Por Esteban Franchello y Mariana Rodríguez
En sociedades con vidas más largas y trayectorias laborales cada vez más diversas, la Economía Plateada abre oportunidades, pero también expone tensiones que atraviesan el trabajo, la protección social y las desigualdades acumuladas a lo largo del curso de vida. Esta nota propone una lectura gerontológica y de derechos para pensar cómo ampliar la participación económica de las personas mayores, sin convertir la mayor longevidad en una obligación de prolongar la vida laboral ni el mercado en sustituto de las garantías públicas.
La transformación demográfica que atraviesa Iberoamérica no modifica únicamente la composición por edades de sus poblaciones. También interpela los mercados de trabajo, los sistemas de protección social y de cuidados, los patrones de consumo, los procesos de innovación y las formas de participación económica y social. Vivir más años amplía posibilidades, pero también vuelve más visibles las desigualdades y tensiones construidas durante décadas.
En ese escenario, la denominada Economía Plateada adquiere creciente relevancia como una forma de identificar actividades, bienes, servicios y oportunidades vinculadas con sociedades cada vez más longevas. Su expansión ha permitido reconocer nuevos mercados, sectores productivos, emprendimientos e innovaciones asociados al cambio demográfico. Al mismo tiempo, abre preguntas que exceden la dimensión estrictamente económica: ¿quiénes pueden participar de esas oportunidades?, ¿en qué condiciones?, ¿con qué capacidad de decisión y con qué garantías de derechos y protección social?
Cuando esas preguntas se trasladan al mundo del trabajo cobran una importancia particular. Las trayectorias laborales pueden prolongarse hasta edades avanzadas por elección, necesidad o por una combinación de ambas. Pensar la Economía Plateada desde una mirada gerontológica y de derechos supone, por lo tanto, observar no solo el dinamismo económico asociado a la longevidad, sino las condiciones en las que las personas mayores participan y las respuestas que los Estados, los mercados y las sociedades construyen ante esta transformación.
Economía Plateada: de la expansión del mercado a una agenda en transformación
El origen del término “Mercado Plateado”, antecedente de la actual Economía Plateada, se sitúa en Japón durante la primera mitad de la década de 1970, cuando el cambio de la estructura etaria comenzaba a modificar las demandas de una sociedad que envejecía. La obra The Silver Market Phenomenon, editada por Florian Kohlbacher y Cornelius Herstatt y referente en el estudio del denominado silver market, reconstruye la temprana asociación del término silver con bienes, servicios e iniciativas dirigidas a una población de mayor edad. La literatura especializada ubica en aquellos años la expansión de esta denominación en Japón y su progresiva vinculación con la imagen del cabello canoso, en un contexto de creciente atención social y económica hacia las personas mayores.
En las décadas siguientes, esa identificación adquirió una dimensión económica más amplia. Tecnologías de apoyo, viviendas adaptadas, servicios especializados y nuevos productos de consumo comenzaron a formar parte de las respuestas empresariales ante la transformación demográfica. La longevidad empezaba así a ser observada no solo desde las necesidades de asistencia o protección, sino también como un espacio para la innovación y el desarrollo de mercados.
La mirada se expandió posteriormente en Europa. La Comisión Europea ha utilizado el concepto para abarcar actividades económicas relacionadas con las necesidades y oportunidades de las personas mayores, incluyendo bienes, servicios, innovación, empleo e inversiones. Su desarrollo más reciente conecta la Economía Plateada con la calidad de vida, la inclusión y la participación económica, además de identificar su potencial en sectores como salud, transporte, alimentación, turismo, tecnologías y educación.
En América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Lab contribuyeron a poner el concepto en circulación desde una perspectiva regional. Sus estudios identifican un conjunto amplio de actividades asociadas al envejecimiento poblacional y a las necesidades y demandas de las personas de 50 años y más: emprendimientos, inclusión financiera, salud, vivienda, cuidados, tecnología y soluciones orientadas a una población cada vez más longeva.
Esta ampliación contribuyó a desplazar parcialmente la discusión desde un mercado definido exclusivamente por el consumo hacia la idea de un ecosistema económico y social asociado a la longevidad. No se trata, sin embargo, de una evolución lineal ni de un concepto con una única interpretación. En la actualidad conviven aproximaciones que continúan poniendo el énfasis en el tamaño y potencial de un segmento de mercado con otras que incorporan cuestiones vinculadas con el empleo, los cuidados, la autonomía, la protección social, las desigualdades y los derechos.
