República Dominicana atraviesa un proceso de envejecimiento acelerado que pone a prueba la sostenibilidad de la protección social y exige nuevas respuestas estatales. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) encabeza acciones decisivas a través de pensiones solidarias, programas estratégicos, servicios directos y dispositivos comunitarios de cuidados. Con enfoque de derechos y perspectiva de género, el país busca reducir brechas y fortalecer la corresponsabilidad social. En este marco, la cooperación regional aparece como clave para articular estrategias frente a un desafío común.
República Dominicana atraviesa una transformación demográfica marcada por un envejecimiento sostenido de su población. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2016 el 9,7% de sus habitantes tenía más de 60 años. Esta proporción aumentó al 13,2% en 2022, lo que equivale a más de 1,2 millones de personas de dicho grupo etario, de acuerdo con el Censo Nacional realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). La mayoría de esta población son mujeres (13,9% frente al 12,6% de varones). Vinculado a esto, la edad mediana de la población ha pasado de 17 años en 1950 a 30 en 2022, y se proyecta que alcanzará los 48 años en 2100, reflejando un cambio profundo en la estructura por edad.
Las proyecciones demográficas de la ONE indican que el envejecimiento continuará intensificándose en las próximas décadas. En este sentido, se estima que para 2050 una de cada cinco dominicanas y dominicanos —alrededor del 20%— será parte de este grupo etario. En el largo plazo, se prevé que en 2100 un tercio de la población estará compuesta por personas mayores de 60 años y que, a partir de 2070, las personas mayores de 80 años superarán en número a las y los menores de cinco.
SE ESTIMA QUE PARA 2050 UNA DE CADA CINCO DOMINICANAS Y DOMINICANOS SERÁ PARTE DE ESTE GRUPO ETARIO (+60).
En este escenario, la sostenibilidad de la protección social en el país se apoya en tres pilares financieros principales que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS):
- Régimen contributivo: cubre a empleados/as formales del sector público y privado y se financia con aportes de trabajadores/as y empleadores/as. Las pensiones de este régimen se gestionan mediante un modelo de capitalización individual, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
- Régimen subsidiado: destinado a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, financiado principalmente por el Estado.
- Régimen contributivo-subsidiado: diseñado para trabajadores/as por cuenta propia con ingresos regulares o profesionales independientes.
Además de este sistema formal, el país complementa la protección social con una red de programas orientados a la reducción de la pobreza y la desigualdad.
A pesar de esta estructura, el principal desafío es la alta informalidad laboral. Un gran porcentaje de la fuerza de trabajo dominicana no está cubierta por los regímenes contributivos, lo que deja a una parte significativa de la población sin acceso a pensiones o servicios de salud formales. A esto se suman problemas de financiamiento y de sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, exacerbados —entre otras razones— por el envejecimiento poblacional.
Asimismo, las mujeres dominicanas enfrentan un acceso desigual a la seguridad social formal debido a que la informalidad laboral las afecta en mayor proporción. La brecha salarial y de empleo se traduce en menores ingresos y, por ende, en una capacidad más limitada de ahorro para la jubilación, lo que redunda en pensiones más bajas en la vejez. Esta situación se agrava por el predominante trabajo de cuidado no remunerado que asumen en el hogar, limitando su participación en el mercado laboral formal y, en consecuencia, su posibilidad de cotizar y ejercer plenamente sus derechos a la seguridad social.
Para compensar estas disparidades, el gobierno dominicano ha implementado programas de protección social que a menudo benefician directamente a las mujeres. Un ejemplo significativo es el Programa “Supérate”, que otorga a las mujeres el rol de titulares de derecho, lo que les permite gestionar activamente la economía familiar. Asimismo, el régimen subsidiado de salud asegura acceso a servicios médicos tanto para ellas como para sus familias.
