Por Mariana Rodríguez y Esteban Franchello
La creciente esperanza de vida en Iberoamérica (y en el mundo) permite anticipar que un número cada vez mayor de personas requerirá cuidados y apoyos para realizar actividades de la vida diaria, debido a posibles morbilidades y/o discapacidades que, según evidencias y proyecciones científicas y demográficas, pueden presentarse. Aunque la vejez no implica una dependencia asegurada —porque existen múltiples y diversas formas de transitar esta etapa—, las condiciones generales la convierten en una posibilidad, en distintos grados, que será necesario atender y abordar.
Una certeza: el panorama demográfico global está experimentando una transformación profunda, marcada por un aumento significativo de la longevidad; al mismo tiempo, el proceso de envejecimiento se está llevando a cabo con un ritmo acelerado o muy acelerado en las distintas regiones del mundo. En apenas cinco años, y según las proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas (ONU), cuando culmine la Década de Envejecimiento Saludable (2021-2030), muchos países tendrán sus sociedades “envejecidas”, “muy envejecidas o, incluso, “hiper envejecidas”.
A modo de ejemplo, los porcentajes de las personas mayores en los países miembro del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores (PICSPAM) permiten vislumbrar el escenario futuro: Chile y España, se proyecta que superen el 30%, entrando en la categoría de países «hiper envejecidos»; Uruguay y Brasil, se estima que alcanzarán alrededor del 28% y 29%, respectivamente, considerados “muy envejecidos”, junto a México con el 25% de población mayor, Argentina, 24%, y República Dominicana, 21%. Paraguay es el único país que alcanzará la categoría “envejecido”, con una proyección de 19% de personas mayores en 2030.
Algunas opiniones expresan que el hecho de vivir más años representa un logro trascendental de la humanidad que también plantea desafíos cruciales —en especial, en lo referente a los cuidados de larga duración— para los Estados y los sistemas de protección social, el sector privado, las familias y para las propias personas. Aquí se presenta otra certeza: la extensión de la vida no garantiza una buena calidad de la misma. En este marco y desde una perspectiva crítica, surge un interrogante ¿es adecuado hablar de “logro” entonces? ¿O el logro aún debe construirse?
Sucede también que los datos demográficos señalan que los índices de fecundidad van disminuyendo en un contexto en el que las generaciones más jóvenes postergan o cancelan la posibilidad de ser madres o padres. Esto pone en permanente debate y reflexión los sistemas de pensiones y jubilaciones, en especial los solidarios, donde la generación trabajadora financia en parte las jubilaciones de la generación anterior. En este escenario, como se puede prever, el círculo evolutivo para el desarrollo de las sociedades se ve altamente limitado y el lazo que da sentido a la solidaridad intergeneracional se ve amenazado, ya que las proyecciones alertan que el aumento de la longevidad incrementará directamente la demanda de cuidados a largo plazo y, por lo tanto, las personas precisarán más recursos económicos para afrontarlos.
Todo este complejo fenómeno social, cultural, económico y político ejerce presión sobre los Estados y los sistemas formales de atención que a menudo se encuentran con recursos insuficientes, pero también lo hace de manera considerable sobre sobre las familias y, en especial, sobre las mujeres que tradicionalmente han asumido la mayor parte de la responsabilidad del cuidado. En palabras de la experta mexicana, Verónica Montes de Oca, “los cuidados de largo plazo se encuentran en crisis y requieren, también, una urgente reorganización, redistribución y revalorización social”.
¿Qué son los cuidados de larga duración y cuál es su importancia en el actual contexto demográfico?
Existe una gran dispersión —teórica y práctica— en las definiciones sobre los cuidados de larga duración. Sin embargo, además de las conceptualizaciones que realizan organismos internacionales, sirve de parámetro la publicación reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Cuidados de largo plazo para personas mayores: perspectivas demográficas y sociales en el Caribe hispano, Centroamérica y México”, donde la especialista chilena, Sandra Huenchuan, resalta que el cuidado se ha convertido en un tema de relevancia creciente con profundas implicaciones para el bienestar social, los derechos humanos y el desarrollo económico de los países.
