El incremento del haber jubilatorio mínimo que impulsó este año el Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay iguala al 50% del salario mínimo legal vigente y alcanza a más de 5 mil personas mayores rurales. Una mejora que restituye ingresos jubilatorios luego de casi 10 años.

Paraguay es uno de los miembros del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (junto a República Dominicana) y uno de los 12 países de Latinoamérica y el Caribe, que, de acuerdo a su tasa global de fecundidad (2,41) y al porcentaje de personas de 60 años y más (9,9%), se sitúa en una etapa de envejecimiento moderado de su población. Estos datos, que ofrecen organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las propias cifras de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del país (DGEEC), dan cuenta también de que la sociedad paraguaya transitará hacia 2035 un envejecimiento moderadamente avanzado.   

Al respecto, y según ha estimado el Observatorio sobre Adultos Mayores del Programa Iberoamericano, Paraguay es uno de los países de la región donde el proceso de urbanización de la población adulta mayor más creció desde el año 2000 (junto a República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Honduras). En diálogo con esta valoración, y tal como lo expresan las proyecciones de la DGEEC, el grupo de las personas mayores rurales del país representa en la actualidad casi un 39% de la población de 60 y más años (alrededor de unas 280 mil personas). Un número que, si bien ha ido decreciendo progresivamente con la migración a las urbes, sigue siendo muy significativo dentro de Iberoamérica: tan sólo 8 de los 22 países de la región superan el 30% de personas mayores en estos ámbitos geográficos.

Esto último toma mayor relevancia si se tiene en cuenta la reciente presentación de la DGEEC, sobre los principales resultados de pobreza de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares Continua de 2019. Según este informe, la incidencia de pobreza total se encuentra en el orden del 23,5% en el país, donde la pobreza y la pobreza extrema de las áreas rurales siguen siendo mayores que las de las zonas urbanas (33,4%-17,5% y 7,8%-1,8%, respectivamente). Asimismo, este documento destaca la disminución de estas situaciones respecto al 2018, donde la mayor baja en puntos porcentuales se dio en el ámbito rural.

En este contexto, el anuncio realizado este año por las autoridades del IPS, una de las instituciones más importantes del sistema público de pensiones y de atención sanitaria del país, significa un incremento que no sólo impactará en lo monetario (y por ende en el aporte al fondo de salud, por efecto del aumento de la base contributiva), sino que presentará, según reconoce la conducción del organismo, otros efectos tales como aspirar a estándares y recomendaciones de organismos vinculados a la seguridad económica de este segmento de la sociedad, así como aportar a la percepción ciudadana sobre la importancia de la jubilación.

Reunión entre representantes de jubilados/as y pensionados/as y autoridades del IPS, en el marco del incremento del haber mínimo jubilatorio | Fuente: Instituto de Previsión Social (IPS)

El aumento en cuestión plantea la suba del haber jubilatorio mínimo que pasa del 33% al 50% del salario mínimo legal vigente a enero 2020, lo que implicará un ingreso consistente en la suma de G. 1.096.419 (el equivalente a USD 167). La media impactará en aproximadamente el 25% de los/as titulares del IPS, unas 14.951 personas de un total de más de 60 mil jubilados/as y pensionados/as del Instituto. De este colectivo, el 34% (unas 5 mil personas) es destinatario de la mejora y pertenece a localidades rurales del país. Si bien la mayoría de titulares beneficiados/as se concentra en núcleos urbanos, como el departamento Central, un grupo de personas mayores de departamentos como los de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes (entre otros), donde predominan pequeños poblados rurales, también es alcanzado por esta decisión.

De esta manera, el valor histórico de la media radica en que, además de mejorar la calidad de vida de casi 15 mil personas mayores y sus familias, se trata de una restitución de derechos ya que el haber mínimo no había sido reajustado desde 2011. Esta acción, instrumentada por la Gerencia de Prestaciones y la Dirección de Jubilaciones del IPS, establece que cada persona que se jubile a partir de ahora en el Instituto, y que su cálculo le resulte en una suma inferior, reciba automáticamente esta mejora.

Las personas mayores rurales y el derecho fundamental a una jubilación digna | Fuente: Samuel Auguste

Por último, como parte de los servicios sociosanitarios que presta el IPS, se retoma una de las acciones que mayor contacto ha tomado con personas mayores rurales del país, según manifiestan las autoridades del Instituto: se trata de la serie de Clubes “Vida Plena” (abordados en el Boletín anterior). Estos 38 centros distribuidos en todo el país forman parte de la Red de Servicios de Salud de este organismo, a cargo de la Dirección de Medicina Preventiva y Programas de Salud, y tienen como objetivo generar espacios de educación y recreación para fomentar una vida saludable en la vejez.

*Nota publicada en el Boletín 20, «Las personas mayores en el ámbito rural» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.