CONAPE: programas sociales y protección de las personas mayores
En la vejez, las desigualdades acumuladas se hacen más evidentes, ya que la falta de cotizaciones vuelve a muchas mujeres dependientes de programas como las Pensiones Solidarias, gestionadas por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE). Este organismo rector vela por sus derechos y ofrece una red de servicios y apoyos para garantizarles una vida digna y activa. Su rol no se limita a la ejecución de programas: también supervisa a instituciones públicas y privadas que brindan atención a este grupo poblacional y articula acciones entre múltiples actores que trabajan con personas mayores en el país.
El Consejo Nacional ofrece una serie de servicios a las personas mayores que impactan directamente en la protección social. Una de sus funciones más relevantes es la gestión de pensiones solidarias para quienes no están cubiertas/os por el sistema formal de seguridad social, garantizando así un ingreso mínimo para su subsistencia. Además, administra hogares de día y centros de atención residencial donde las personas mayores reciben cuidados de salud, alimentación y recreación.
EL CONSEJO NACIONAL OFRECE UNA SERIE DE SERVICIOS A LAS PERSONAS MAYORES QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE EN LA PROTECCIÓN SOCIAL.
El organismo también tiene un papel destacado en la protección jurídica: recibe denuncias de maltrato físico, psicológico o financiero, coordina acciones legales y brinda asistencia legal y psicológica gratuita. Asimismo, desarrolla campañas de sensibilización para educar a la sociedad sobre la importancia del respeto y la inclusión de las personas mayores, combatiendo la discriminación por edad.
Programas Estratégicos
Los Programas Estratégicos abordan las necesidades más urgentes de las personas mayores dominicanas, a través de iniciativas de gran escala e impacto prolongado:
- “TE-AMA” (Transferencia Económica al Adulto Mayor): subsidio mensual no condicionado de RD$600 pesos dominicanos, que ayuda a cubrir necesidades básicas hasta la obtención de la pensión solidaria.
- “PROVEE” (Protección a la Vejez en Pobreza Extrema): subsidio económico mensual de RD$400 pesos dominicanos, condicionado para ser usado en alimentos a través de la tarjeta “Supérate”, dirigido a quienes viven en pobreza extrema.
- “Familias de cariño”: previene la institucionalización de personas mayores en situación de vulnerabilidad, promoviendo su permanencia en el entorno familiar y comunitario. También busca profesionalizar la tarea de cuidadores/as y garantizar sus derechos laborales.
- “Pasante con sabiduría”: programa de reinserción laboral que fomenta la participación de adultos/as mayores de 60 años en el mercado de trabajo, generando entornos inclusivos y productivos.
- “AMA” (Acogida del Adulto Mayor en Situaciones de Emergencia): se activa ante denuncias de abandono, indigencia o deambulación, proporcionando refugio transitorio y gestionando el regreso al núcleo familiar. También interviene en casos de violencia o vulnerabilidad.
- Gestión de viviendas: en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, gestiona la reparación o construcción de viviendas dignas, conforme a la Ley 352-98.
- Gestión de pensiones solidarias: realiza las gestiones necesarias para que las personas mayores elegibles accedan a las pensiones solidarias establecidas en la Ley 87-01.
Servicios directos de apoyo
Estos servicios se enfocan en brindar asistencia personalizada y recursos esenciales para mejorar la calidad de vida diaria de las personas mayores, principalmente en salud y bienestar:
- Gestión de Seguro Médico: facilita la afiliación y el uso de los servicios del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
- Entrega de medicamentos: garantiza el acceso regular y gratuito a los tratamientos necesarios.
- Entrega de suplementos alimenticios: previene la malnutrición y mejora la salud.
- Entrega de dispositivos de apoyo: provee sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas y otros equipos de movilidad.
- Entrega de pañales desechables: mejora la calidad de vida de personas mayores con problemas de incontinencia.
- Entrega de raciones crudas: asegura alimentos nutritivos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
- Otras donaciones: incluye ropa, equipos médicos, productos de primera necesidad y gestiones especiales de salud.
- Jornadas de Inclusión Social: coordinadas con entidades gubernamentales como la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP), destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los mayores en pobreza y vulnerabilidad social.