Es precisamente en esa ampliación donde el mundo del trabajo adquiere una relevancia particular. Más que ofrecer una definición específica de Economía Plateada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aporta un marco indispensable para analizar esta dimensión a través del concepto de trabajo decente. A ello se suma la Recomendación núm. 162 sobre los trabajadores de edad, denominación oficial del instrumento adoptado por la OIT en 1980, que promueve la igualdad de oportunidades y trato y aborda cuestiones vinculadas con el empleo, la formación, las condiciones de trabajo y la transición hacia el retiro.
En esa línea, la generación de oportunidades laborales no puede separarse de los derechos en el trabajo, la protección social ni de la posibilidad de desarrollar trayectorias laborales en condiciones de seguridad y dignidad. La continuidad de la actividad económica en edades avanzadas plantea también la necesidad de distinguir entre personas que desean permanecer en el trabajo y aquellas que se ven obligadas a hacerlo por insuficiencias de ingresos o de cobertura previsional.
En el ámbito latinoamericano y caribeño, los análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de su División de Población (CELADE) permiten situar estas discusiones en un escenario marcado por profundas desigualdades, elevados niveles de informalidad y una creciente demanda de cuidados. Envejecimiento, inclusión sociolaboral, protección social y sistemas de cuidados aparecen así estrechamente relacionados. Las condiciones en las que se llega a edades avanzadas reflejan oportunidades y desigualdades acumuladas durante décadas de educación, empleo, tareas de cuidado, acceso a ingresos y protección social.
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) incorpora, a su vez, la relación entre longevidad, trabajo y seguridad social dentro de una agenda regional que pone en valor la experiencia y los conocimientos de las personas mayores, al tiempo que señala la necesidad de adecuar los entornos laborales, combatir el edadismo, promover el aprendizaje a lo largo de la vida y preservar la posibilidad de decidir sobre la continuidad laboral dentro de sistemas adecuados de protección social.
Este recorrido permite comprender que la Economía Plateada no constituye, por sí misma, una respuesta a los desafíos que plantea la longevidad. Sí configura un campo creciente de actividad, innovación y posibilidades cuya orientación depende de las decisiones públicas, de las prácticas empresariales y de las condiciones en las que las personas puedan participar. La cuestión no reside únicamente en cuánto puede crecer una economía asociada a vidas más largas, sino en cómo se distribuyen sus oportunidades, qué desigualdades puede reproducir o reducir y qué derechos acompañan ese crecimiento.
Y es justamente allí donde el trabajo de las personas mayores deja de ser una dimensión secundaria del debate. Mientras se multiplican los discursos sobre longevidad, experiencia y participación económica, persisten mercados laborales atravesados por barreras de edad, trayectorias desiguales y condiciones muy diferentes para decidir si continuar, regresar o retirarse del trabajo.
Vidas laborales más largas, barreras persistentes: edadismo y desigualdad en el trabajo
Esa contradicción adquiere mayor relevancia a medida que cambia la propia composición de la fuerza laboral. Las trayectorias se vuelven más extensas, diversas y menos lineales, mientras instituciones, prácticas empresariales y políticas continúan respondiendo, muchas veces, a una secuencia relativamente rígida entre formación, empleo y retiro.
Esto resulta particularmente visible en la dimensión europea de Iberoamérica. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) señala en su informe Liberando el potencial de una mano de obra envejecida que la proporción de personas trabajadoras de entre 55 y 64 años en su región se duplicó desde comienzos de siglo. El organismo propone anticipar este proceso mediante aprendizaje a lo largo de la vida, adaptación de los entornos laborales, prevención del edadismo y estrategias destinadas a favorecer la permanencia o reincorporación al empleo. Si bien su ámbito abarca un espacio geográfico mucho más amplio, esta experiencia aporta elementos especialmente pertinentes para España, Portugal y Andorra dentro de la diversidad iberoamericana.
Ahora bien, la prolongación de las trayectorias laborales no responde a una única causa ni tiene el mismo significado para todas las personas. Continuar trabajando en edades avanzadas puede formar parte de un proyecto personal, de la voluntad de mantener vínculos, desarrollar capacidades, emprender o seguir participando de la vida económica y social. En otros casos, responde a la necesidad de sostener ingresos frente a historias laborales marcadas por la informalidad, la falta de cobertura previsional o pensiones insuficientes. Muchas veces, ambas motivaciones se superponen. Esta distinción resulta central: el derecho a continuar trabajando en condiciones dignas no puede confundirse con la obligación de hacerlo cuando los sistemas de protección social resultan insuficientes.
