Desde una perspectiva centrada en la promoción y defensa de los derechos humanos, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social colaboran estrechamente para asegurar el acceso a la justicia de las personas mayores en México. Este enfoque interinstitucional se enmarca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM) e instrumentos internacionales, y se materializa mediante políticas públicas que buscan garantizar un trato justo, igualitario y sin discriminación por edad.
El acceso a la justicia de las personas mayores se presenta como una cuestión fundamental debido a las diversas vulnerabilidades y múltiples obstáculos que, aún hoy, enfrenta este grupo poblacional. Factores como las barreras físicas, cognitivas y geográficas que dificultan su participación en procedimientos judiciales; el impacto de las actitudes edadistas, por el cual muchas de las vulneraciones de derechos que padecen no son identificadas como tales; la falta de conocimiento sobre sus derechos o los procedimientos sobre cómo presentar una denuncia; la carencia de recursos económicos, entre otras, evidencian la necesidad de seguir trabajando en la concientización, capacitación, accesibilidad, disponibilidad y recursos efectivos para resolver estas problemáticas y, así, proteger y garantizar los derechos de las personas mayores en igualdad de condiciones.
En este contexto, resulta indudable que las personas mayores requieren una protección jurídica específica, la cual puede lograrse a través de sistemas legales diferenciados. Estos sistemas deben asegurar, por una parte, el reconocimiento y la exigibilidad de derechos especiales para este grupo poblacional y, por otra parte, imponer obligaciones prestacionales y programáticas a la Administración Pública. De esta forma, se fomenta la creación e implementación de políticas públicas enfocadas en garantizar los derechos y el bienestar de las personas mayores.
Las disposiciones normativas aplicables abarcan una amplia gama de temas tales como el trabajo, el desarrollo social, la salud, la cultura, la educación, y el acceso a la justicia, entre otros, siendo el ejemplo prototípico el de las prestaciones y pensiones por jubilación.
En el caso de México, el acceso a la justicia se enmarca en una concepción de bienestar y justicia social, con políticas públicas integrales implementadas por diversos organismos para garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de la ciudadanía, que también contemplan la diversidad cultural, social y territorial, permitiendo que todas las personas, especialmente los grupos históricamente vulnerables, puedan ejercer sus derechos y desenvolverse satisfactoriamente a lo largo de su vida.
Respecto a la situación de las personas mayores en México y su acceso a la justicia, en primer lugar, es preciso mencionar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), que tiene por objeto garantizar el ejercicio de sus derechos y definir las bases y disposiciones para su cumplimiento.
La LDPAM establece de forma enunciativa más no limitativa los derechos de este grupo poblacional, entre ellos, la certeza jurídica, que garantiza a las personas adultas mayores a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial en el que se vea involucrado, sin importar qué parte sea; así como el derecho a ser oídas en juicio, para la determinación de sus derechos y obligaciones; y el derecho a recibir asesoría jurídica gratuita y contar con un representante legal cuando sea necesario.
En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1° se consagra que todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos, reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Con ello se establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar su cumplimiento de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este sentido, el acceso a la justicia es un derecho de las personas adultas mayores, el cual no solo involucra la asesoría jurídica o el trato digno, sino que representa la protección y defensa de todos sus derechos, la tutela jurídica de sus intereses así como garantizar el acceso a la justicia mediante un trato justo, igual y equitativo, el cual se ve fortalecido gracias a la aprobación y ratificación, el pasado mes de enero de 2023, por parte del Estado Mexicano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM), por medio de la cual se compromete a adoptar y fortalecer un adecuado acceso a la justicia con el fin de que se garantice a las personas adultas mayores un trato diferenciado y preferencial en ese y todos los ámbitos.
El artículo 31 de la CIPDHPM, menciona que toda persona adulta mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal y cualquier otro carácter. También obliga a los Estados Parte a buscar el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones, mediante acciones o programas, sugiriendo hacer incluso, ajustes a los procedimientos en cualquiera de sus etapas.
