Mediante la puesta en marcha de una Mesa Intersectorial que nuclea a diez organismos nacionales y el posterior lanzamiento de una fase piloto que supone la creación de tres “Comunidades de Cuidado”, República Dominicana avanza en la construcción de una política pública que aborde los cuidados de quienes los requieran. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) aporta su impronta en los territorios con acciones destinadas a las personas mayores con dependencia.

Como ya se ha mencionado en ediciones anteriores, República Dominicana sostiene un envejecimiento moderado en su población que en cuestión de años se transformará en moderadamente avanzado, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esto es así debido a que el colectivo de 60 y más años crece progresiva y relativamente a otros grupos etarios de la población del país. En dicho escenario, las personas mayores de 60 años pasaron de representar un 4.4% en el 1950, a un 8.6% en el 2010 y alcanzarán un 12% en el año 2025, conforme a los datos del Boletín Demográfico y Social (2020) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Aún más, el avance será tal que se espera que 1 de cada 5 dominicanas/os sean mayores de 60 años en 2050, es decir el 20% de la población.

En esta transición demográfica, el país –la región y el mundo– se ha enfrentado a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19, que también ha supuesto una crisis del cuidado. Este hecho reciente, que aún muestra sus resabios, ha dificultado al menos dos años del “bono demográfico” dominicano disponible (que culminaría en 2040, según las estimaciones demográficas) y con ello los avances y esfuerzos de políticas y acciones destinadas a sectores de la población, como es el caso de las personas mayores, así como también evidenció sus limitaciones y debilidades.

Si bien, desde 2010, la Constitución Dominicana reconoce en su Artículo 5 al trabajo del hogar como “actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social”, para ser incorporado en la formulación y ejecución de las políticas públicas, fue esta coyuntura histórica la que acentuó la necesidad de considerar al cuidado no sólo como un asunto privado, a nivel de los hogares, sino “como un bien colectivo, de orden público, que facilita la salud familiar, la reproducción social, el mantenimiento de la fuerza de trabajo, el funcionamiento del mercado, el crecimiento económico y el desarrollo”, tal como lo estableció en un reciente informe del Ministerio Nacional de Economía, Planificación y Desarrollo.

En esta misma línea, dicho informe asegura que el trabajo remunerado de cuidado –contemplado en el doméstico– aportó más de 218 mil empleos durante 2020, un 5 % del total de los puestos de trabajo del país, “muy por encima de otros sectores importantes”. Sin embargo, a pesar de ser un importante generador de empleo y de facilitar la incorporación de mano de obra en otros sectores productivos, “es un sector altamente feminizado, con baja profesionalización, remuneración precaria, desprotección social e insuficiente regulación”, alerta el documento.

Momento de la firma del convenio marco para la conformación de la Mesa Intersectorial de Cuidados, celebrada en el Salón Carlos Ascuasiati del MEPyD. | Fuente: Presidencia

Por su parte, se estima que el trabajo doméstico no remunerado representa más del 20% del producto bruto interno (PBI) de los países de América Latina, según CEPAL (2018), y las mujeres proporcionan cerca de las tres cuartas partes del total. De esta manera, el aporte tan importante que sostienen a las economías no se contabiliza ni se ha visualizado en los modelos económicos tradicionales –utilizados comúnmente para las recomendaciones de políticas– y ante la falta de servicios públicos son las mujeres mayoritariamente las que cubren este vacío.

Una “Mesa Intersectorial de Cuidados” y “Comunidades de Cuidado”: los primeros pasos para la construcción de una Política Nacional

El pasado martes 14 de junio de 2022, se celebró la firma del acuerdo que dio origen a la “Mesa Intersectorial de Cuidados de la República Dominicana” del que participaron diez organismos gubernamentales signatarios del país. Al evento asistieron, además, titulares y equipos técnicos involucrados junto a organismos internacionales, invitados/as especiales y medios de comunicación.

Dicho convenio fue suscrito entre los ministerios nacionales de Economía, Planificación y Desarrollo, de la Mujer y de Trabajo, así como el Programa “Supérate” (creado en 2021 por decreto para la “protección y asistencia social de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad”), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Este conjunto de entidades conforma la Mesa, aunque posteriormente habrá posibilidades de sumar otras entidades cuyas competencias contribuyan directamente a la concreción de la política de cuidados, según informaron fuentes oficiales.