Allí aparece otra paradoja de las sociedades longevas. El aumento de la esperanza de vida y los cambios en la relación entre población activa y población retirada generan nuevas exigencias para los sistemas de seguridad y protección social. La CEPE advierte, por ejemplo, que una fuerza laboral más envejecida y potencialmente menor puede afectar las contribuciones a estos sistemas. Pero utilizar la prolongación de la vida laboral como respuesta automática frente a esas presiones supone trasladar a las personas la responsabilidad por desequilibrios que requieren respuestas estructurales. La sostenibilidad de la protección social y las transformaciones del trabajo deben abordarse de manera articulada, sin presentar una dimensión como respuesta a las insuficiencias de la otra.
Al mismo tiempo, estas trayectorias más largas se desarrollan en mercados que todavía conservan fuertes barreras asociadas con la edad. El edadismo laboral puede manifestarse en la contratación, la promoción, la permanencia, el acceso a formación o las oportunidades de reconversión. También opera de manera menos visible mediante supuestos sobre productividad, capacidad de aprendizaje, adaptación tecnológica o disposición al cambio. Lejos de constituir una discriminación marginal, continúa ampliamente naturalizado en prácticas sociales, institucionales y empresariales.
El informe Conservar nuestra dignidad, de HelpAge International, documenta barreras que enfrentan personas mayores que desean o necesitan trabajar y señala limitaciones asociadas con estereotipos de edad, retiro obligatorio, insuficientes oportunidades de formación y falta de adecuación de las condiciones laborales. También advierte sobre los vacíos que persisten en la protección específica del derecho al trabajo en edades avanzadas.
Esta problemática ocupa un lugar central en dos trabajos recientes elaborados por Claudia Mahler durante su mandato como Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores. Su informe temático sobre protección social y derecho al trabajo pone de relieve la necesidad de garantizar ambos derechos sin que la continuidad laboral termine compensando las insuficiencias de una protección social adecuada. Su posterior documento sobre empresas y derechos humanos profundiza las barreras que afectan a las personas mayores como parte de la población económicamente activa y destaca obstáculos que todavía persisten en contratación, promoción y acceso a formación.
Esos sesgos no solo restringen derechos. También pueden llevar a empresas y economías a desaprovechar conocimientos, capacidades y experiencia. Los equipos diversos en edad y multigeneracionales pueden favorecer el intercambio de saberes, la mentoría recíproca, la innovación y el aprendizaje cuando existen condiciones adecuadas para desarrollarlos. Reconocer la diversidad etaria como una dimensión de la gestión de los equipos de trabajo permite, además, superar representaciones rígidas acerca de lo que cada generación puede aportar.
Las desigualdades, por otra parte, no comienzan cuando una persona alcanza una edad determinada. Las posibilidades de permanecer, regresar o retirarse del mercado laboral se construyen durante décadas. El acceso desigual a la educación y la formación, las trayectorias de informalidad, las brechas salariales, las responsabilidades de cuidado, la discapacidad, el territorio y las diferencias socioeconómicas condicionan las opciones disponibles en etapas posteriores. Una mirada de curso de vida permite observar esa acumulación, mientras que una orientación interseccional ayuda a comprender cómo distintas dimensiones pueden combinarse y profundizar las desventajas.
Dentro de esa acumulación, las desigualdades de género resultan especialmente significativas. Las interrupciones laborales vinculadas con tareas de cuidado, las brechas salariales y una mayor presencia de mujeres en empleos informales o de menor remuneración pueden traducirse, años después, en menores ingresos previsionales y en una mayor necesidad de continuar generando recursos. Así, aquello que se presenta en edades avanzadas como una decisión individual muchas veces está condicionado por circunstancias sociales y laborales construidas mucho antes.
A estas barreras se suma la transformación tecnológica del trabajo. La digitalización, la automatización y la inteligencia artificial están modificando ocupaciones, competencias y formas de organización laboral para personas de todas las edades. El aprendizaje a lo largo de la vida deja entonces de ser una herramienta compensatoria destinada únicamente a quienes supuestamente “quedaron atrás” y se convierte en una dimensión necesaria de las políticas laborales. Ampliar las oportunidades de actualización y reconversión resulta indispensable para evitar que las transformaciones tecnológicas profundicen brechas preexistentes.