- Diagnóstico de inclusión: identifica las necesidades de las personas mayores para garantizar su adecuada incorporación a los programas sociales.
El cuidado como pilar ineludible de la protección social
El reconocimiento del cuidado como un derecho social en República Dominicana ha sido el punto de partida para transformar las políticas de protección social. Desde los primeros esfuerzos por visibilizar esta necesidad, el país construyó una arquitectura institucional orientada a atender de manera integral a personas mayores, infancia y personas con discapacidad.
La creación de la Mesa Intersectorial de Cuidados, integrada por once organismos públicos —entre ellos el CONAPE—, consolidó un enfoque colaborativo esencial para la expansión territorial. Gracias a esta articulación, se han diseñado planes locales, fortalecido redes comunitarias y desarrollado nuevas modalidades de atención, como la asistencia personal para personas con discapacidad.
En este proceso, el CONAPE es un actor clave a partir de sus acciones programáticas que contribuyen a avanzar sobre la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. Entre ellas, destacan las “Comunidades de Cuidados”, dispositivos territoriales que articulan servicios, formación y acompañamiento en contextos locales. Estos espacios han permitido acercar cuidados a más de 1.800 personas mayores, ofreciendo atención integral, actividades recreativas y apoyo profesional.
La inversión pública en cuidados se triplicó en los últimos años y más de mil personas han sido capacitadas en distintas áreas. Las proyecciones son contundentes: esta política tiene potencial para generar cientos de miles de empleos y reducir significativamente la pobreza. Las “Comunidades de Cuidados”, además, se consolidaron como estrategia eficaz para generar empleo formal —principalmente entre mujeres en situación de vulnerabilidad— y promover la corresponsabilidad social.
LAS “COMUNIDADES DE CUIDADOS”, ADEMÁS, SE CONSOLIDARON COMO ESTRATEGIA EFICAZ PARA GENERAR EMPLEO FORMAL Y PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.
Visibilizar el trabajo de cuidado no remunerado emerge como una dimensión central. Durante el “Décimo Encuentro de Lideresas”, en agosto, la ONE presentó datos que evidencian profundas desigualdades de género: el 44,8% de las mujeres mayores de 15 años realiza tareas de cuidado sin remuneración, frente al 24,3% de los varones, dedicando en promedio 16,4 horas semanales, casi el doble que ellos. Estas brechas, presentes en todos los grupos etarios y regiones, refuerzan la urgencia de diseñar políticas públicas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado y garanticen condiciones equitativas para cuidar y ser cuidado/a.
Cooperación regional
En mayo de 2025 se celebró en Ciudad de Panamá la Primera Cumbre de Protección Social de Centroamérica y República Dominicana, convocada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El encuentro reunió a delegaciones de siete países en un espacio de diálogo técnico sobre desafíos comunes como la informalidad laboral, la sostenibilidad financiera y las brechas de cobertura. Allí se consensuaron principios estratégicos —universalidad, inclusión, innovación y sostenibilidad— que orientan el fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región.
Posteriormente, en julio, República Dominicana y Santa Lucía llevaron adelante un intercambio bilateral que representó un nuevo paso en la cooperación regional en materia de cuidados. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de la Mujer, permitió compartir estrategias y programas orientados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores desde un enfoque de derechos humanos. La jornada destacó, además, la relevancia del cuidado no remunerado, tema que dicho Ministerio está abordando con el apoyo del Mecanismo para la Reforma del Clima de Inversión (ICR) de la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica y la inclusión de las personas mayores.
El proceso de envejecimiento en República Dominicana y la región no solo plantea desafíos, también abre la oportunidad de consolidar sistemas de protección social más inclusivos y sostenibles. Articular políticas de cuidados, seguridad social y perspectiva de género, en clave regional, resulta imprescindible para garantizar derechos y construir sociedades más equitativas frente a las transformaciones demográficas que ya están en marcha.
Nota publicada en el Boletín 34 «La sostenibilidad de los sistemas de protección social – Modelos comparados» del PICSPAM.