Por estos motivos, y ante la falta de cierto consenso generalizado, la experta destaca que los cuidados de larga duración deben ser abordados, en primer lugar, como un proceso de interdependencia y esto supone mucho más que asistencia básica: constituye un derecho humano fundamental. Entender el cuidado como un proceso invita a pensarse como persona sensible y responsable que transita la vida en diferentes etapas, en las que a veces se brindan cuidados y, en otras, se reciben. De esta forma, los cuidados de largo plazo merecen ser concebidos en un marco de interdependencia, que se extiende desde la ayuda para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria (como la alimentación, el aseo, el vestuario, la movilidad, la continencia y el uso del baño), las actividades instrumentales (como el uso del teléfono, el cuidado de la casa, las compras, la preparación de la comida, el transporte, el manejo del dinero y la medicación), el apoyo para mantener relaciones sociales significativas, hasta los cuidados al final de la vida que, en general advierte Huenchuan, no son tenidos en cuenta en los sistemas de salud o de protección social.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los cuidados de larga duración son acciones que llevan a cabo personas cuidadoras no formales y no remuneradas (familiares, amistades o vecindad) y/o formales y remuneradas (profesionales de la sanidad, sociales u otras), en diversos entornos, incluyendo el hogar, la comunidad o instituciones de larga estadía, con el fin de que la persona cuidada pueda realizar las actividades básicas de la vida diaria con el mayor grado posible de autonomía, independencia y participación. En esta línea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suman como servicios de cuidados a largo plazo: a los centros de día, que proporcionan apoyo físico, cognitivo, social y nutricional; a la teleasistencia, que utiliza tecnologías para monitorear a las personas en sus hogares y responder ante emergencias; y a los servicios de apoyo a cuidadores, que incluyen formación, contención emocional y beneficios económicos.
Si bien el derecho a la salud está garantizado por múltiples marcos regulatorios nacionales e internacionales, a nivel global el derecho a cuidados de larga duración no ha sido especificado en ninguna normativa o tratado aún, como sí ocurre a nivel regional con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a través de su artículo 12, sobre los “Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”.
No obstante, la Década del Envejecimiento Saludable de la OMS podría considerarse un marco posible, ya que su cuarta Área de acción establece puntualmente “brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesitan”. El Informe de progreso 2021-2023 sobre esta estrategia global refiere que, aunque ha aumentado el número de países que reportan contar con políticas de cuidados de larga duración para personas mayores (78% en 2023 frente al 67% en 2020), persisten importantes desafíos: solo un 34% declara tener recursos suficientes para implementar estas políticas, mientras que la mayor parte del cuidado sigue dependiendo de mecanismos informales, con grandes dificultades para sus sostenibilidad y escaso apoyo institucional. En paralelo, el documento advierte pocos avances en la creación de sistemas públicos integrales de cuidados, que se ven obstaculizados por problemas de financiamiento, gestión y evidencia y, además, plantea que las personas cuidadoras informales, en su mayoría mujeres, reciben poca o ninguna asistencia: apenas el 16% de los países de ingresos bajos brinda apoyo específico.
En tal sentido, otra de las dificultades —y desafíos— que se observa en la región latinoamericana, es la nula o escasa formación de quienes brindan cuidados de largo plazo en residencias o domicilios. Así lo advirtió en un seminario virtual reciente, la experta argentina, Mónica Roqué, a partir de datos relevados sobre la situación de diferentes países: en 2024, el BID publicó que en Chile, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE), realizada en 2020 a personas cuidadoras remuneradas que trabajaban en 17 residencias, identificó que sólo la mitad había participado en cursos de formación en los últimos dos años. En Uruguay, el 55% de los/as trabajadores/as de 80 residencias situadas en Montevideo, informó no tener formación, mientras que sólo el 16,9% asistió a cursos con una duración superior a 90 horas. En México, según datos de la OPS, menos del 3% del personal que trabaja en centros de cuidados de larga duración tiene una capacitación adecuada.
