerjan y se consoliden prácticas y representaciones propias de una concepción que entiende a la vejez como una construcción social dinámica, y al envejecimiento como un proceso diferencial y diverso. Claro que allí también se inscriben los derechos humanos de las personas mayores tales como la autonomía, la inclusión y la integración social, la independencia, los cuidados, la participación, la igualdad de género, la diversidad cultural y sexual, el buen trato, la no discriminación por edad, entre otros.
Esta concepción, invita a superar a los entornos físicos e ir más allá para crear también condiciones simbólicas y culturales accesibles y potenciadoras. Por supuesto que la accesibilidad física de los entornos es una necesidad diaria en las viviendas, los espacios públicos, el transporte y la comunicación. Porque sin las adaptaciones relacionadas con la disponibilidad y la seguridad, muchas personas con movilidad reducida se ven imposibilitadas de realizar sus actividades diarias, tanto las básicas como las instrumentales.
Un ejemplo concreto de estas acciones que amplían la mirada sobre los entornos accesibles, y que exceden los entornos físicos, son las propuestas orientadas desde las alfabetizaciones digitales destinadas a la población de mayores que posibilitan el acceso y uso de las tecnologías e internet, con el objetivo de reducir las “brechas digitales” y evitar, de este modo, la exclusión a servicios directos e información de entidades públicas y privadas. Según la especialista española del IMSERSO, Maite Pozo, estas propuestas promueven “mejoras intangibles” en los entornos sociales, ya que “tienen que ver con actitudes: superar estereotipos negativos, discriminación por edad, la falta de respeto y de valoración o invisibilización de las personas mayores”.
De ahí que, garantizar la existencia de entornos accesibles -materiales y simbólicos- es, por un lado, dar respuesta a las necesidades de todas las personas mayores y, por el otro, pensar en toda la población, asegurando que las generaciones venideras envejezcan con las mismas oportunidades de inclusión.
La sustentabilidad de los entornos está en la participación
“Nada sobre nosotros sin Nosotros” fue el lema que identificó a los colectivos de personas con discapacidad cuando impulsaron, con su trascendental participación, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, los nuevos modelos de hogares tienden a basarse en espacios participativos con instancias que promueven el bienestar de las personas mayores. En esta misma línea, la docente y especialista argentina, Silvia Gascón, ha planteado en varias oportunidades, consultada por el Proyecto de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores (OMS), que lo importante es que haya gente interesada en participar, con voluntad para transformar, ya que nada se puede producir sin la participación de este grupo etario.
Está demostrado que continuar viviendo en la propia casa y entorno es una opción significativa para disfrutar de un envejecimiento con calidad de vida. De esta manera, el eje de la participación es clave para la promoción y creación de políticas de envejecimiento activo y saludable. En sintonía con esta premisa, Maite Pozo, expresó (en ocasión de la 1° Conferencia Hispana sobre este tema) que cuanto mayor es la participación ciudadana en este tipo de proyectos, mejor es el diagnóstico y más adecuado se vuelve el plan de acción al contexto local.
Hacia un mundo inclusivo
Los desafíos de un mundo que envejece, de una región que avanza en esta misma perspectiva y por lo tanto sus países, sus ciudades, sus barrios, sus hogares, vuelven a este fenómeno demográfico un emergente progresivo y sin retorno que ha llegado para quedarse dentro de las agendas públicas y políticas de las sociedades y gobiernos iberoamericanos.
Este hecho sociocultural, político y económico está atravesado por diversas cuestiones que presentan los envejecimientos locales y que reúnen algunas características comunes como la predominancia de la concentración urbana sobre lo rural, y la feminización que presenta esta etapa de la vida en Iberoamérica. Frente a estas aspectos generalizables, se encuentran desafíos que apuntan a reducir las desigualdades sociales, reflejadas en las dificultades en el acceso a los sistemas de protección social, a los servicios sociosanitarios, a la justicia y a la participación ciudadana en la vejez.
Uno de los comunes denominadores, vinculados al eje temático de este boletín, es que tanto las ciudades como las viviendas no están adecuadas para los retos que proponen las pirámides demográficas, las proyecciones sobre las demandas de cuidado y las situaciones de dependencia y/o discapacidad. Los desafíos de hacer un mundo cada vez más inclusivo implica que los espacios sean pensados o adecuados gradualmente como entornos accesibles para el conjunto de la población, potenciadores de las capacidades de las personas (vejeces empoderadas), favorecedores de un envejecimiento digno y sostenibles para satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las futuras.
