Así lo manifestó su vicepresidente, Marvin Rodríguez Cordero, a fines de octubre, durante el 38º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Es indispensable continuar promoviendo espacios de información, educación y sensibilización en torno al envejecimiento, la vejez y los derechos de la población adulta mayor en todas las localidades del país | Fuente: Municipalidad de Belén

En el encuentro realizado en modalidad virtual fue presentado el documento “COVID-19 y su impacto en los derechos y protección social de las personas mayores», elaborado por Sandra Huenchuan, Funcionaria de la Sede subregional de la CEPAL en México, y a pedido de la Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica. Allí quedó expresado el objetivo de analizar la situación de las personas mayores, compartir las experiencias nacionales vividas en el contexto de pandemia provocado por el Covid-19, y delinear los desafíos que la región deberá afrontar ante mayores condiciones de desigualdad social.

La actividad estuvo moderada por Emiliana Rivera, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y contó con la presencia de Mario Cimioli, Secretario Ejecutivo Adjunto de CEPAL; Christian Courtis, asesor de género y derechos de la mujer de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Pablo Yanes, coordinador de Investigaciones de la Sede Subregional de la CEPAL-México.

“Estamos enfrentando una de las mayores crisis humanitarias de la historia que ha puesto a prueba nuestros sistemas de salud, económicos, políticos, de bienestar social, y cuyos efectos aún no se cuantifican con claridad. Sin embargo, somos conscientes de que si no realizamos acciones efectivas y eficaces inexorablemente nos dejará cicatrices profundas», resaltó Rodríguez quien pese a reconocer las dificultades que imprime ese contexto, reconoce que “el momento actual es también de oportunidades para superar diferencias y trabajar en objetivos comunes”.

Entre las principales acciones que ha realizado Costa Rica, en compromiso con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores se destaca el apoyo con las organizaciones de bienestar social del país y las alianzas público-privadas logradas con el fin de garantizar los derechos humanos y, en especial, la atención de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Para ello, fue fundamental el ejercicio de articulación entre la Mesa de Protección Social liderada por el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y en coordinación con el CONAPAM, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Asimismo, el vicepresidente remarcó la labor del Poder Legislativo tras la aprobación de una Ley para que el CONAPAM haga Frente a la Emergencia Nacional por el Covid-19, mediante el uso de recursos en la atención de las personas adultas mayores en situación de abandono y/o riesgo social durante el período de pandemia.

En este contexto, se torna indispensable compartir experiencias para hacer frente a los enormes desafíos que plantea el futuro. La publicación presentada es una acción de trabajo realizada desde esta perspectiva para el fortalecimiento y acompañamiento entre países. En este sentido, Rodríguez expresó: “confiamos en que podremos juntos consolidar liderazgos regionales basados en los principios de inclusión, solidaridad y sostenibilidad, con un renovado espíritu de diálogo, con un decidido compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos».

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*Nota publicada en el Boletín 22, «Reflexiones, logros y desafíos: a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento de Madrid y a 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.