Por su parte, en España, el Instituto de Servicios Sociales (IMSERSO) remarcó en la nota elaborada para este boletín que uno de los principales desafíos del sector profesional de los cuidados es la creciente escasez de personal, una problemática que, de no abordarse de manera estratégica, se acentuará en los próximos años. En la base de esta situación, señala el organismo, se encuentran varios factores que requieren atención urgente, entre ellos, la mejora de las condiciones laborales y de la calidad del empleo. Estos datos, valiosos y necesarios, permiten a los países pensar y planificar políticas y acciones para transformar la realidad. El contexto indica que resulta imperioso avanzar, por un lado, en la definición de lineamientos que permitan formalizar acciones vinculadas al cuidado como derecho, entre ellas la generación de instancias formativas necesarias en un mundo en donde se precisan muchas personas que se dediquen a brindar cuidados y apoyos y, por el otro, en la creación de mecanismos y disposiciones para que sean reconocidas social y económicamente.
Marcos normativos y propositivos relevantes
Iberoamérica cuenta con marcos europeos y americanos que brindan definiciones y perspectivas que favorecen la reflexión y la definición de políticas orientadas a garantizar los cuidados destinados a la población mayor. Por un lado, América Latina y El Caribe cuenta con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual establece una estructura normativa para garantizar que las personas mayores que requieren cuidados de larga duración reciban una atención digna, de calidad, centrada en sus necesidades y sea respetuosa de sus derechos fundamentales.
En la actualidad, 12 países de la región se encuentran adheridos a este tratado de carácter vinculante que en 2025 cumple 10 años desde su aprobación (efectuada el pasado 15 de junio de 2015), en el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Suriname y Uruguay. Como ya se mencionó, los principales ejes del artículo 12 de este instrumento apuntan al entorno y la calidad de la atención, promoviendo el derecho a vivir en un ambiente seguro, digno, saludable y accesible; a la autonomía, con derecho a otorgar consentimiento libre e informado sobre los servicios de cuidado recibidos y participar en la planificación y toma de decisiones, incluso sobre el propio cuidado.
En la región de las Américas, asimismo, ministros y ministras de salud aprobaron en octubre de 2024 una nueva política regional que busca fortalecer los cuidados de larga duración. La iniciativa, impulsada y aprobada por el 61º Consejo Directivo de la OPS, establece un marco estratégico para ampliar el acceso a servicios sostenibles, equitativos y centrados en la persona, al tiempo que reconoce el rol crucial de los cuidados informales. Según fuentes oficiales, esta herramienta busca promover la inversión pública, el apoyo a personas cuidadoras no remuneradas, la profesionalización del sector y la construcción de sistemas nacionales con gobernanza intersectorial y financiamiento adecuado.
Por su parte, la Estrategia Europea de Cuidados, una iniciativa de la Comisión Europea del año 2022, propone una hoja de ruta para fortalecer los sistemas de cuidado en dicho continente, reconoce su importancia social y económica y busca asegurar el apoyo a quienes precisan cuidados y a quienes los proporcionan. Los cuidados de larga duración, establece este instrumento, deben ser oportunos, globales y asequibles, garantizadores de una vida digna. Asimismo, promueve el apoyo a las personas cuidadoras mediante formación, asesoramiento, apoyo psicológico y financiero. Frente a la escasez de trabajadores/as en el sector de cuidados, insta a atraerles y retenerles promoviendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, movilizando financiación sostenible y adecuada, incluyendo el posible uso de fondos de la Unión Europea (UE).
