El Plan Ibirapitá funciona desde 2015 en Uruguay y ha reconfigurado sus acciones para potenciar su contribución al empoderamiento de las personas mayores, evitar los sentimientos negativos de la soledad que este contexto de pandemia puede generar y continuar disminuyendo la brecha digital.
En época de crisis sanitaria y para reducir su avance y despliegue, desde el Ministerio de Salud Pública y Presidencia se sugirió el aislamiento físico de la población, en especial, de las personas adulta mayores, por constituir el grupo de mayor riesgo ante la COVID-19. Seguidamente, se planificaron medidas para garantizar la calidad de vida de toda la población.
Desde su creación en 2015, el Plan Ibirapitá[1] -diseñado e implementado por el Centro Ceibal– trabaja de manera conjunta con el Programa Nacional de Voluntariado del Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer el tejido intra e intergeneracional, mediado por el uso y apropiación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). A partir de su misión, “promover la inclusión digital”, el Plan busca contribuir al empoderamiento de quienes más lo necesiten en tiempos de crisis (y pensando en el futuro), generando instancias y contenidos para evitar el aislamiento y la soledad.
La inclusión digital -y social- es una de las políticas públicas que los Estados deben atender para disminuir la brecha digital. El marco actual, donde el encuentro personal está relegado para prevenir la transmisión del virus, marca la relevancia de planificar y ejecutar este tipo de políticas para las generaciones que han venido envejeciendo con otros recursos tecnológicos y que, hoy, el contexto sociotemporal le propone nuevas formas de vinculación y conexión. Así lo indica el derecho a envejecer con dignidad, tal como explicita la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la que Uruguay ratificó el 24 de agosto del 2016.
El Plan Ibirapitá aboga para la construcción de una vejez activa y saludable, participativa, equitativa y ávida de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en tanto que “las TIC cumplen un rol fundamental como oportunidad para generar estrategias de acompañamiento virtual, que no reemplaza lo afectivo del contacto interpersonal, pero que contiene a quienes se encuentran en aislamiento a mitigar algunas de las consecuencias socioemocionales que puedan surgir”, señala Agustina López, coordinadora territorial de Montevideo.
En el pasaje de la modalidad presencial a la virtual, y la consecuente reconfiguración de las acciones del Plan, los equipos técnicos detectaron la necesidad de generar espacios de formación para las nuevas personas voluntarias que fueran a acompañar a las personas mayores. En este aspecto, el rol de los referentes territoriales y de INMAYORES (Instituto Nacional de Personas Mayores) es fundamental para generar espacio de sensibilización y construcción de un marco que garantice la promoción y el respeto de los derechos de las personas mayores.
Asimismo, el Plan se ajusta a un ejercicio permanente de articulación y coordinación junto al Programa Nacional de Voluntariado y la Cruz Roja, atentos a posibles situaciones de vulneración de derechos que, en casos de ser necesario, son derivadas a los servicios estatales correspondientes.
Líneas de trabajo para evitar la soledad mediante el empoderamiento digital
Las instancias de capacitación destinadas a las personas voluntarias abordaron diferentes conceptos acerca de la vejez y el envejecimiento desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, se definieron las herramientas a informar para el uso de las TIC: videos tutoriales, información sobre las aplicaciones de las tablets, foro de consultas, entro otros.
El Plan Ibirapitá adscribe:
- A la definición de la CIPDHPM (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores), que describe al envejecimiento activo como un “proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones.
- A la noción de ciudadanía digital que AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) define como “un concepto que está en permanente construcción y que refiere principalmente a nuestros comportamientos y actitudes en los espacios digitales, y al mismo tiempo a nuestros derechos y obligaciones” y propone tres dimensiones de abordaje: uso seguro y responsable, uso crítico y reflexivo y uso creativo y participativo.
- Al entretenimiento y al acceso a la cultura como un derecho de todas las personas mayores. En el contexto de virtualidad, muchos organismos estatales han migrado sus contenidos a distintas plataformas. Cursos, talleres, espectáculos, conciertos y películas están ahora disposición. Plan Ibirapitá es una plataforma de contenido y, por lo tanto, esta política se encarga también de coordinar y replicar las actividades que estén llevando adelante otras instituciones estatales.
- Comunicación, interacción y prevención: en coordinación con INMAYORES y CIEN (Centro Interdisciplinario de Envejecimiento), se desarrollan estrategias de acompañamiento virtual que no se reduzcan únicamente a cuestiones de resolución técnica, sino que también fomenten la interacción y el encuentro virtual con las personas mayores. Es necesario desarrollar una comunicación asertiva para poder identificar problemáticas y poder derivar para su correcta atención.
*Nota publicada en el Boletín 21, «La soledad en las personas adultas mayores» del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.
[1] El Plan Ibirapitá está presidido por una Comisión Honoraria, integrada por Centro Ceibal, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Banco de Previsión Social y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