Las carteras nacionales de Economía, Planificación y Desarrollo y de la Mujer ejercen la coordinación conjunta de la “Mesa Intersectorial de Cuidados”, para articular las instituciones integrantes en función de cada uno de sus roles, competencias y áreas de especialización, con el propósito de generar, por un lado, una visión común y favorecer la construcción participativa de los pilares de un Sistema Nacional de Cuidados y, por otro lado, impulsar el potencial de “los cuidados” como sector dinamizador socioeconómico para el país.

Oficialmente, la formalización de la Mesa Intersectorial “constituye un hito clave de cara al cumplimiento del compromiso establecido en el Programa de Gobierno 2020-2024”, ya que se traduce en la posibilidad concreta de avanzar sobre un sistema para el país y, al mismo tiempo, responder al mandato constitucional de incorporar el trabajo doméstico (y de cuidado) en políticas públicas “de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con especial énfasis en hogares pobres y en condiciones de vulnerabilidad, niños y niñas en primera infancia y personas en situación de dependencia, adultos/as mayores y con discapacidad”.

Esta iniciativa intersectorial está basada sobre un modelo de “gobernanza participativa” que impulsa, según sus promotores, la construcción de las etapas de desarrollo y las definiciones necesarias para componer una Política Nacional de Cuidados. Al respecto, la etapa inicial de este proceso lo constituye la fase piloto que crea las “Comunidades de Cuidado”, que tendrá dos años de duración y se funda sobre los “principios de corresponsabilidad social, atención integral centrada en las personas, territorialización y desarrollo de políticas basada en evidencias”.

Con las “Comunidades de Cuidado”, se implementará un modelo participativo e intersectorial de trabajo entre distintas entidades vinculadas a los cuidados en cada territorio, tanto públicas como privadas. Asimismo, se construirán colectivamente mesas y planes locales de cuidado que colaboren con mejores respuestas a las necesidades de la población destinataria, aprovechando los recursos y las capacidades con los que cuente cada localidad. Además, otro de los aportes es fortalecer los servicios públicos para que las personas puedan ser cuidadas mediante una mayor corresponsabilidad por parte del Estado.

“INTEGRAR LA ECONOMÍA DEL CUIDADO COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD, DE CREACIÓN DE EMPLEOS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA JUSTA POSPANDEMIA”

El piloto cuenta, entonces, con tres municipios priorizados del país: Azua de Compostela, en la provincia de Azua; Bánica, en la provincia Elías Piña, y Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo. La selección de estos territorios fue realizada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), considerando características diferenciales en términos de su contexto local, para poder luego adecuarlo a diferentes territorios. En cada experiencia se integran las propuestas de las diez instituciones públicas involucradas para el diseño y el análisis de información relativa a la presencia institucional y mapeo de servicios disponibles, la concentración de hogares con altos grados de dependencia, el nivel de pobreza estructural y la presencia de personas cuidadoras.

Recientemente, en ocasión de la primera reunión para evaluar avances y desafíos, de la que participaron el representante de Naciones Unidas en el país y el equipo de asesores internacionales de ONU Mujeres, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, destacó la necesidad de “ampliar y fortalecer los servicios para la atención de las personas que demandan cuidados, incluyendo el de la primera infancia, personas adultas mayores y personas con discapacidad que requieren de asistencia, pero también mejorar las condiciones y oportunidades de las personas que se dedican al cuidado, desde una perspectiva de género, de derechos, desarrollo y corresponsabilidad”.

En relación con lo hasta aquí dicho, el documento citado anteriormente, que es la principal base de estas acciones programáticas, “Comunidades de Cuidado: Construyendo una Política Nacional de Cuidados con los actores del territorio”, establece que “el rasgo innovador de la propuesta convierte República Dominicana en el primer país de América Latina y el Caribe en integrar la economía del cuidado como parte de su estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad, de creación de empleos y recuperación económica justa pospandemia, directamente como componente de su principal programa de protección social no contributiva [‘Supérate’]”.

CONAPE comenzó sus acciones en las «Comunidades de Cuidado» de las provincias de Santo Domingo y Azua, donde, junto a otros organismos, comenzaron a abordar la armonización de una metodología de medición de la dependencia. | Fuente: CONAPE

Las experiencias piloto destinadas al cuidado de personas adultas mayores con dependencias

Las “Comunidades de Cuidado” proponen ampliar el acceso de las personas adultas mayores en situación de dependencia que participan del componente de cuidados del Programa “Supérate” (núcleo operativo y de coordinación de este dispositivo piloto) a la propuesta que ya viene gestionando el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), ente rector en materia de políticas gerontológicas del país.

