La Secretaría Nacional de Derechos de la Persona Mayor (SNDPI) de Brasil presenta un análisis sobre los desafíos de sostenibilidad que enfrenta el sistema de protección social para personas mayores en el país. El artículo examina la situación actual de programas específicos y políticas desarrolladas por la propia Secretaría entre 2023 y 2025, identificando las tensiones entre la sostenibilidad fiscal y la garantía de derechos. En respuesta a estos desafíos, la SNDPI propone cinco compromisos estratégicos para fortalecer la protección social como una política de Estado permanente.
Para esta nueva edición del Boletín del PICSPAM, la Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona Mayor (SNDPI) de Brasil ha preparado un informe que aborda el eje temático propuesto desde una perspectiva crítica y situada. El texto se sustenta en pilares teórico-académicos que dialogan con las múltiples realidades de las personas mayores en el país y se proyecta a partir del conjunto de herramientas políticas y programáticas que el Estado viene impulsando durante la actual gestión de gobierno.
La sostenibilidad de los sistemas de protección social en Brasil enfrenta desafíos estructurales, históricos y coyunturales. Para comprenderlos, la SNDPI propone adoptar la concepción de protección social elaborada por la académica brasileña Camila Potyara Pereira (2013). Esta autora la define como un conjunto de estrategias públicas y privadas orientadas a reducir las vulnerabilidades sociales mediante mecanismos de redistribución y reconocimiento de los derechos sociales universales. Desde esta perspectiva, la protección social no se limita a una asistencia puntual o focalizada, sino que constituye un proyecto societario de justicia social, comprometido con la emancipación de las personas y con el enfrentamiento de las desigualdades estructurales.
LA PROTECCIÓN SOCIAL CONSTITUYE UN PROYECTO SOCIETARIO DE JUSTICIA SOCIAL, COMPROMETIDO CON LA EMANCIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL ENFRENTAMIENTO DE LAS DESIGUALDADES ESTRUCTURALES.
En su tesis doctoral, Potyara Pereira denuncia la fragmentación y la focalización de la protección social en Brasil, especialmente a partir de los años noventa, con la incorporación de directrices neoliberales en el diseño de las políticas públicas. Según la autora, las políticas sociales pasaron a ser concebidas como compensatorias y destinadas únicamente a los “más pobres entre los pobres”, lo que debilitó la perspectiva de universalidad. La selectividad y la lógica de la eficiencia —bajo el pretexto de la sostenibilidad fiscal— han comprometido la continuidad y el alcance de la protección social como derecho, sostiene.
Desde esta perspectiva, la SNDPI considera que la política pública se vuelve gubernamental, al quedar sujeta a las variaciones de las gestiones y a la discontinuidad administrativa. Esto ocurre en detrimento de una política de Estado, cuyas directrices deberían ser permanentes, orientadas por la Constitución Federal de 1988 y por la lógica de los derechos humanos.
Programas y acciones de la SNDPI (2023–2025)
Entre 2023 y 2025, la Secretaría Nacional de los Derechos de la Persona Mayor (SNDPI), perteneciente al Ministerio de Derechos Humanos y de la Ciudadanía (MDHC) de Brasil, desarrolló una serie de programas y acciones relevantes, tales como:
- Programa Envejecer en los Territorios: formar agentes comunitarios de derechos humanos para identificar y mitigar violaciones de derechos de las personas mayores en sus territorios, fortaleciendo la red de protección local y los consejos de derechos de las personas mayores.
- Programa Viva Más Ciudadanía: promover los derechos y fortalecer la ciudadanía de las personas mayores en situación de vulnerabilidad y víctimas de múltiples discriminaciones. El público principal de la iniciativa son las personas mayores pertenecientes a grupos sociales caracterizados por diversidades históricas, sociales, étnico-raciales, económicas, territoriales, culturales y religiosas, desde la perspectiva de la equidad, la interseccionalidad y la intersectorialidad
- Proyecto Viva Más Ciudadanía Digital: promover la inclusión digital de personas mayores mediante capacitación en tecnologías digitales y acceso a conectividad, orientadas a combatir el edadismo digital.
- Proyecto Vida Digna em Casa: entregar equipamientos y realizar adaptaciones domiciliarias para personas mayores postradas en cama o con movilidad reducida, priorizando la permanencia en su territorio y la calidad de vida en la vejez.
- Campañas de enfrentamiento al edadismo: desarrollar campañas nacionales de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas mayores, desnaturalizar estigmas y promover el respeto intergeneracional.
- Acuerdos con estados y municipios: convocar públicamente para apoyar acciones territoriales de promoción y defensa de los derechos de la persona mayor, con especial atención a la población más vulnerabilizada.
- Formaciones intersectoriales e interseccionales: ofrecer cursos, seminarios y alianzas para capacitar a profesionales en temas como cuidados, envejecimiento interseccional, género, raza, discapacidad, población LGBTQIA+ e intergeneracionalidad.
En línea con la visión crítica y analítica propuesta por la SNDPI en este artículo, estas iniciativas corren el riesgo de convertirse en acciones – gubernamentales temporales si no cuentan con reglamentación legal, financiamiento estable y articulación federativa. Aunque poseen un potencial transformador, su carácter programático y dependiente de la actual gestión federal genera preocupaciones respecto a su sostenibilidad e institucionalización. Esta limitación afecta directamente la consolidación de una política nacional de protección de las personas mayores como política de Estado, tal como lo prevén el Estatuto de la Persona Mayor (Ley N° 10.741/2003) y la Política Nacional de la Persona Mayor (Ley N° 8.842/1994).