Con el propósito de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales que se establecen en las normativas e instrumentos previamente detallados, México establece un sistema interinstitucional coordinado entre el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
A través de esta colaboración interinstitucional que busca fortalecer la implementación efectiva de políticas públicas integrales que aborden las necesidades específicas de las personas mayores, asegurando su acceso pleno y equitativo a la justicia y a todos los servicios que requieran, se refleja el compromiso de México con una sociedad más inclusiva y justa, donde las personas mayores gocen de igualdad de oportunidades y disfruten de una vida digna y enriquecedora.
INAPAM: acciones para el acceso a la justicia de las personas mayores
El Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene como objetivo principal promover el bienestar, protección y calidad de vida de las personas adultas mayores. Para garantizar su derecho al acceso a la justicia, el organismo trabaja en la creación, verificación e implementación de programas y actividades interinstitucionales, mediante el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la adecuación de los servicios judiciales. De esta manera, busca evitar la discriminación por edad y lograr un acceso a la justicia igualitaria derivada de las necesidades de las personas adultas mayores, tales como la realización de diligencias judiciales fuera de los juzgados, adecuación física de las instalaciones, disminución del tiempo en los procedimientos, así como la expedición de resoluciones adecuadas, con procedimientos más cortos e inmediatos y con lenguaje sencillo de comprender.
En este marco, el INAPAM brinda asesoría jurídica gratuita a las personas adultas mayores en distintas materias como civil, familiar, laboral, penal y administrativo. Asimismo, ofrece acompañamiento a los procedimientos ante las autoridades correspondientes en los casos en donde no es competente mediante la canalización y realización de trámites administrativos. Este servicio se brinda en tres modalidades: de manera presencial, vía telefónica al 55 5925 5366 y por correo electrónico.
Es importante destacar que, en el caso de que una persona adulta mayor no pueda acudir a una asesoría presencial, tiene la opción de hacerlo a través de un representante y presentar los siguientes documentos: credencial INAPAM de la persona adulta mayor solicitante del servicio y la credencial expedida por el INE del representante.
Asimismo, el organismo tiene diversos convenios con prestadores de servicios profesionales de todo el país, lo que permite ofrecer descuentos en servicios legales a través de la credencial INAPAM, los cuales se pueden consultar en el Directorio de Beneficios en la página web institucional del INAPAM.
Por el último, cabe añadir que actualmente el INAPAM realiza un trabajo interinstitucional con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través del Programa de Asuntos de las Personas Jóvenes y Mayores, para reforzar el derecho del acceso a la justicia de las personas adultas mayores, con el objetivo de optimizar los mecanismos de la atención jurídica para la resolución de quejas y apoyo en las visitas domiciliarias.
Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores: un instrumento de acceso a la justicia
El Censo Poblacional 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció que en México 12% de la población tenía 60 años o más, es decir, más de 15 millones eran personas adultas mayores. Actualmente, cerca de 11 millones de mujeres y varones integran el padrón del programa social Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, política que contribuye al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayuda a mejorar sus condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.
El organismo responsable de operativizar la entrega de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es la Secretaría de Bienestar, cuya misión es coadyuvar al establecimiento del estado de bienestar en donde las personas como sujetos de derecho, en particular los grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, mejoren sus niveles de bienestar, inclusión y equidad durante su curso de vida considerando la diversidad cultural, social y territorial.
En diálogo con este Boletín, desde la Secretaría detallaron que “el Programa tiene el objetivo de mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad, a través de una pensión económica. Cabe destacar que desde 2018 a la fecha, se han realizado anualmente ajustes al alza de los montos otorgados mediante esta pensión no contributiva”, y agregaron que “el Gobierno de México entrega esta pensión de manera directa a la persona adulta mayor beneficiaria, priorizando la bancarización para hacer un proceso eficiente, seguro y transparente”.
* Nota publicada en el Boletín 30 «El Acceso a la Justicia para las personas adultas mayores» del PICSPAM.