LAS “COMUNIDADES DE CUIDADO” PROPONEN AMPLIAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA QUE PARTICIPAN DEL PROGRAMA “SUPÉRATE” A LA PROPUESTA QUE YA VIENE GESTIONANDO EL CONAPE

Actualmente existen 6 dispositivos diurnos en las localidades seleccionadas para la fase piloto: 4 en Santo Domingo Este, 1 en Azua y 1 en Bánica. De esta manera, la ejecución de “Comunidades de Cuidado” en dichas poblaciones buscará articular esfuerzos y recursos intersectoriales para ampliar y fortalecer la propuesta de estos dispositivos de atención integral del CONAPE y extender, al mismo tiempo, los servicios de cuidado a más hogares a los que llega “Supérate”.

Según el documento  fundante, las metas fijadas para transformar los cuidados de las personas mayores en situación de dependencia desde las “Comunidades de Cuidado” creadas son las siguientes:

  1. Construcción y habilitación de infraestructuras para alojar hogares de día del CONAPE;
  2. La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y el CONAPE construirán y habilitarán un nuevo hogar de día para apoyar a 50 personas mayores participantes del “Supérate” en el municipio de Bánica;
  3. Ampliación de los servicios básicos de cuidado a personas mayores de dichos municipios, que incluyen: la atención socioterapéutica y sociosanitaria preventiva y de estimulación para las actividades de la vida diaria; el cuidado y asistencia personal (acompañamiento y ayuda, alimentación, transporte); el apoyo a familiares, cuidadores y cuidadoras de las personas usuarias; las actividades de integración comunitaria; y la oferta de formación continua de personas cuidadoras.
  4. Unificación y fortalecimiento de las metodologías de medición de la dependencia para mejorar la atención en hogares con necesidad de apoyos, el contacto oportuno y la atención integral.
  5. Ampliación de la formación y fortalecimiento de las capacidades de los equipos territoriales del CONAPE para mejorar los servicios que ofrecen (incluida la certificación de las personas cuidadoras domiciliarias de su Programa “Familias de Cariño”), para garantizar mayores estándares de calidad y protección en la atención domiciliaria.
  6. Generación de oportunidades de empleo a las personas cuidadoras participantes del Programa “Supérate” (formadas y certificadas en el marco de la fase piloto y organizadas en la “Red de Cuidadoras y Cuidadores”) en los servicios de cuidado del CONAPE.
  7. Consolidación de propuestas, a partir de la experiencia en los territorios piloto, para definir políticas públicas que garanticen el derecho al cuidado de las personas mayores en el marco de la construcción de la Política y Sistema Nacional.

Desde este año, CONAPE dio inicio a gran parte de las acciones previstas en esta fase piloto enfocada en este caso en personas mayores con dependencia. Sobre ellas, el titular del Consejo, José García Ramírez, destacó que “con esta estrategia se procura la garantía de estándares en la atención de personas adultas mayores, empleos para personas cuidadoras certificadas y la integración de metodologías de medición de la dependencia junto al SIUBEN y el CONADIS”.

Entre otros, el eje de la capacitación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores ha sido y es una de las fortalezas que despliega en todo el país el CONAPE –junto al aporte en este campo que también realiza el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)–, que se convierte en un pilar determinante para la fase piloto y en un factor transversal para una política nacional.

En este marco, el Consejo, a través de su “Escuela de Formación para la Atención Integral del Adulto Mayor” y en colaboración con otras entidades, ha propiciado la capacitación de más de 600 servidores públicos y más de 2000 personas en distintas comunidades mediante charlas y programas de sensibilización. En tanto que, el INFOTEP lleva capacitadas casi 2000 personas en 6 áreas formativas vinculadas al cuidado de mayores en el período 2020-2022 y se espera que llegue a 3200 participantes en el marco de las “Comunidades de Cuidados”, tanto para cuidadores de niños y niñas como de personas mayores.

* Ver nota completa en el Boletín 28, «El trabajo de cuidadoras y cuidadores de personas adultas mayores, en especial, tras la crisis generada por el COVID-19» del PICSPAM.