El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente es la institución rectora de las políticas públicas que promueven y amparan los derechos de la población adulta mayor en la República Dominicana y es el organismo encargado de fomentar en la sociedad dominicana la inclusión de este colectivo, bajo los lineamientos que promueve la Ley 352-98 y sobre las recomendaciones internacionales que ofrece Plan de Acción de Madrid sobre el Envejecimiento, para garantizar la integración de este grupo poblacional de manera “activa, productiva, participativa y protegida”.
República Dominicana transita una situación de envejecimiento moderado, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que equivale a decir que las tasas de fecundidad oscilan entre 2,1 y 2,5 hijos/as por mujer y cuentan con un porcentaje de personas de 60 y más años que se encuentra entre el 6% y el 11,5% del total de la población.
En tal sentido, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) proyecta sobre el último CENSO 2010 que en el año en curso este grupo poblacional representa casi en un 11% en relación al total del país, lo que significa más de 1.100.000 personas mayores. En esa tendencia, las recientes estimaciones oficiales a 2030 también dan un crecimiento sostenido de este colectivo, evaluando que habrá más de un millón y medio de personas mayores, lo que implica que este sector crecerá más de 3 puntos porcentuales, sobrepasando el 14%.
En este escenario demográfico, la República Dominicana es uno de los países de la región y miembro del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores, que establece expresamente en su Constitución que las personas mayores tienen derecho a una protección especial por parte del Estado. Mediante su artículo 57, sobre la “protección de las personas de la tercera edad”, establece que “la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas mayores y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria, y que el Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
Asimismo, el antecedente directo sobre legislación interna específica sobre este grupo poblacional en el país lo constituye la Ley 352-98, promulgada el 15 de agosto de 1998, sobre la “Protección de la Persona Envejeciente” que ya establecía el marco para procurar las acciones conjuntas, entre el Estado, la comunidad y la familia, tendientes a prestar apoyo a todas aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la promoción de los derechos de las personas mayores del país.
De esta manera, al actual Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) es la institución rectora de las políticas públicas que promueven y amparan los derechos de la población adulta mayor en la República Dominicana y es el organismo encargado de fomentar en la sociedad dominicana la inclusión de este colectivo, bajo los lineamientos que promueve la Ley 352-98 (a nivel local) y las recomendaciones del Plan de Acción Mundial sobre el Envejecimiento de Madrid 2002 (a nivel internacional), para garantizar la integración de este grupo poblacional de manera “activa, productiva, participativa y protegida”.
En cumplimiento de estas disposiciones, el CONAPE, en conjunto con otras instituciones estatales del país, se ha encargado de trabajar sobre un acceso seguro al sistema de salud y el desarrollo programas de protección para la población mayor dominicana. De esta manera, los esfuerzos realizados han avanzado en miras de preservar y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores a través de la implementación de servicios y proyectos encaminados a la inclusión social de este sector.
Así, en diálogo con las orientaciones prioritarias del Plan Internacional de 2002 y con los derechos consagrados la Ley 352-98, en materia de bienestar económico de la población mayor, este país ha implementado líneas de acción que garantizan la seguridad en el ingreso, para erradicar la pobreza extrema, tales como el Programa “PROVEE” que consiste en la transferencia de fondos para subsidios asignados por el Estado a través de la Tarjeta Solidaridad. Este programa está dirigido a personas mayores que se encuentran en la condición de extrema pobreza, con el objetivo de crear un impacto positivo en este segmento de la población para garantizar la cobertura de las necesidades básicas.
Otra de las líneas vinculadas a dicho sector es el Programa de “Acogida al Adulto Mayor (AMA)”. Esta iniciativa busca erradicar la problemática de personas mayores en condición de indigencia, aquellas que se encuentran en situación de calle o que están siendo víctimas de violencia, para brindarles un espacio seguro que responda a sus necesidades básicas, reafirmando su dignidad y garantizando la protección de sus derechos fundamentales.
Por otra parte, el CONAPE ha propuesto políticas públicas vinculadas a la cultura, la educación y la recreación que apuntan a erradicar el analfabetismo en el colectivo de mayores. En esa línea se han desarrollado los programas “Quisqueya Aprende Contigo” y “Alfabetizando al Adulto Mayor Calle x Calle”, este último constataba para 2019 con más de 12 mil participantes en todo el país.
Vinculadas a estas líneas programáticas, el país también ha establecido programas de inclusión digital, desde donde se promueve el manejo de tecnologías de comunicación e información para que las y los mayores puedan acceder a las posibilidades que brindan estas herramientas con el objetivo principal de ir reduciendo las brechas digitales existentes en este grupo poblacional en la sociedad dominicana.
En materia de salud de las personas mayores, la República Dominicana, a través del CONAPE, se ha encargado de garantizar el acceso a esta dimensión a partir del Seguro Nacional de Salud (SENASA). El Programa “SeNaSa cuida de ti” es una estrategia enfocada en garantizar servicios de atención, protección social y de mejora de la calidad de vida de las personas mayores, que brinda el acceso a la red de hospitales en todo el territorio nacional.
De igual manera, se han implementado programas de capacitación a profesionales que ofrecen servicios de salud a este grupo etario, para que los mismos puedan brindar la atención médica especializada que requieran de acuerdo a su condición de salud específica, realizando las derivaciones a centros de salud u otras especialidades que se consideren oportunas y pertinentes.
En esta misma vía, en base a las necesidades y situaciones de vulnerabilidad a causa diferentes enfermedades y/o situaciones de dependencia en las que se encuentra un segmento de la población de personas mayores en el país, el Consejo implementó el Programa de “Visitas Domiciliarias” que funciona como herramienta de seguimiento de la condición física, cognitiva y emocional de este conjunto de personas. Complementariamente, se desarrolló un dispositivo de atención psicológica para detectar patologías y cuidar de la salud mental de las personas mayores y, de esta forma, tomar acciones en favor de la prevención de este tipo de padecimientos. Dicho programa ha sido de vital importancia en el actual contexto de pandemia por COVID-19.
En el caso de la “creación de un entorno propicio y favorable”, según las disposiciones del Plan de Acción de Madrid, el CONAPE, a través del Departamento Jurídico, atiende casos de violencia y malos tratos hacia adultas y adultos mayores que aborda mediante una asesoría jurídica gratuita y de manera personalizada.
Sobre esta misma orientación prioritaria del Plan, la República Dominicana ha impulsado programas de gestión Interinstitucional como “Viviendas de Bajo Costo”, calificadas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) como soluciones habitacionales donde se incluyen a las personas mayores. Así también la iniciativa “Píntale la Casa al Abuelo”, que consiste en mejorar la condición estética de las viviendas en deterioro de las personas de este grupo poblacional.
La República Dominicana, a través del CONAPE, viene apostando a la inclusión permanente de las personas mayores, a difundir y capacitar para el conocimiento y ejercicio de sus derechos, para que puedan disfrutar de una vida activa y participativa, recibiendo la mejor asistencia y apoyo para lograr una vida plena en la vejez. Continuar y ampliar esta senda constituye uno de los principales desafíos.
*Nota publicada en el Boletín 22, «Reflexiones, logros y desafíos: a 18 años del Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento de Madrid y a 5 años de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