ESTAS INICIATIVAS CORREN EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN ACCIONES DE GOBIERNO TEMPORALES SI NO CUENTAN CON REGLAMENTACIÓN LEGAL, FINANCIAMIENTO ESTABLE Y ARTICULACIÓN FEDERATIVA.
Restricción presupuestaria y el BPC: el precio de la deuda pública
Otro elemento crítico para la sostenibilidad de la protección social en Brasil, que la Secretaría Nacional propone para su análisis, es la restricción presupuestaria impuesta al financiamiento de las políticas sociales, -en particular al Beneficio de Prestación Continuada (BPC), previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Asistencia Social (LOAS).
El BPC garantiza un salario mínimo mensual a las personas mayores de 65 años o más y a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad socioeconómica, independientemente de la contribución previsional. Es uno de los principales instrumentos de redistribución de ingresos en Brasil, con efectos directos en la reducción de la pobreza y en la garantía de dignidad en la vejez.
No obstante, a partir de la Enmienda Constitucional N° 95 de 2016, que instituyó un “techo de gastos”, y bajo la presión de metas fiscales vinculadas al pago de la deuda pública, los recursos -destinados al BPC pasaron a ser objeto de contención. La reciente Enmienda Constitucional N° 126 de 2022 y el nuevo marco fiscal impulsado en 2023 (Ley Complementaria N° 200) refuerzan el control de los gastos primarios sin revisar la estructura regresiva del sistema tributario ni modificar los gastos con los servicios de la deuda, que consumen la mayor parte del presupuesto público.
Más allá de estas disposiciones puntuales, se configura una dinámica fiscal que, desde 2016, opera bajo una lógica de contención del gasto primario, lo que limita la expansión de políticas sociales incluso frente a una creciente demanda. La ausencia de reformas tributarias progresivas y la prioridad otorgada al servicio de la deuda consolidan un patrón en el que el ajuste recae de forma desproporcionada sobre áreas vinculadas a derechos.
Este escenario compromete la efectividad de la protección social, al subordinar los derechos de las personas mayores a la lógica del ajuste fiscal. El conflicto entre el derecho a la dignidad y el compromiso con la deuda pública revela la priorización de intereses financieros en detrimento de la justicia social, alejándose de los fundamentos constitucionales de un orden social basado en la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la promoción del bienestar de todas las personas.
EL CONFLICTO ENTRE EL DERECHO A LA DIGNIDAD Y EL COMPROMISO CON LA DEUDA PÚBLICA REVELA LA PRIORIZACIÓN DE INTERESES FINANCIEROS EN DETRIMENTO DE LA JUSTICIA SOCIAL
Compromisos clave para un sistema de protección social sostenible, inclusivo y justo
La Secretaría Nacional de los Derechos de las Personas Mayores (SNDPI) sostiene que la sostenibilidad de los sistemas de protección social en Brasil requiere asumir, de manera prioritaria, los siguientes compromisos:
- Romper con la lógica fiscalista que subordina los derechos sociales al ajuste de las cuentas públicas, en particular al pago de los intereses de la deuda pública.
- Institucionalizar y normativizar las acciones de la SNDPI, asegurando su continuidad con independencia de los gobiernos de turno.
- Invertir de manera estable y ampliar el BPC, reconociendo su papel estructurante en la política de protección a la persona mayor.
- Fortalecer la participación social y los mecanismos de control democrático de las políticas públicas orientadas al envejecimiento.
- Formulación del Plan Nacional de los Derechos de las Personas Mayores (PNDPI), que tiene como objetivo la protección, promoción y defensa de los derechos de este segmento de la población, la mitigación de vulnerabilidades y la prevención de violaciones de derechos, con miras a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la ciudadanía de las personas mayores.
Avanzar en la adopción de estas medidas contribuirá de forma significativa a enfrentar la fragilidad presupuestaria y las oscilaciones políticas, y a fortalecer el proyecto constitucional de un Estado democrático de derecho orientado a la justicia social y al reconocimiento de un envejecimiento digno en Brasil.
Brasil consolida el cuidado como derecho universal
En diciembre de 2024, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la Política Nacional de Cuidados (Ley N° 15.069), estableciendo un marco normativo que reconoce el cuidado como derecho universal y responsabilidad compartida entre Estado, familias, comunidad y sector privado. Esta política representa un hito en la construcción de sistemas de protección social inclusivos, al abordar tanto las necesidades de quienes requieren cuidados como de quienes los brindan.
La normativa surge como respuesta a una realidad estructural: según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 64% de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres dedicadas exclusivamente a tareas de cuidado, mientras que el 80% de las madres de niños de cero a tres años no puede siquiera buscar empleo. En el caso de las personas mayores, una gran proporción depende de cuidados familiares, recayendo esta responsabilidad desproporcionadamente sobre las mujeres.
La Política Nacional establece cuatro lineamientos centrales: el cuidado como derecho con corresponsabilidad entre géneros y sectores; la promoción del trabajo decente para profesionales del cuidado; la priorización de grupos vulnerables —primera infancia, personas mayores y personas con discapacidad—; y la integración de esfuerzos entre niveles de gobierno mediante un Plan Nacional de Cuidados.
La sanción de esta política consolida los apoyos y los cuidados como un pilar esencial y central de los sistemas de protección social contemporáneos y marca un avance histórico para el país. Al reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado/a y al autocuidado (anticipándose al reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Brasil sienta las bases y avanza hacia sistemas más inclusivos, que colocan la dignidad y el bienestar de las personas en el centro de su agenda pública.
Nota publicada en el Boletín 34 «La sostenibilidad de los sistemas de protección social – Modelos comparados» del PICSPAM.