Por eso, el desafío no consiste simplemente en extender las vidas laborales. Se trata de generar condiciones para que las personas que necesitan o eligen continuar participando puedan hacerlo con derechos, formación, seguridad, ingresos adecuados y sin discriminación. Las vidas más largas no deberían traducirse ni en la obligación de trabajar por falta de protección social ni en la exclusión de quienes desean o necesitan seguir haciéndolo.
Esta doble exigencia devuelve la discusión al punto de partida, pero con una pregunta más precisa: si la Economía Plateada identifica oportunidades vinculadas con sociedades que envejecen, ¿quiénes quedan efectivamente dentro de ellas y quiénes permanecen en sus márgenes? El debate no termina en la creación de empleo, nuevos mercados o emprendimientos. Alcanza también las desigualdades que estructuran las trayectorias vitales y las condiciones necesarias para que la participación económica sea una posibilidad real y no una obligación.
Responder aquella pregunta exige superar cualquier representación homogénea de las personas mayores. Las múltiples trayectorias que confluyen en la vejez hacen que una misma oportunidad económica pueda significar autonomía y participación para unas personas, resultar inaccesible para otras o incluso convertirse en necesidad ante la ausencia de alternativas.
Más allá del consumo: una Economía Plateada para y con las personas mayores
Buena parte de la literatura económica destaca el crecimiento de la demanda vinculada con la longevidad y las posibilidades que abre en sectores como salud, vivienda, movilidad, servicios financieros, tecnología, turismo o cuidados. Adaptar productos, servicios e infraestructuras puede estimular la innovación y generar nuevos espacios de actividad. Pero identificar un mercado creciente no equivale a garantizar que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa ni que las necesidades y los derechos de todas las personas mayores sean contemplados.
La mirada gerontológica introduce aquí una cuestión fundamental. Alan Walker advirtió tempranamente que las políticas de envejecimiento activo solo pueden ser inclusivas si articulan empleo, pensiones, retiro, salud y ciudadanía a lo largo del curso de vida. Hablar de autonomía o actividad sin considerar las desigualdades previas puede transformar ideales positivos en expectativas que solo determinados grupos están en condiciones de alcanzar.
La crítica cobra especial relevancia cuando la Economía Plateada termina identificándose con un segmento de personas mayores de mayor capacidad adquisitiva. El dossier de Economistas sin Fronteras dedicado a una visión crítica del concepto advierte sobre los riesgos de reducir la heterogeneidad de las vejeces a una categoría homogénea de consumidores y dejar fuera situaciones de vulnerabilidad, dependencia o desigualdad. El problema no reside en reconocer la existencia de nuevos mercados, sino en confundir su crecimiento con una respuesta suficiente frente a los desafíos de la longevidad.
Alexandre Kalache ha sintetizado esa tensión mediante una imagen especialmente expresiva para América Latina: junto con las oportunidades de una Economía Plateada puede existir también una “deuda plateada”, producto de desigualdades que condicionan quiénes acceden efectivamente a los beneficios asociados a vidas más largas. En sus intervenciones públicas, el especialista insiste, además, en la necesidad de superar la consideración de las personas mayores únicamente como consumidoras y reconocerlas como participantes activas y titulares de derechos.
Los cuidados hacen todavía más visible ese límite. Dolors Comas-d’Argemir recuerda que la economía no se sostiene únicamente sobre aquello que se intercambia en el mercado y plantea la necesidad de reconocer los trabajos y redes que hacen posible la vida. Sin entrar aquí en la discusión conceptual entre Economía Plateada y economía del cuidado, su señalamiento permite advertir que una economía asociada a la longevidad no puede comprenderse al margen de los servicios, relaciones y trabajos que sostienen una vida digna.
La cuestión adquiere una dimensión especialmente concreta cuando los cuidados forman parte de actividades empresariales. El documento de Claudia Mahler sobre empresas y derechos humanos vincula la calidad de los servicios de apoyo y cuidado con la regulación, la supervisión y las condiciones laborales de quienes los prestan. También hace visible el peso del cuidado no remunerado —realizado mayoritariamente por mujeres— y su contribución al funcionamiento de las economías. El interrogante deja entonces de ser solamente cuánto puede crecer un sector para alcanzar también cómo se organiza, quién trabaja en él y bajo qué condiciones.
