Por: Esp. Mariana Rodríguez, Esp. Leandro Laurino y Esp. Esteban Franchello
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Para este vigésimo Boletín, el Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano seleccionó como eje temático “las personas mayores en el ámbito rural” que, desde un enfoque multicultural e interseccional, también podríamos titular “las vejeces rurales de la región”. Como fue abordado en la edición anterior, dedicado a los “entornos accesibles y nuevos hogares para personas mayores”, la humanidad asiste a una revolución global que, con sus matices locales, expresa un trayecto común hacia sociedades cada vez más longevas que van cambiando de a poco la estructura y la dinámica de sus poblaciones.
En este contexto, las nociones de multiculturalidad e interseccionalidad permiten analizar las condiciones y las características de los procesos de envejecimiento. Iberoamérica se presenta, entonces, como un escenario de diversas culturas que nutren la región de etnias, lenguas, tradiciones, religiones, creencias y modos de vida. Los pueblos rurales, originarios e indígenas, junto con las comunidades afrodescendientes dan cuenta de las manifestaciones diversas de ser y envejecer en la región.
En relación a la noción de interseccionalidad (acuñada en 1989 por la feminista estadounidense Kimberlé Crenshaw para explicar las discriminaciones que sufren las personas en base a su pertenencia a diferentes categorías sociales) y de acuerdo a los estudios e investigaciones de cientistas sociales, se destaca que no es lo mismo transitar los cursos de vida y, en este caso la vejez, con alguna discapacidad o dependencia, siendo varón, mujer o teniendo cualquier otra condición de género, en situación de pobreza o vulnerabilidad social, en soledad, como integrante de pueblos indígenas o afros y, de acuerdo al eje temático de este boletín, en zonas urbanas o ámbitos rurales.
Sobre esta serie de condiciones, la especialista chilena, Sandra Huenchuan, advierte que la etnicidad, la discapacidad o el vivir en zonas rurales o urbanas marginales también inciden en la capacidad de respuesta de la población mayor y de sus familias. En esta misma línea, en 2002, el “Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento”, en el marco de las Naciones Unidas, evidenció que la mayoría de las personas mayores rurales no cuenta con el apoyo familiar tradicional e incluso no tiene los recursos –jubilaciones o pensiones- adecuados para vivir. La sumatoria de todas las circunstancias mencionadas que pueden “cruzarse” en las vejeces rurales debe ser reconocida y abordada con cierta prioridad, a instancias de las políticas públicas y de acciones programáticas, para que los Estados (locales y nacionales) puedan atenuar las desigualdades históricas que pesan sobre ciertos colectivos como el que ocupa hoy a esta publicación.
Ruralidades y vejeces en la región
Para construir un marco común, es necesario reconocer que la ruralidad, lejos de ser una realidad homogénea y estática, se ofrece como un espacio heterogéneo y dinámico. Por lo tanto, el concepto de ruralidad o de «lo rural» no es unívoco en toda la región de Iberoamérica. Es decir, no es posible explicarlo meramente en oposición a «lo urbano» o definirlo como lo «no urbano», más bien, existen diferentes formas de considerarlo a partir de la intervención de diversos actores, identidades, narrativas, espacios, geografías, servicios, condiciones y aspectos que lo constituyen y lo definen.
No obstante, esta heterogeneidad manifiesta, requiere de algunos puntos de contacto para lograr relevar criterios compartidos y generalizados en la región a la hora de pensar el envejecimiento poblacional en estas zonas, de manera que habiliten marcos comunes para evaluar la situación de las personas mayores en la ruralidad y actuar en consecuencia para sostener o mejorar el bienestar y la calidad de vida de estos grupos.
Algunos informes de organismos multilaterales, tanto internacionales como regionales, coinciden en que, si bien la transición demográfica que atraviesa cada país es variable, podrían considerarse tres características compartidas del envejecimiento demográfico de Iberoamérica: el envejecimiento del envejecimiento, la feminización y la urbanización en la vejez.
El incremento de las personas de 75 años y más es el segmento dentro de las personas adultas mayores que más crece. Este fenómeno demográfico está directamente vinculado con el aumento de la esperanza de vida después de los 60 años. Al mismo tiempo, también crecen las probabilidades de fragilización, la aparición de enfermedades crónicas y degenerativas y, en consecuencia, se origina una mayor demanda de cuidados en la vejez, según recientes informes tanto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España (IMSERSO).
Por otra parte, el índice de feminidad demuestra que después de los 60 años, las mujeres viven más que los varones, pero cargan con desventajas históricas que impactan negativamente en sus condiciones materiales y simbólicas de existencia durante todo su curso de vida y que se profundizan en la vejez.