Para emprender este camino, los países ya cuentan con diagnósticos, estadísticas, informes, recomendaciones, protocolos (como el caso del Protocolo de Vancouver) y marcos legales que son plataformas para la acción que refieren a la promoción, la protección y el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores. Tal es el caso de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA), un instrumento vinculante, consagrado recientemente y en expansión por los países de la región. Así también, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (ONU) que fue y es un faro de prácticas políticas y programáticas a nivel mundial. En esta misma línea, lo más reciente en avances multilaterales de Naciones Unidas lo constituye los acuerdos alcanzados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como herramienta estratégica mundial a mediano y largo plazo.
Este cambio de época exige revisar y modificar sensiblemente los modelos globales de desarrollo actual y avanzar hacia esquemas más flexibles, inclusivos y sostenibles. En dicho sentido, la Secretaria General de la OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, destacó, en su participación de la 1° Conferencia, que los municipios son espacios que juegan un rol clave en los procesos de adaptación de las ciudades y comunidades de la región porque son los ámbitos más cercanos a las necesidades de la ciudadanía.
Otra fortaleza que le otorga un valor agregado a lo intersectorial es el rol que pueden jugar las Universidades. Al respecto, la especialista argentina, Silvia Gascón, resaltó que los ámbitos académicos han encontrado en la participación de las personas mayores un espacio de aprendizaje significativo y los colectivos de mayores organizados un apoyo técnico en esta unidades.
Aportes como el Diseño Universal, -un paradigma que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para la mayor cantidad de personas posible y que no requiere de adaptaciones-, o conceptos como el de cadena de accesibilidad, -que establece que un entorno debe ofrecer las posibilidades de acceder y egresar, desplazarse y circular, aproximarse y utilizar, comunicar e informar-, son algunos de los marcos conceptuales construidos que surgen de la praxis social de emprender un mundo sin barreras.
Algunas de las acciones que ilustran estas ideas, las componen la tarea que desarrollan iniciativas como el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) del IMSERSO en España, que tiene el “objetivo de ofrecer servicios sociales de calidad para atender a las personas en situación de dependencia y sus familias”; o, en la misma línea, el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT), con sedes en algunos países de la región, que trabajan para favorecer la autonomía personal las personas mayores y/o con diferentes discapacidades; o el caso del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, donde a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social capacitan -desde 2013- a personas mayores organizadas para que construyan sus propios Dispositivos de Uso Cotidiano (DUC) o para aquellas personas con dificultades de movilidad y/o con algún tipo de discapacidad. El esfuerzo es colectivo, o debe colectivizarse, porque la realidad de los entornos y las viviendas de las personas adultas mayores es compleja, diversa y prioritaria e implica articulaciones sectoriales (con los Estados liderando) para generar y/o fortalecer políticas públicas inclusivas de alto alcance y sostenibles. Las acciones que han comenzado a desarrollarse en los países de Iberoamérica (con toda la heterogeneidad presentada en esta nota) dan cuenta de que estas propuestas redundarán -al mismo tiempo- en cuestiones más simbólicas y culturales que posibilitarán reducir paulatinamente (hasta erradicar) el maltrato y la discriminación por edad o discapacidad, para construir o reconstruir sociedades cada vez más integradas. El reto está en marcha.
Entornos accesibles: el emergente de nuevos hogares para transitar las vejeces
En este mundo que envejece de forma sostenida y progresiva, las relaciones personales y familiares también se reconfiguran. Tanto los vínculos como los entornos están en permanente construcción y esta dinámica genera nuevas formas de transitar las vejeces, que intentan dar respuesta a las demandas emergentes para alinearse a contextos más favorecedores e inclusivos. De esta manera, aparecen nuevos espacios que permiten un mayor encuentro con los otros y las otras, nuevos hogares (para vivir o habitar transitoriamente) que emergen o interpelan a la nueva cuestión social en torno a la vejez y el envejecimiento.
¿Qué es un hogar? Socialmente es concebido como un lugar placentero donde las personas suelen sentirse contenidas, seguras e incluidas. No necesariamente es definitivo, puede ser temporal, y tampoco es único. De hecho, muchas personas mayores sienten que los centros de día, clubes y/o centros de jubilados y pensionados (donde suelen realizar actividades cotidianas y pasar muchos horas de sus vidas) también son sus hogares, en tanto entornos confiables y potenciadores.