Pero ampliar la mirada requiere ir todavía un paso más allá: revisar el lugar asignado a las propias personas mayores dentro de la Economía Plateada. No son únicamente destinatarias de servicios ni consumidoras de productos diseñados para ellas. Son también trabajadoras, emprendedoras, productoras, cuidadoras, portadoras de conocimientos y experiencias, integrantes de equipos intergeneracionales y participantes de la vida social y comunitaria. Mahler propone precisamente reconocerlas como titulares de derechos y participantes activas de la vida económica e incorporarlas desde el comienzo en el diseño y regulación de los mercados, productos y servicios que las involucran.
De allí surge una distinción especialmente útil para ampliar el concepto: pensar una Economía Plateada para las personas mayores supone desarrollar respuestas a sus necesidades, preferencias y demandas; construirla con ellas implica reconocer su capacidad de decisión, su participación económica y social y su derecho a intervenir en las políticas, servicios y entornos que afectan sus vidas. Ambas dimensiones pueden coexistir, pero la segunda evita reducirlas a receptoras pasivas de soluciones concebidas por otros.
Esta lectura obliga, a su vez, a diferenciar responsabilidades. El mercado puede generar innovación, empleo y nuevas respuestas, pero no sustituye las funciones públicas de regulación, redistribución y garantía de derechos. Los Estados tienen una responsabilidad central en la construcción y sostenimiento de sistemas de protección social, políticas laborales, cuidados, formación y mecanismos eficaces contra la discriminación. Las empresas, por su parte, tienen responsabilidades respecto de los derechos humanos, las prácticas de contratación, las condiciones laborales, la accesibilidad, la capacitación y los impactos derivados de sus actividades. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos distinguen precisamente entre el deber estatal de proteger y la responsabilidad empresarial de respetar.
Las personas mayores y sus organizaciones tampoco deberían quedar relegadas al lugar de destinatarias o ser consultadas únicamente al final de los procesos. Su participación aporta conocimientos situados sobre necesidades, barreras y posibles soluciones y puede contribuir a que políticas, servicios y productos respondan efectivamente a la diversidad de las vejeces. La interseccionalidad resulta determinante para reconocer que género, discapacidad, condición socioeconómica, territorio, migración y otras dimensiones modifican profundamente las posibilidades de acceso a oportunidades y la exposición a riesgos.
Con estos elementos, una Economía Plateada con enfoque de derechos deja de medirse únicamente por cuánto crecen los mercados vinculados con la longevidad. Importa también quiénes participan de ese crecimiento, en qué condiciones, con qué capacidad de decisión y con qué garantías frente a desigualdades construidas a lo largo de la vida. El trabajo decente ocupa un lugar central en esa discusión, pero forma parte de una respuesta más amplia.
Para Iberoamérica, esto supone evitar falsas disyuntivas entre mercado y protección social, participación económica y jubilación, innovación y derechos. La prolongación de la vida no puede convertirse en prolongación de la desigualdad, ni el aumento de la longevidad justificar el debilitamiento de las garantías necesarias para sostener una vida digna.
Los países iberoamericanos atraviesan esta transformación con ritmos, estructuras productivas y sistemas laborales, previsionales y de cuidados diferentes. Esa diversidad vuelve especialmente valiosa la cooperación iberoamericana para intercambiar experiencias, identificar aprendizajes, fortalecer capacidades públicas y poner en común respuestas frente a desafíos compartidos. No existe un único modelo de Economía Plateada ni una solución universal para sociedades que envejecen; sí existen conocimientos, políticas y prácticas capaces de circular, adaptarse a distintos contextos y enriquecer las respuestas nacionales.
Poner en movimiento esos engranajes exige lograr que el desarrollo económico y la innovación amplíen las posibilidades de elección y reconozcan a las personas mayores como protagonistas de las transformaciones que las involucran. La Economía Plateada puede contribuir a ese proceso siempre que esté acompañada por garantías públicas y amplíe, en lugar de restringir, las oportunidades de participación.
Finalmente, el desafío excede a una sola generación. Garantizar trabajo decente para vidas más largas supone construir sociedades en las que participar de la vida laboral pueda ser un derecho ejercido en condiciones dignas y retirarse del trabajo también pueda serlo, con la protección necesaria para sostener proyectos de vida autónomos. Allí reside una de las tareas centrales frente al cambio demográfico: hacer que las oportunidades asociadas a la longevidad se traduzcan en más derechos, mayor capacidad de elección y mejores condiciones de vida para quienes hoy son personas mayores y para las generaciones que están envejeciendo.
* Nota publicada en el boletín 36 «El trabajo en personas mayores asociado al cambio demográfico: la Economía Plateada»