Asimismo, la urbanización en la vejez es un factor territorial que es tendencia en la región y que caracteriza el envejecimiento demográfico iberoamericano. Ya en 2015, América Latina y El Caribe (ALC) concentraba el 81% de las personas adultas mayores en áreas urbanas, mientras que el 19% residía en áreas rurales, según CEPAL. Los países europeos de la región, España (93% y 7%) y Portugal (de una manera más equilibrada, 56% y 44%), expresan el predominio de la urbanización del envejecimiento en sus poblaciones. Confirmando esta tendencia, el Observatorio sobre Adultos Mayores del Programa Iberoamericano publicó en su informe de 2016 que en toda la región (conformada por 22 países), 1 de cada 5 personas mayores reside en el medio rural.
De esta forma, el envejecimiento y la urbanización de la población son dos factores globales que caracterizan las realidades de las sociedades del siglo XXI. Las dinámicas demográficas presentan una acelerada urbanización de las economías emergentes y el desarrollo creciente de flujos migratorios internos e internacionales, sobre todo de jóvenes y de mujeres, acentúan la vejez en las zonas rurales.
Al respecto, la proporción de personas mayores de 65 años de áreas rurales de ALC pasó de 3.2% a 7.4% entre 1950 y 2015, mientras que la proporción de jóvenes de 15 a 29 años se mantuvo relativamente estable en torno al 25-26 % de la población rural, estima una reciente publicación entre la CEPAL, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Por su parte, el «Informe Anual de Indicadores: Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2018», del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, reflejó que los municipios rurales perdieron un 10 % de su población entre 2000 y 2018. El caso de Portugal, pese a que posee una gran población rural de mayores, ha manifestado también un fenómeno de “despoblación” de ciertos medios rurales al igual que su par ibérico, reflejado en algunos informes europeos.
¿Qué políticas para qué vejeces?
La interseccionalidad expresada en las biografías de las personas mayores pone de manifiesto la cuestión social de las vejeces rurales iberoamericanas, en el marco de una revolución global de la longevidad. Muchos gobiernos (a través de instrumentos de políticas públicas), universidades, organizaciones civiles y privadas han estudiado y abordado desde diversos aspectos la ruralidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, al cruzar este campo con el gerontológico queda en evidencia la situación incipiente sobre la construcción de datos y conocimientos que posibiliten desarrollos que luego se transformen en políticas y programas de alcance y acceso necesarios para este grupo.
Dentro del marco regional, puede decirse que el impulso de estrategias adecuadas y oportunas dentro de los esquemas de protección social locales se impone como “punta de lanza” para generar acciones que identifiquen desigualdades, riesgos y necesidades específicas para luego analizarlos en función de los instrumentos con que se cuenta en cada país. En esta línea, y retomando a la Dra. Huenchuan, la protección social destinada a las personas mayores conlleva la integración de tres pilares básicos: seguridad de ingresos, atención básica de salud y servicios sociales para la autonomía. Dichos aspectos son los que expresan mayor desigualdad a la hora de generarse las herramientas y los accesos necesarios para que las poblaciones rurales envejezcan dignamente en sus espacios geográficos y culturales. Para la especialista chilena, la desigualdad es generalizada, pero las diferencias se profundizan cuando se comparan los hogares urbanos con los rurales.
Si bien una de las fuentes que sostiene la seguridad económica de las personas mayores de la región es la continuidad laboral y/o la ayuda familiar, en los últimos años, los países iberoamericanos han ido realizando avances significativos en la expansión de los sistemas de pensiones, principalmente en los no contributivos lo cual ha permitido reducir parte de los riesgos monetarios que surgen en la vejez. Sin embargo, aún resta mucho por hacer para profundizar mecanismos que incrementen la protección de ingresos en la vejez: 3 de cada 10 personas mayores de la región no acceden a una jubilación o pensión, según el citado informe del Observatorio sobre Adultos Mayores del Programa Iberoamericano, sobre todo, si se trata de mujeres adultas mayores, personas mayores originarias o indígenas, personas de edad avanzada que residen en población rural o aquellas que atravesaron por conflictos armados.
Respecto a la atención básica de la salud, otro de los pilares de la protección social, a pesar del vacío estadístico específico sobre personas mayores rurales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha exhibido cifras que dan cuenta de la desventajosa situación global: el 56% de las poblaciones rurales del mundo siguen careciendo de cobertura legal de salud, mientras que el déficit respecto de las poblaciones urbanas es del 22%.