Vale mencionar también nuevas evidencias publicadas por la Oficina Regional de la OMS para Europa y organizaciones asociadas que destacan que invertir en cuidados de larga duración no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores y sus familias, sino que también genera un “dividendo del cuidado” con importantes beneficios económicos y sociales. El libro publicado por la Cambridge University Press demuestra que sistemas sólidos de cuidados a largo plazo pueden reducir hospitalizaciones innecesarias, fortalecer la cohesión social, generar empleo y aumentar la participación laboral. Además, propone estrategias concretas para apoyar a cuidadores informales, garantizar una atención de calidad y avanzar hacia modelos sostenibles, inclusivos y centrados en la persona.
En el caso del renombrado Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento de 2002, si bien no define los cuidados de larga duración de manera específica, integra la necesidad de estos servicios dentro de un marco más amplio de promoción de la salud, bienestar y derechos de las personas mayores. Asimismo, subraya la importancia de garantizar el acceso a servicios de calidad y apoyar la tarea de cuidadores/as. Los principios fundamentales del Plan indican cuáles son los puntos relevantes que los cuidados a largo plazo deben proporcionar: dignidad, autonomía, independencia, participación plena de las personas mayores, equidad y no discriminación por motivos de edad, entre otros. Estos principios brindan el marco para avanzar en el desarrollo de políticas, dispositivos y estrategias vinculados a las cuestiones y temáticas de vejez y envejecimiento en general, y de cuidados de largo plazo en particular.
Concretamente, Iberoamérica cuenta con el Plan Estratégico del PICSPAM (delineado para el periodo 2023-2030), el cual pondera el derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado, en diálogo con las propuestas de la Década y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta herramienta propone impulsar sistemas de cuidados a largo plazo con enfoques comunitarios como clave para construir sistemas sostenibles y vinculados a los territorios. Para ello, plantea líneas de acción orientadas a la gestión de medidas que protejan los derechos de las personas mayores en dispositivos de larga duración; a la capacitación de personas cuidadoras y personal sociosanitario; y a la promoción del modelo de atención centrada en la persona.
En términos generales, los documentos señalados comparten principios y perspectivas respecto al abordaje de los cuidados. La realidad actual y las proyecciones futuras marcan la importancia de crear igualdad de oportunidades y ello requiere de la acción conjunta, corresponsable y coordinada entre los sectores públicos, privados, las familias y las propias personas mayores. En paralelo, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta impulsado por ONU, durante el 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, deberá asumir el compromiso de avanzar en la redacción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, como un instrumento global que proporcione un marco legal para la cooperación, la protección de valores fundamentales y la construcción de estándares universales más justos, solidarios y sostenibles.
Reconocer el trabajo de quienes cuidan
Visibilizar y valorizar la tarea de las personas trabajadoras vinculadas a los cuidados constituye un objetivo fundamental para revertir la escasez de mano de obra de este sector que se identifica en la mayoría de los países. Se trata de generar acciones para superar la precariedad laboral y la baja remuneración que percibe el sector y la consecuente falta de protección social.
En este marco, es esperable que el nivel formativo de quienes cuidan sea bajo o nulo. En sociedades donde el cuidado no es concebido cultural y económicamente como un trabajo valioso —porque históricamente fue realizado por las mujeres y sin retribución monetaria— se torna un desafío crear políticas y acciones que transformen este escenario. El punto es que dicha transformación, lejos de ser un mero deseo, es una necesidad real y concreta en el corto plazo.
Actualmente existe una financiación insuficiente en la mayoría de los países. Asimismo, la falta de integración y coordinación entre los sistemas de salud y protección social dificulta la provisión de una atención integral y centrada en la persona. Por lo tanto, como se ha mencionado, una gran proporción del cuidado de larga duración recae en familiares, principalmente mujeres, quienes a menudo deben sacrificar sus oportunidades laborales y su propio bienestar.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que invertir un 1,8% del PBI mundial en los cuidados de larga duración permitiría crear 26,7 millones de empleos adicionales en Europa para el año 2035. Asimismo, el BID estima que América Latina y El Caribe precisará cerca de 9 millones de personas que trabajen formalmente en cuidados de larga duración en 2050.