En cuanto al hogar como vivienda, las nuevas experiencias refieren a la aparición paulatina de proyectos que buscan dar respuestas colectivas. En este caso, se conocen propuestas de modelos residenciales como las viviendas tuteladas (con asistencia en las actividades de la vida diaria) y aquellas colaborativas (también denominadas “cohousing”) que surgen como proyectos cogestionados, autogestionados y/o autopromovidos. Algunos impulsados desde el ámbito público, otros desarrollados por el sector privado (empresas, asociaciones civiles, mutuales o cooperativas) y están aquellos que surgen como una iniciativa mixta, que requieren de la participación conjunta de ambos sectores.
Menos extendidas aún, con experiencias en aumento más formalizadas en Europa, se conocen modelos de vivienda intergeneracionales, donde mayores y jóvenes conviven en viviendas independientes y comparten servicios comunes. Existen algunas pocas experiencias en la región de propuestas residenciales que implican a barrios (o sectores de estos) que albergan hogares donde residen personas mayores, en su mayoría bajo proyectos públicos tutelados, que surgieron a partir de fondos nacionales de vivienda que contemplaron un porcentaje de casas para que sean habitadas exclusivamente por mayores.
A los nuevos hogares para personas mayores, se suman aquellos espacios más tradicionales como los centros u hogares de día, centros de día para personas con demencias, residencias de larga estadía -en general- y las gerontopsiquiátricas -en particular- (entre otros dispositivos posibles), que forman parte de las opciones institucionales destinadas a las personas mayores en Iberoamérica. Sin reparos, estos dispositivos diurnos y convivenciales deben diseñarse o adaptarse en virtud de los nuevos marcos de accesibilidad, inclusión y participación recomendados por organismos y tratados internacionales.
Por otra parte, existen dispositivos gerontológicos que hacen que un hogar sea un entorno accesible o no para sus habitantes a medida que envejecen. En este sentido, existen dos acciones que se desarrollan en los países de la región que posibilitan envejecer en casa y permanecer el mayor tiempo posible. En el primer lugar, se encuentran aquellas líneas arquitectónicas que proponen las adaptaciones de las viviendas existentes (siempre desde la accesibilidad). Este tipo de acciones ha encontrado algunas limitaciones en su desarrollo que están vinculadas a la generación de instrumentos jurídicos y de financiamiento que posibilite la adaptación a gran escala de las viviendas. Sin embargo, son parte de los desafíos programáticos que integran las políticas gerontológicas y aquellas relativas a la vivienda en algunos países.
En segundo lugar, el otro dispositivo (no arquitectónico) es el de los cuidados domiciliarios, que forma parte del “primer escalón” de lo que se conoce como Sistema Progresivo de Atención. Es decir, la fase inicial de un conjunto de niveles socio-sanitarios (domiciliarios y extradomiciliarios) que dan respuesta escalonada a las diferentes necesidades que pueda presentar -eventualmente- una personas mayor. Esta línea de acción es una de las más extendidas en Iberoamérica y, aún con las diversas complejidades que presenta en la práctica, sigue ganando terreno como la primera opción de cuidado y atención ante la dependencia o la discapacidad.
Al respecto, el especialista holandés, Marc de Rooij, expresó, en ocasión de la 1° Jornada «La casa en una sociedad que envejece», que el 87% de las personas mayores de España prefiere seguir viviendo en sus hogares y que, de aquellas que lo logran, el 79% vive en domicilios no accesibles. Indudablemente, el desafío en torno a las viviendas y a los diferentes tipos de hogares para este grupo etario es garantizar que las acciones sean adecuadas, oportunas e inclusivas. Dentro de esta línea, el Plan de Ciudad Donostia Lagunkoia del País Vasco, aporta algunas claves o metas que pueden ser tenidas en cuenta a la hora de analizar y llevar adelante acciones orientadas a la situaciones de las personas mayores y sus hogares: facilitar la permanencia en el domicilio seguro y apropiado; posibilitar un entorno igualmente accesible y con servicios próximos adecuados; y mejorar las alternativas de residencias que se adapten a las diferencias individuales. Tres puntos que, en Iberoamérica, requiere del compromiso de trabajo en conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para construir, así, entornos accesibles y alternativas de hogares que garanticen los derechos humanos de las personas mayores.
*Nota Central publicada en el Boletín 19, «Entornos accesibles y nuevos hogares para personas adultas mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