Por último, los servicios sociales para la atención de la autonomía hacen referencia principalmente a acciones que involucran el cuidado como una necesidad y como derecho humano. Los servicios de cuidado no deben reemplazar los sociosanitarios e implican acciones de carácter progresivo y en ningún caso excluyentes, y van desde el cuidado domiciliario hasta el establecimiento de cuidados de largo. Sobre este pilar tampoco existen datos o información pormenorizada cuando se trata de las vejeces rurales.
LA INTERSECCIONALIDAD EXPRESADA EN LAS BIOGRAFÍAS DE LAS PERSONAS MAYORES PONE DE MANIFIESTO LA CUESTIÓN SOCIAL DE LAS VEJECES RURALES IBEROAMERICANAS, EN EL MARCO DE UNA REVOLUCIÓN GLOBAL DE LA LONGEVIDAD
En suma, el peso relativo del envejecimiento poblacional en las zonas rurales, exige un esquema complejo y progresivo de construcción de datos que posibiliten identificar y visibilizar demandas y necesidades puntuales de estos colectivos, que con lógicas propias faciliten la capacitación de profesionales en estos ámbitos, así como la creación de dispositivos y servicios sociales accesibles para promover la autonomía personal, prevenir la dependencia y favorecer un envejecimiento activo y saludable en las locaciones rurales de Iberoamérica.
Para ello, los países cuentan con recientes instrumentos de acuerdos multilaterales alcanzados a instancias de Naciones Unidas, tal como es el caso de los “Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) de la Agenda 2030” o del “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, dos herramientas estratégicas mundiales de mediano y largo plazo, que si bien exceden la realidad específica de las personas mayores también las debe contemplar como actores necesarios y protagónicos para transitar un camino de desarrollo local, regional y global sostenible de las poblaciones.
La soledad en foco
En el marco de la protección social, la soledad de las personas mayores rurales y urbanas es una problemática que en la actualidad no sólo ha ganado mayor visibilidad en el mundo, sino también institucionalidad dentro de las políticas públicas sobre envejecimiento y vejez (la creación del Ministerio de la Soledad a partir de 2018 en el Reino Unido es un ejemplo). Uno de los datos que está vinculado a la problemática en cuestión y que encendió las alarmas en los ámbitos de las políticas públicas refiere al crecimiento de los hogares unipersonales de personas adultas mayores en los países de la región.
En relación a dichos guarismos, CEPAL da cuenta de un estudio comparativo de 13 países seleccionados de ALC donde 9 de ellos presentan un mayor porcentaje de hogares unipersonales de mayores en sus áreas rurales (Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela). En tanto el IMSERSO informó, a instancias de datos de la Encuesta continua de hogares de 2015, que el 40,6% de las personas de 65 años y más viven en hogares urbanos unipersonales en España y que la tendencia se sostiene en el medio rural.
Por ello, como se dijo, la soledad se ha vuelto un eje de atención y de a poco se visibiliza en las agendas públicas y políticas de algunos países del mundo. Estas situaciones, sobre todo si se trata de mujeres y de localidades rurales, se constituyen en un núcleo significativo para poner en foco de manera urgente.
La exclusión de los instrumentos de la protección social se explicita con mayor contundencia en aquellas poblaciones que tuvieron -y tienen- trabajos mal remunerados, precarios y sin la protección adecuada. Cuando estas trabajadoras ingresan a la vejez se habilita un amplio margen para transitar esta etapa de la vida con inseguridad económica, dependencia y con una elevada probabilidad de pobreza. Por ello, la soledad femenina y rural se constituye como núcleo significativo para poner en foco de manera urgente. Esto se profundiza si se contemplan mujeres mayores, rurales, que viven solas, con discapacidad, que son jefas de hogares, originarias, indígenas o afrodescendientes.
Si bien en la actualidad existe una paridad demográfica entre mujeres y varones mayores en las zonas rurales de la región (salvo España y Portugal donde es levemente mayor), la feminización de la vejez debe operar como directriz para comprender y abordar el envejecimiento desde una perspectiva de género y de derechos humanos, ya que es necesario reparar con acciones programáticas y de políticas públicas las deudas históricas con el conjunto de las mujeres mayores de los países de Iberoamérica.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, en su artículo 14, es clara cuando plantea la necesidad de que “los Estados Parte adopten todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales y, en particular, le aseguren el derecho a tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y beneficiarse de servicios y programas de seguridad social”. Estas demandas deben constituirse, de manera urgente, en abordajes centrales para tales fines.
*Nota Central publicada en el Boletín 20, «Las personas mayores en el ámbito rural» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