Como aporte al abordaje formativo en organismos e instituciones públicas y/o privadas, el PICSPAM elaboró en 2022 el “Protocolo Iberoamericano de Formación en Cuidados”, con el objetivo de proporcionar a las personas participantes los conocimientos y herramientas para el cuidado de personas adultas mayores, así como los recursos para su autocuidado, desde un marco de derechos humanos.
En este sentido, la generación de propuestas de formación se constituye como una acción necesaria y estratégica para brindar apoyo emocional, espiritual y reconocimiento a las personas cuidadoras y a quienes reciben los cuidados y, al mismo tiempo, para intentar superar la brecha entre mujeres y varones, masculinizar la tarea del cuidado y, así, avanzar hacia la creación de sistemas más justos y equitativos.
Cuidados e intergeneracionalidad
La vinculación de los cuidados con la intergeneracionalidad apunta hacia la creación de un tejido social más cohesionado, donde las diferentes generaciones se apoyen mutuamente y compartan recursos, conocimientos y experiencias en las tareas de cuidado y apoyo. El edadismo sufrido por las personas mayores, en especial, debido a las construcciones sociales negativas de la vejez y el envejecimiento (viejismo), obstaculizan el encuentro intergeneracional. Por lo tanto, la solidaridad intergeneracional se presenta como una condición para asegurar la inclusión y el encuentro entre grupos diversos.
Como ya se hizo referencia, existe otra certeza destacable: “nadie está exento de precisar cuidados a lo largo de la vida”. Quienes atraviesan niveles de dependencia precisan de redes fuertes para contar con apoyos para sí mismos/as, pero también para acompañar a sus familiares que inevitablemente tienen que modificar sus dinámicas cotidianas para asumir este tipo de roles.
Julia Ferre, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés), en su artículo “Pacto para el Futuro, enfoque intergeneracional, y el envejecimiento de la población”, aboga por la aplicación de un enfoque intergeneracional en las políticas públicas, basándose en la realidad demográfica del envejecimiento global. Al mismo tiempo, explora cómo la solidaridad intergeneracional impacta áreas como políticas laborales y de protección social, sistemas de cuidado, la economía y propone el aprendizaje permanente para asegurar el bienestar de todas las generaciones a través de la mutua colaboración.
Lo destacable es que promover un pacto para el futuro apunta a la necesidad de fortalecer y promover la solidaridad entre las generaciones desde un enfoque interseccional y del curso de vida, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas jóvenes y de las mayores, reconociendo la importancia del apoyo mutuo entre las distintas edades y abordando la espiritualidad como una dimensión de la experiencia humana que busca dar sentido a la vida en todas las etapas.
En virtud de las certezas y los desafíos actuales, los cuidados merecen ser construidos corresponsablemente a partir de políticas públicas y acciones colectivas e individuales que aseguren una vida digna, tanto a quien requiera de apoyos como a su familia. Invertir en sistemas de cuidados de larga duración no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una necesidad social y económica para construir sociedades más justas e inclusivas en un mundo que envejece a pasos acelerados.
Por ello, en el marco del 15 de Junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y en vinculación con el eje temático del presente boletín, el PICSPAM propone el siguiente lema que convoca a todas generaciones y a todos los sectores a promover el derecho a cuidar y ser cuidadas/os: “Construyamos cuidados a largo plazo, respetuosos y oportunos para las personas mayores en Iberoamérica”.
Nota central publicada en el Boletín 33, «Cuidados de larga duración: Oportunos, asequibles, accesibles y de calidad. Derecho subjetivo a los cuidados y su transposición a las normativas y ecosistemas comunitarios para los cuidados».